La Diputación de Cádiz ha incorporado a tres dirigentes vinculadas al Partido Popular a puestos de asesoramiento de libre designación, con retribuciones de 46.581,64 euros anuales para cada una. Entre las beneficiarias de los nombramientos figura Ascen Hita, presidenta del PP de Chiclana. Las designaciones, que representan un gasto salarial conjunto de 139.744,92 euros al año, vuelven a situar bajo el foco el uso de los puestos de confianza en las administraciones públicas y la necesidad de justificar sus funciones ante la ciudadanía.
La Diputación Provincial de Cádiz, presidida por Almudena Martínez del Junco, ha formalizado el nombramiento de Ascensión Hita Fernández, presidenta del Partido Popular de Chiclana, como asesora técnica de la institución provincial, con un salario anual de 46.581,64 euros y dedicación plena.
La decisión no llega sola. Junto a Hita también han sido designadas María Blanca Merino de la Torre y Susana González Pérez, ambas vinculadas al Partido Popular y con trayectorias políticas previas.
Los tres nombramientos, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz del 23 de octubre de 2026, suponen un compromiso retributivo conjunto de 139.744,92 euros anuales, sin contar posibles costes adicionales de Seguridad Social.
Aunque se trata de designaciones contempladas en la legislación, la coincidencia de tres perfiles políticos del mismo partido en puestos de confianza financiados con fondos públicos plantea una cuestión de interés ciudadano: ¿qué funciones concretas van a desempeñar y qué criterios han justificado su elección?
Ascen Hita, de dirigente del PP de Chiclana a asesora de la Diputación
Ascen Hita añade una nueva responsabilidad a su trayectoria política. Además de presidir el PP de Chiclana, ejerce como portavoz municipal de la formación y ocupa la presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.
Su incorporación a la Diputación se produce mediante un puesto eventual de asesoramiento, una fórmula que permite a la presidencia de la institución seleccionar directamente a personas de su confianza.
A diferencia de las plazas ordinarias de funcionarios, estos nombramientos no requieren superar un procedimiento competitivo de oposición para acceder al puesto.
La legislación permite esta modalidad de contratación para tareas de confianza y asesoramiento especial. Sin embargo, su legalidad no elimina la obligación política de explicar por qué se considera necesaria cada incorporación y qué aportación específica realizará a la institución.
En el caso de Hita, su nueva responsabilidad también plantea interrogantes sobre la organización de su actividad pública, dada su presencia en distintas estructuras políticas e institucionales.
La dedicación plena establecida para el puesto exige aclarar cómo se articulará el desempeño de sus restantes responsabilidades y qué régimen de compatibilidades resulta aplicable.
La publicación del nombramiento, por sí sola, no permite determinar que exista incompatibilidad alguna.
Tres nombramientos del PP y casi 140.000 euros anuales en salarios
El caso de Ascen Hita forma parte de una decisión más amplia de la Diputación de Cádiz.
Las otras dos designadas, María Blanca Merino de la Torre y Susana González Pérez, también proceden del ámbito político del Partido Popular.
Merino de la Torre ha desempeñado responsabilidades en el Instituto Andaluz de la Mujer y en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
Susana González, por su parte, preside el PP de La Línea de la Concepción, donde también ejerce como portavoz de la formación, y cuenta con experiencia como diputada autonómica.
Las tres percibirán la misma retribución anual de 46.581,64 euros y ocuparán puestos de asesoramiento técnico con dedicación plena.
El coste salarial conjunto supera los 139.700 euros por cada año completo en el que permanezcan cubiertos los tres puestos bajo estas condiciones. Esta cifra corresponde únicamente a las retribuciones publicadas y no representa necesariamente el coste laboral total.
El debate no reside exclusivamente en la cuantía de los salarios, sino también en la utilización de recursos públicos para incorporar a personas con responsabilidades orgánicas o una trayectoria destacada dentro del partido que gobierna la institución provincial.
Que un nombramiento sea legal no implica que deba quedar al margen del escrutinio público. La transparencia sobre sus funciones, necesidades y resultados constituye un elemento esencial para evaluar estas decisiones.
¿Qué funciones desempeñarán las nuevas asesoras?
La denominación de asesora técnica no permite conocer, por sí sola, las tareas específicas que desarrollará cada una de las personas nombradas.
El anuncio oficial identifica los puestos, sus titulares, las retribuciones y el régimen de dedicación, pero no ofrece una descripción individualizada y detallada de los cometidos que asumirán.
Esta falta de concreción en el anuncio abre preguntas relevantes sobre la distribución del trabajo y la necesidad administrativa que pretende cubrirse con cada contratación.
¿Qué áreas de la Diputación recibirán su asesoramiento? ¿Qué responsabilidades concretas tendrán asignadas? ¿Qué necesidades han motivado la incorporación simultánea de tres perfiles vinculados al Partido Popular?
Son cuestiones que requieren información adicional de la institución y que no pueden resolverse únicamente mediante la publicación de los decretos de nombramiento.
La rendición de cuentas adquiere especial importancia cuando los puestos se cubren por decisión directa de los responsables políticos y sus retribuciones se financian mediante los presupuestos públicos.
La libre designación, una fórmula legal sometida al debate sobre transparencia
El artículo 104 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que el nombramiento y cese del personal eventual corresponde libremente a la presidencia de la entidad local.
Por tanto, la Diputación dispone de cobertura legal para realizar estos nombramientos dentro de los límites establecidos.
El Estatuto Básico del Empleado Público también define al personal eventual como aquel que desempeña funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial, con carácter no permanente.
Esta regulación diferencia claramente los puestos eventuales de las plazas ordinarias de empleo público.
No obstante, el margen de discrecionalidad que ofrece la normativa hace especialmente importante que las administraciones puedan explicar las razones organizativas y funcionales que sustentan estas decisiones.
En este caso, la coincidencia de tres dirigentes del mismo partido en puestos retribuidos por la Diputación constituye un hecho relevante desde el punto de vista del control político y presupuestario, aunque no acredita por sí mismo favoritismo ilegal ni utilización irregular de fondos.
La Diputación, ante la necesidad de justificar sus cargos de confianza
La incorporación de Ascen Hita, María Blanca Merino y Susana González se produce mediante una fórmula habitual en las administraciones, pero que exige especial transparencia por el carácter discrecional de las designaciones.
La publicación de los nombramientos permite conocer quiénes ocuparán los puestos y cuánto cobrarán. Sin embargo, una evaluación completa de la decisión requiere información sobre sus funciones y sobre la necesidad de contar con estos tres puestos de asesoramiento.
El importe de las retribuciones, los antecedentes políticos de las designadas y la ausencia de una descripción detallada de tareas en el anuncio oficial sitúan estas contrataciones en el terreno del legítimo escrutinio público.
Corresponde a la Diputación de Cádiz explicar qué servicios concretos prestarán las nuevas asesoras y cómo contribuirán al funcionamiento de la administración provincial.
