El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha abierto una investigación a varias empresas de venta online de entradas tras recibir denuncias de asociaciones de consumidores por el presunto cobro de recargos ilícitos durante el proceso de compra.
Según estas asociaciones, los cargos adicionales —relacionados con conceptos como gastos de gestión— se estarían aplicando sin la debida transparencia ni justificación, vulnerando los derechos de las personas consumidoras. De confirmarse, estos hechos podrían suponer una infracción de la normativa vigente en materia de protección al consumidor.
Expediente abierto y nuevas medidas normativas
La investigación forma parte de un expediente informativo ya abierto por la Dirección General de Consumo, que está recopilando documentación para determinar si estas prácticas se ajustan a los principios legales de claridad, proporcionalidad y justificación.
El Ministerio ya había advertido al sector en julio de 2024 mediante una nota informativa, donde recordaba que los recargos deben ser informados con antelación, y no pueden suponer prácticas abusivas ni inducir a error.
Además, el ministro Bustinduy ha anunciado que estas exigencias serán incorporadas de forma expresa en la Ley General para la Defensa de los Consumidores, a través de una enmienda introducida en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC), actualmente en tramitación parlamentaria.
Con esta reforma, las plataformas de venta de entradas estarán obligadas a informar desde el primer momento del precio final de los productos o servicios, incluyendo todos los gastos adicionales, para evitar precios engañosos o desagregados.
Más medidas para proteger a los consumidores
La futura Ley SAC incluirá también otras medidas impulsadas por Consumo, como:
- El bloqueo obligatorio de llamadas comerciales no solicitadas por parte de las operadoras telefónicas.
- La regulación de reseñas falsas en plataformas digitales.
- Límites a la renovación automática de suscripciones online sin consentimiento claro.
Estas reformas se enmarcan en la estrategia del Ministerio para reforzar la protección de las personas consumidoras en el entorno digital y combatir los abusos más comunes en el comercio electrónico.
