El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de medidas destinado a endurecer los criterios para la creación y el funcionamiento de universidades privadas en España. El Ejecutivo busca, según Sánchez, acabar con lo que denomina “chiringuitos educativos” y garantizar la calidad y la excelencia en el sistema universitario español.
El proyecto de reforma modificará el Real Decreto de 2021 sobre la creación, reconocimiento y autorización de universidades, así como la acreditación institucional de centros universitarios. El principal objetivo de la reforma es evitar la proliferación de universidades que no ofrezcan niveles educativos adecuados y que, en ocasiones, se limitan a expedir títulos sin ofrecer una formación de calidad.
Sánchez destacó que las nuevas normativas incluirán una serie de requisitos más estrictos, como la obligación de que las universidades privadas cuenten con al menos 4.500 estudiantes durante los primeros cinco años de funcionamiento. Además, se pondrán en marcha controles más rigurosos de las agencias de evaluación de calidad, tanto a nivel nacional como autonómico, para garantizar que las instituciones cumplan con los estándares establecidos.
Uno de los puntos clave del nuevo marco será la exigencia de que las universidades privadas asuman un compromiso con el acceso a la vivienda, pidiendo un mínimo de 10% de plazas de alojamiento universitario. Además, se reforzarán los requisitos sobre la experiencia en gestión universitaria por parte de los promotores de estos centros.
En cuanto a las universidades online, la reforma plantea que las universidades de este tipo, dado su impacto nacional, solo podrán ser autorizadas por las Cortes Generales. Este cambio busca ofrecer una supervisión más directa sobre la calidad educativa de las universidades virtuales, que en ocasiones operan sin una supervisión adecuada a nivel regional.
Además, Pedro Sánchez se refirió a los recortes que han afectado a muchas universidades públicas, señalando que comunidades como Madrid y Andalucía han experimentado recortes de presupuestos, lo que ha llevado al deterioro de algunas instituciones y ha propiciado un modelo de privatización encubierta.
El Gobierno también tiene previsto impulsar un plan de fortalecimiento de la UNED, la universidad pública de ámbito estatal, con una inversión inicial de 30 millones de euros. Esta medida busca ampliar su oferta de grados y másteres, así como mejorar sus capacidades digitales para adaptarse a las necesidades del siglo XXI.
Reacciones políticas
La medida ha generado un fuerte debate entre los líderes políticos. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la iniciativa del Gobierno, argumentando que se trata de un ataque contra la libertad de elección educativa. Feijóo ha defendido el valor de las universidades privadas como centros de alta calidad, mencionando su propia experiencia como estudiante en una universidad pública mientras destacaba la calidad de títulos como los de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE.
Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado que la nueva ley tiene como objetivo resolver la “injustificable precarización” del sistema universitario, garantizando una financiación adecuada tanto para la docencia como para la investigación.
Mientras tanto, desde el Partido Popular, Elías Bendodo, ha insinuado que los nuevos requisitos podrían estar orientados a “favorecer la educación pública” en detrimento de la privada, un tema que sigue siendo un punto de fricción en el panorama político español.
La reforma se espera que sea uno de los temas clave en el próximo debate parlamentario, con la oposición presentando un posible desafío a las nuevas restricciones y su impacto en el sistema educativo nacional.
