Los datos reflejan el agravamiento de las listas de espera mientras organizaciones de mayores denuncian un «cuello de botella» en el sistema y reclaman un refuerzo urgente de los recursos públicos.
La crisis de la dependencia en Andalucía sigue dejando cifras dramáticas. Un total de 2.204 personas fallecieron entre enero y mayo de 2026 esperando recibir la atención a la que tenían derecho por ley, una realidad que vuelve a poner el foco sobre la gestión del sistema y los largos tiempos de espera que soportan miles de familias andaluzas.
De esas 2.204 personas, 1.502 murieron sin que la Administración hubiera llegado siquiera a valorar su situación de dependencia, mientras que el resto contaba ya con un grado reconocido, pero seguía esperando la prestación o el servicio correspondiente.
Las cifras han sido analizadas por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) a partir de los datos oficiales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y reflejan una situación que, lejos de mejorar, continúa agravándose.
Un sistema que llega tarde para miles de familias
La Ley de Dependencia reconoce el derecho de las personas en situación de especial vulnerabilidad a recibir ayudas económicas o servicios públicos de atención. Sin embargo, en Andalucía los plazos reales distan mucho de los previstos por la normativa.
Según los datos conocidos, el tiempo medio de resolución alcanza los 446 días, más del doble del límite legal establecido en 180 días.
Para las organizaciones sociales, estos retrasos tienen consecuencias directas sobre las personas mayores y dependientes, especialmente en los casos más graves, donde la demora administrativa puede significar que la ayuda llegue demasiado tarde o, simplemente, nunca llegue.
FOAM considera que el principal problema se encuentra en la fase inicial de valoración, a la que califica como el mayor obstáculo del sistema. Solo durante el pasado mes de mayo, 145 personas fallecieron sin haber sido valoradas y otras 96 murieron teniendo ya reconocido su derecho pero sin haber recibido la prestación correspondiente.
Andalucía aumenta su lista de espera mientras baja en el resto del país
Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones del sector es que la evolución andaluza va en sentido contrario a la tendencia nacional.
Mientras en el conjunto de España las listas de espera muestran una reducción, Andalucía continúa incrementando el número de personas pendientes de atención. Actualmente la comunidad registra 470.127 solicitudes, con 335.175 personas beneficiarias y 49.513 ciudadanos en lista de espera pura.
Para las entidades que trabajan con las personas mayores, estos datos ponen de manifiesto la necesidad de adoptar medidas estructurales que permitan agilizar los expedientes y reforzar los equipos encargados de las valoraciones.
Una situación que no es nueva
La problemática de la dependencia se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción política en Andalucía durante los últimos años.
El balance de 2025 ya reflejó una situación especialmente preocupante. Casi 7.000 personas fallecieron el pasado año esperando la atención a la dependencia, según distintos informes del sector.
A ello se suman las denuncias de sindicatos y organizaciones sociales, que alertan de que miles de mayores siguen esperando una ayuda reconocida por ley mientras las familias asumen en solitario buena parte de los cuidados.
Diversos colectivos sostienen que el sistema necesita más financiación pública, más personal y una reducción de la burocracia para evitar que los retrasos administrativos sigan traduciéndose en situaciones irreparables.
La dependencia, un derecho convertido en una carrera contra el tiempo
Las organizaciones de mayores insisten en que detrás de las estadísticas existen historias personales y familias que esperan una respuesta durante meses o incluso años.
Por ello, FOAM reclama a la Junta de Andalucía un refuerzo inmediato de los equipos de valoración, un incremento de la inversión destinada a dependencia y una financiación estable que permita garantizar el cumplimiento efectivo de un derecho reconocido por ley.
La federación advierte de que el problema no puede entenderse únicamente como una cuestión administrativa. Para muchas personas mayores y dependientes, el tiempo de espera se convierte en una carrera contrarreloj.
Y las cifras conocidas este miércoles vuelven a recordarlo: 2.204 andaluces fallecieron en apenas cinco meses sin haber recibido, o incluso sin haber llegado a obtener, la atención que el sistema público les reconocía como un derecho.
