Hay familias que transmiten apellidos, propiedades y negocios. Los Bolsonaro parecen haber perfeccionado otra herencia: la convicción de que perder unas elecciones es una injusticia, que una investigación judicial constituye una persecución y que las reglas democráticas siempre esconden una excepción cuando empiezan a resultar incómodas.
El 25 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial. Dos días antes, Eduardo Bolsonaro había defendido que su hermano abandonara Brasil si perdía. Después de la derrota, Flávio aseguró que nunca había pensado en marcharse y prometió entregar sus pasaportes, cuya entrega había sido ordenada por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal.
Un pasaporte y demasiadas explicaciones
El 26 de octubre, Flávio publicó un vídeo en el que calificó la decisión judicial de «clara tentativa de intimidarme». Afirmó que entregaría sus pasaportes y que se defendería de lo que consideraba una medida abusiva. La orden establecía un plazo de 24 horas para entregar los documentos y le prohibía abandonar Brasil, en el marco de una investigación judicial.
Al día siguiente, las informaciones periodísticas señalaron que el plazo había expirado sin que se hubiera confirmado la entrega. Mientras se difundían noticias sobre su posible viaje a Estados Unidos, las autoridades migratorias argentinas afirmaban que no tenían registro de su entrada en el país. La versión de un supuesto paso por Argentina no quedó acreditada, pero la información sobre el desplazamiento a Estados Unidos fue confirmada por un aliado del senador.
No hace falta inventar una fuga ni convertir una sospecha en sentencia para señalar la contradicción. Flávio podía impugnar la decisión judicial por los cauces legales; lo que no podía hacer era sustituir el cumplimiento de una orden vigente por una declaración pública de indignación. La denuncia de intimidación no responde a la pregunta de si se entregaron los documentos dentro del plazo.
Y ahí reside la ironía: el senador afirmó que nadie lo silenciaría, pero la cuestión no era si podía hablar, sino si había cumplido una resolución judicial. En política, una cámara y una frase solemne pueden producir una buena escena; no sustituyen un trámite.
El padre dejó un precedente
En 2022, Jair Bolsonaro perdió la segunda vuelta frente a Lula y tardó en reconocer inequívocamente la victoria de su adversario. Las sospechas sobre las urnas electrónicas, difundidas durante meses, alimentaron protestas, bloqueos de carreteras y concentraciones frente a instalaciones militares en las que algunos seguidores reclamaban una intervención de las Fuerzas Armadas.
El 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, miles de simpatizantes radicalizados asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia. Destrozaron instalaciones públicas y atacaron los centros institucionales de la democracia brasileña.
No sería riguroso atribuir a una sola declaración la responsabilidad por aquel ataque ni confundir a todos los votantes de Bolsonaro con quienes participaron en los disturbios. Pero tampoco se puede borrar el contexto: la deslegitimación del resultado electoral y las reivindicaciones de intervención militar precedieron a la invasión.
La derrota de 2022 dejó una advertencia que sigue vigente: cuando un dirigente presenta sistemáticamente las instituciones como enemigas, sus seguidores más radicalizados pueden acabar considerando que la alternancia democrática es una anomalía que debe corregirse.
Eduardo y la política de la salida
El 23 de octubre de 2026, durante una entrevista en el pódcast estadounidense Louder with Crowder, Eduardo Bolsonaro respondió con la frase «Mandar a los marines» cuando le preguntaron cómo ayudaría a su entorno si Flávio perdía. Después defendió que su hermano abandonara Brasil en caso de derrota.
La referencia a los marines apareció inicialmente en tono de broma, un matiz que conviene conservar. Pero la defensa posterior de la salida del país fue explícita. La conversación giró alrededor de una derrota que aún no se había producido y de la posibilidad de marcharse, en lugar de centrarse en cómo reorganizar la oposición.
La política ofrece numerosas formas de prepararse para perder: revisar errores, renovar propuestas, escuchar a los votantes y construir alianzas. En el repertorio de Eduardo, sin embargo, aparecieron los marines y la salida del país. Una manera peculiar de entender la alternancia democrática: si el electorado no entrega el poder, siempre queda la posibilidad de discutir cómo abandonar el escenario.
La persecución como marca política
En el universo bolsonarista, la denuncia de persecución funciona como una respuesta recurrente ante decisiones adversas. Una investigación se convierte en conspiración; una resolución judicial, en intimidación; una derrota electoral, en sospecha sobre el sistema. Así, el debate deja de centrarse en las pruebas y pasa a girar alrededor de las intenciones de quienes exigen explicaciones.
Los jueces pueden equivocarse y las decisiones judiciales deben poder recurrirse. Criticar a un tribunal no constituye por sí mismo un ataque a la democracia. Pero tampoco basta con pronunciar la palabra «persecución» para demostrar que existe una. Hacen falta argumentos, pruebas y procedimientos.
En el caso de Flávio, las preguntas son concretas: ¿por qué no se confirmó la entrega de los pasaportes dentro del plazo establecido? ¿Qué ocurrió con su desplazamiento mientras circulaban las noticias sobre su posible salida? ¿Cómo se concilia su declaración pública con la información posterior sobre un viaje a Estados Unidos?
La estrategia de victimización tiene una ventaja política: permite transformar al investigado en protagonista de una injusticia y desplazar la atención desde los hechos hacia la supuesta maldad de quienes los examinan. Pero la indignación no equivale a una absolución, del mismo modo que una denuncia pública no sustituye la obligación de responder ante la justicia.
La patria no es una herencia familiar
Flávio conserva el derecho a ejercer la oposición y a defender a los millones de brasileños que lo votaron. Puede fiscalizar al Gobierno, organizar a sus partidarios y concurrir a futuras elecciones. La democracia no exige que los perdedores sonrían ni que renuncien a sus convicciones; exige que respeten las reglas que les permitieron competir.
La comparación con 2022 no significa que los episodios sean idénticos. Entonces, el rechazo al resultado electoral desembocó en una crisis que culminó con el asalto a las instituciones de Brasilia. Ahora, el centro de la controversia es una orden judicial sobre los pasaportes y las contradicciones entre las declaraciones de Flávio y las informaciones sobre su posible desplazamiento. Pero el precedente vuelve inevitable una pregunta: ¿por qué la derrota parece activar, una vez más, el lenguaje de la persecución en el entorno de los Bolsonaro?
La familia puede seguir disputando el poder. Lo que no puede reclamar es una excepción personal a las normas que rigen para los demás. El Estado de derecho no es un servicio de atención al cliente que deba ofrecer una solución satisfactoria cada vez que los Bolsonaro pierden.
Porque Brasil no es una herencia familiar, la Presidencia no es un patrimonio dinástico y la democracia no es una garantía de victoria. Es, precisamente, el mecanismo que permite a la ciudadanía retirar el poder a quienes daban por hecho que les pertenecía.
