Una de regadíos, con una dotación de 100 millones de euros, y otra para el ciclo urbano del agua, con 200 millones. En total, 300 millones de euros que ha anunciado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que se vienen a sumar a las convocatorias resueltas del Proyecto Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Digitalización del Ciclo del Agua.
En este sentido, Fernández ha anotado «que han repartido 500 millones de euros por todo el territorio nacional, de los 102,2 millones llegan a Andalucía, lo que equivale a más del 20% del total asignado». Una cantidad a la que «hay que sumar los 38,6 millones aprobados en dos conferencias sectoriales, de junio de 2022 y julio de 2024, por el Gobierno para gestión directa por parte de la Junta de Andalucía, lo que asciende a 141 millones para la comunidad».
Asimismo, Fernández ha destacado la inversión en la región, que cuenta «con una diferencia de más de 51 millones de euros que la segunda comunidad receptora, Valencia, 56 millones más que Cataluña y 121 millones más que Madrid». De esta forma, Fernández ha dejado clara «la planificación y celeridad del Gobierno en el diseño de medidas y resolución de convocatorias para mejorar la gestión del agua en un contexto de sequía» –en el que está actuando desde 2018–, con el objetivo de «hacer frente a la falta de lluvias y a las consecuencias que ello conlleva en el desarrollo económico y bienestar social de Andalucía».
De este modo, Fernández ha calculado que desde 2018 la inversión del Gobierno central es de casi 2.020 millones de euros en obras ejecutadas, en ejecución o en licitación, «algo que resulta fundamental en un contexto preocupante de sequía prolongada». Entre estas actuaciones ha señalado «la mejora y ampliación del Emisario Puerto y la construcción de la estación de bombeo de aguas pluviales (EBAP) Tamarguillo», con un presupuesto de 93,5 millones de euros, financiado en un 80% por el Ejecutivo central, cuyo objetivo «es la adecuación de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Sevilla para el vertido a zona sensible en el entorno de espacio natural de Doñana».
En otro orden de cosas, el delegado ha afirmado que «se actúa en la Cuenca del Guadalquivir con inversiones para infraestructuras, tanto estructurales como de emergencia, que responden a una planificación previa a la sequía y que ha propiciado que la cuenca esté mejor preparada para afrontar la situación de escasez de agua». Además ha aclarado que «es imprescindible tener un conocimiento más fiable y real de las necesidades de agua, a través del consumo y de las pérdidas del sistema».
Es aquí, según ha indicado, «donde entran en acción los proyectos del Perte de digitalización, ya que los recursos limitados de los ayuntamientos no les permiten afrontar en solitario la modernización y digitalización de los sistemas de abastecimiento, depuración, reutilización de aguas, lo que conduce a la inexactitud para la planificación, que en la actualidad -ha reconocido– se realiza más por intuición que con datos reales».
Fernández se ha detenido en este punto para pedir a la Junta que «agilice sus convocatorias» con cargo de casi 39 millones «porque nuestra región tiene un papel importante en esta revolución del agua y es necesario que trabaje». Ha continuado explicando que de los 90 millones concedidos en Andalucía –en el marco de ayudas al ciclo urbano del agua– se enmarcan, dos proyectos para Emasesa y un tercero para empresa mancomunada del Aljarafe, además los 10 millones para la Diputación de Málaga; los 7,2 millones para la de Granada; y 3,8 millones para la corporación provincias de Huelva.
