La Fiscalía de Palencia ha abierto diligencias de investigación preprocesales sobre la adjudicación de una vivienda de protección oficial (VPO) a la concejala del Partido Popular Laura Lombraña, un caso que ha suscitado controversia política y cuestionamientos sobre el cumplimiento de la normativa vigente en materia de vivienda.
La investigación parte de una denuncia presentada ante el Ministerio Público tras varias informaciones periodísticas difundidas a comienzos de marzo, lo que llevó a la apertura formal de diligencias el pasado 12 de marzo, según fuentes jurídicas.
Promoción en suelo municipal
La vivienda objeto de estudio forma parte de una promoción de 47 chalés construidos sobre un solar de titularidad municipal que fue enajenado por el Ayuntamiento de Palencia en 2019. Según datos urbanísticos municipales, el suelo fue adjudicado a una promotora privada mediante concurso público.
De acuerdo con información recogida en el Registro de la Propiedad y en portales inmobiliarios, los inmuebles fueron comercializados en torno a los 150.000 euros y entregados en 2023, incluyendo zonas comunes como piscina.
Procedimiento de adjudicación en cuestión
El núcleo de la investigación se centra en el sistema de acceso a las viviendas. La normativa autonómica —recogida en la Ley 9/2010 del derecho a la vivienda de Castilla y León y desarrollada en disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)— establece que, con carácter general, las viviendas protegidas deben adjudicarse mediante sorteo público entre los inscritos en el registro de demandantes.
Sin embargo, según diversas informaciones periodísticas, en esta promoción la comercialización inicial se habría realizado directamente por la empresa promotora, limitándose posteriormente el sorteo a quienes ya habían formalizado la compra. Esta circunstancia es uno de los aspectos que analiza la Fiscalía.
Desde la administración autonómica, fuentes de la Dirección General de Vivienda han señalado en comunicaciones institucionales que el procedimiento podría ajustarse a la legalidad al tratarse de una promoción privada, aun cuando el suelo fuese público, siempre que los compradores cumplieran los requisitos exigidos y estuvieran inscritos en el registro oficial.
Transparencia patrimonial
Otro de los elementos que ha generado polémica es la declaración de bienes de la concejala. Según datos del Portal de Transparencia del Ayuntamiento, la vivienda no figuraba inicialmente en su declaración pública, aunque sí consta en registros oficiales, lo que ha motivado críticas desde la oposición y peticiones de mayor control institucional.
Reacciones políticas e institucionales
El caso ha provocado reacciones en el ámbito político. Grupos municipales y formaciones de ámbito autonómico han solicitado aclaraciones y han pedido revisar los mecanismos de adjudicación de vivienda protegida, especialmente en promociones vinculadas a suelo público.
Desde distintos ayuntamientos y organismos públicos, a través de comunicados y redes sociales oficiales, se ha insistido en la necesidad de reforzar los principios de publicidad, concurrencia y transparencia en este tipo de procesos, en línea con lo establecido en la normativa estatal publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Por su parte, Laura Lombraña ha defendido que accedió a la vivienda cumpliendo todos los requisitos legales, como cualquier otro ciudadano inscrito en el registro de demandantes, y ha negado haber recibido trato de favor.
La Fiscalía continúa recabando información para determinar si existieron irregularidades administrativas o posibles responsabilidades penales. El procedimiento se encuentra en fase preliminar, sin que por el momento se hayan adoptado medidas judiciales.
El caso reabre el debate sobre la gestión de la vivienda protegida en España, especialmente en promociones desarrolladas por iniciativa privada sobre suelo público, y sobre los mecanismos de control y transparencia que deben regir en el acceso a este tipo de recursos.
