Málaga suspende las multas de la Zona de Bajas Emisiones desde este miércoles, 14 de octubre, después de la aclaración del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la sentencia que anuló la regulación municipal. El Ayuntamiento deberá revisar ahora las condiciones de acceso de vehículos y analizar el futuro de los expedientes sancionadores tramitados hasta el momento.
Málaga suspende las multas de la Zona de Bajas Emisiones
El Ayuntamiento de Málaga dejará de imponer multas por la Zona de Bajas Emisiones desde este miércoles, 14 de octubre, tras la aclaración del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el alcance de la sentencia que anuló la regulación municipal. La decisión ha sido anunciada por la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, y abre una nueva etapa en la gestión de la ZBE de la capital malagueña.
La Administración municipal ha optado por acatar el pronunciamiento judicial y comenzar a trabajar en una nueva regulación que sustituya los apartados anulados. El cambio afecta al régimen sancionador que se venía aplicando hasta ahora y obliga al Consistorio a revisar el sistema concreto de acceso de vehículos establecido para la Zona de Bajas Emisiones.
El origen del conflicto se encuentra en la diferenciación prevista por la normativa municipal entre vehículos domiciliados en Málaga y vehículos procedentes de otros municipios. El tribunal considera que ese trato desigual vulnera principios relacionados con la libre circulación y la unidad de mercado, por lo que el Ayuntamiento deberá reformular la regulación para ajustarla a los criterios fijados por la Justicia.
La suspensión de las multas no elimina la obligación de contar con una Zona de Bajas Emisiones, una exigencia legal para las ciudades de más de 50.000 habitantes. Lo que queda afectado es el modelo concreto diseñado por el Ayuntamiento de Málaga para ordenar el acceso de los vehículos y sancionar los incumplimientos.
Una ordenanza que deberá adaptarse al criterio judicial
La concejala de Movilidad ha reconocido que el Ayuntamiento tendrá que adaptar la ordenanza a los criterios establecidos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ese trabajo obligará a revisar las condiciones de acceso y a elaborar un nuevo texto que evite diferencias de trato consideradas contrarias a derecho.
El Consistorio sostiene que su objetivo continúa siendo cumplir la normativa ambiental y mantener la finalidad de la Zona de Bajas Emisiones, orientada a reducir la contaminación atmosférica y limitar la entrada de los vehículos más contaminantes en determinados espacios urbanos. Sin embargo, esa regulación deberá formularse ahora de manera compatible con los principios jurídicos señalados por el tribunal.
La controversia se ha centrado especialmente en el tratamiento diferenciado entre los vehículos domiciliados en la capital y los que proceden de otros municipios. La resolución judicial obliga a revisar ese planteamiento y a definir un sistema que responda a criterios proporcionados, justificados y aplicables sin vulnerar la libre circulación.
Hasta que se apruebe una nueva regulación, el Ayuntamiento tendrá que aclarar qué condiciones de circulación continúan vigentes y cómo se gestiona el periodo abierto tras la suspensión del régimen sancionador. La decisión afecta especialmente a conductores que acceden de forma habitual a Málaga por motivos laborales, comerciales o personales.
Qué pasará con las multas anteriores
Una de las principales incógnitas es qué ocurrirá con los expedientes sancionadores iniciados antes de la suspensión. El Ayuntamiento ha indicado que sus servicios jurídicos estudiarán las consecuencias de la sentencia atendiendo a la situación administrativa de cada procedimiento.
No todos los expedientes se encuentran en la misma fase. Algunos pueden estar pendientes de resolución, otros haber sido recurridos y otros encontrarse ya en fase de cobro. Por ese motivo, la paralización anunciada no implica de forma automática que todas las multas anteriores hayan quedado anuladas ni que los importes abonados vayan a ser devueltos.
El grupo municipal Con Málaga sostiene que se han tramitado más de 46.000 denuncias o propuestas de sanción vinculadas a la ZBE durante los últimos ocho meses. Esta cifra procede de la oposición municipal y debe diferenciarse del número de sanciones firmes y efectivamente cobradas, una cuestión que queda pendiente del análisis jurídico del Ayuntamiento.
La situación abre un escenario de incertidumbre para los conductores afectados y para quienes hayan recibido notificaciones relacionadas con la Zona de Bajas Emisiones. La evolución de cada expediente dependerá del estado administrativo en el que se encuentre y de los criterios que fijen los servicios jurídicos municipales tras estudiar el alcance de la resolución.
Consecuencias para la movilidad en Málaga
La suspensión del régimen sancionador tiene consecuencias directas sobre la movilidad urbana en Málaga. La ZBE seguirá formando parte de las obligaciones municipales en materia ambiental, pero el Ayuntamiento deberá redefinir el modo en que regula el acceso de vehículos y el sistema de control asociado.
Las Zonas de Bajas Emisiones persiguen reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en los núcleos urbanos, pero las restricciones deben aplicarse con una base jurídica sólida y con una justificación proporcionada. El caso de Málaga muestra la necesidad de equilibrar los objetivos ambientales con el respeto a los derechos de circulación y a la igualdad de trato entre usuarios.
El nuevo texto municipal deberá resolver las dudas planteadas por la sentencia y ofrecer un marco claro tanto para residentes como para visitantes, trabajadores, empresas de reparto y usuarios que acceden diariamente a la capital desde otros municipios. También tendrá que concretar cómo se controlará el cumplimiento de la futura regulación y qué régimen sancionador se aplicará una vez aprobada.
Mientras se tramita esa modificación, la recomendación para los conductores es atender a las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento de Málaga para conocer las condiciones de circulación vigentes. El Consistorio deberá precisar cómo se aplican las restricciones durante esta etapa transitoria y qué efectos concretos tiene la suspensión sobre los procedimientos abiertos.
