El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado luz verde a la nueva Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, convirtiéndose en la primera normativa estatal que aborda el problema del desperdicio de alimentos en España. La ley, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 20 de marzo de 2025, tiene como objetivo reducir el desperdicio a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo final, promoviendo un uso más eficiente de los recursos.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó que la ley busca concienciar a toda la sociedad sobre la importancia de recuperar el valor de los alimentos y reconocer el esfuerzo de quienes los producen, como agricultores, ganaderos y pescadores. «No hay alimento más caro que el que termina en la basura», enfatizó, recordando el impacto ambiental, social y económico del desperdicio alimentario.
Según datos de la FAO, se desperdicia el 30% de los alimentos en el mundo, y uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU es reducir a la mitad estas pérdidas para 2030. En España, en 2023, se estima que se desecharon más de 1.183 millones de kilos de alimentos solo en los hogares.
Prevención y Jerarquía de Usos
La ley se basa en la prevención del desperdicio y establece una jerarquía de usos para los alimentos no consumidos. En primer lugar, se prioriza el consumo humano, a través de la transformación de productos en otros formatos, como zumos o mermeladas, o su donación a bancos de alimentos y entidades sociales. Si esto no fuera posible, se puede recurrir a la alimentación animal o a la creación de subproductos para la industria. Finalmente, los alimentos que no puedan ser reutilizados se destinarán al reciclaje, principalmente para la obtención de compost, biogás o combustibles.
Todos los operadores de la cadena alimentaria deberán implementar planes de prevención de desperdicios. Estos planes incluyen la identificación de las pérdidas de alimentos y la adopción de medidas para minimizarlas. Además, se incentivará la firma de acuerdos de donación entre las empresas y las entidades sociales, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la trazabilidad de los alimentos donados.
Flexibilidad y Excepciones
Para facilitar la adaptación de las pequeñas empresas a las nuevas normativas, la ley incluye ciertas flexibilidades. Las microempresas con menos de 10 trabajadores y las pequeñas explotaciones agrícolas con menos de 50 trabajadores quedan exentas de algunas de las obligaciones, como la implementación de un plan de prevención o la firma de acuerdos de donación. Asimismo, los establecimientos de menos de 1.300 m², como las tiendas tradicionales de barrio, no estarán obligados a cumplir todas las disposiciones de la ley, salvo las grandes cadenas.
La ley entrará en vigor en abril de 2026, momento en el que los operadores deberán contar con planes de prevención y acuerdos de donación firmados.
Buenas Prácticas y Régimen Sancionador
Además de las obligaciones, la ley incluye buenas prácticas que fomentan la formación y la sensibilización sobre el desperdicio alimentario. Entre ellas se encuentran la promoción de productos imperfectos o con fechas de caducidad próximas, así como la venta de productos con el etiquetado adecuado.
El régimen sancionador establece multas para aquellos que no cumplan con las obligaciones establecidas. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multas de hasta 2.000 euros, mientras que las graves, como la falta de un plan de prevención, podrían conllevar sanciones de entre 2.001 y 60.000 euros. Las infracciones muy graves, como la reincidencia en un período de dos años, podrían ser castigadas con multas de hasta 500.000 euros.
Esta ley es un paso significativo en la lucha contra el desperdicio alimentario en España y refleja el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad y la justicia social.
