Ecologistas en Acción asegura que los dictámenes del Instituto de Medicina Legal relacionan la exposición continuada a hidrocarburos con los daños sufridos por parte del vecindario y reclama actuaciones urgentes para descontaminar una barriada donde residen unas 4.000 personas.
Diez años después de que comenzaran las denuncias por fuertes olores a combustible en la barriada Guadalquivir de Coria del Río, el conflicto medioambiental y sanitario ha dado un nuevo paso con la incorporación al procedimiento judicial de informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que consideran compatibles los daños sufridos por varios vecinos con la exposición continuada a hidrocarburos presentes en la zona. Para Ecologistas en Acción, estas conclusiones respaldan una década de denuncias ciudadanas y evidencian la necesidad de actuar con urgencia sobre un problema que, según la organización, sigue afectando a unas 4.000 personas.
La organización ecologista sostiene que las administraciones implicadas han acumulado años de retrasos sin resolver definitivamente la contaminación del suelo, el subsuelo, las aguas y el aire de esta barriada sevillana, donde los vecinos aseguran convivir desde hace años con un persistente olor a gasolina y con problemas de salud que atribuyen a esa exposición continuada.
Informes forenses con relevancia judicial
El elemento más relevante del caso es la incorporación a la causa judicial de los nuevos dictámenes elaborados por el Instituto de Medicina Legal durante los últimos meses.
Según la documentación conocida, los médicos forenses consideran que la sintomatología presentada por varios de los afectados resulta compatible con la inhalación prolongada de hidrocarburos, después de analizar tanto la documentación médica como los informes ambientales incorporados al procedimiento. Entre los síntomas descritos figuran cefaleas, mareos, alteraciones respiratorias, irritación de mucosas, trastornos del sueño, problemas neurológicos leves y otras afecciones asociadas a la exposición a compuestos derivados del combustible.
Los peritos también advierten de que desde el punto de vista sanitario no resulta razonable prolongar la exposición de la población a este tipo de sustancias mientras persista el foco contaminante.
Un problema que se remonta a casi una década
El origen del conflicto se sitúa en una fuga detectada hace años en una estación de servicio próxima a la barriada.
Según los informes incorporados a la investigación, el combustible habría alcanzado el sistema de saneamiento a través de conducciones deterioradas, propagándose posteriormente por el subsuelo y generando vapores que terminarían penetrando en numerosas viviendas. La Fiscalía General del Estado ya había recogido en un informe previo distintos estudios técnicos que apuntaban a la persistencia de hidrocarburos altamente degradados bajo el barrio, circunstancia que incrementaría su toxicidad y mantendría abierta la emergencia ambiental.
Durante este tiempo, numerosos residentes han denunciado sufrir episodios recurrentes de intoxicaciones leves, molestias respiratorias y otros problemas de salud, reclamando estudios epidemiológicos y una intervención integral sobre la zona.
Ecologistas denuncia la falta de respuesta institucional
Ecologistas en Acción considera que los nuevos informes marcan un punto de inflexión porque, a su juicio, la ciencia empieza a confirmar lo que el vecindario lleva años denunciando.
La organización lamenta que la recuperación ambiental continúe paralizada y critica que todavía no se hayan hecho públicos los resultados de las últimas campañas de medición de la calidad del aire, pese a haber sido solicitados por la asociación vecinal y por los propios colectivos ecologistas. También denuncia que el grupo de trabajo impulsado por el Parlamento andaluz para abordar este problema terminó disolviéndose sin concretar medidas efectivas.
Reclaman descontaminar la zona y reforzar el seguimiento sanitario
Ante las nuevas evidencias, Ecologistas en Acción reclama el inicio inmediato de un plan integral de descontaminación del suelo, el subsuelo y las aguas afectadas.
Asimismo, solicita un seguimiento sanitario específico para todas las personas expuestas, especialmente para la población infantil, además de una mayor transparencia por parte de las administraciones implicadas y la depuración de las posibles responsabilidades administrativas o penales que puedan derivarse del caso.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa abierta en distintos juzgados sevillanos, donde deberán determinarse tanto el origen exacto de la contaminación como las posibles responsabilidades derivadas de uno de los conflictos medioambientales más prolongados registrados en Andalucía en los últimos años.
Un caso que reabre el debate sobre la salud ambiental
Más allá del procedimiento judicial, el caso de Coria del Río vuelve a poner el foco sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia ambiental y de protección de la salud pública cuando existen indicios de contaminación prolongada en zonas residenciales. Organizaciones vecinales y ecologistas sostienen que la prevención, la transparencia y la rapidez en la actuación institucional son elementos esenciales para evitar que situaciones de este tipo se prolonguen durante años, especialmente cuando afectan a miles de personas que continúan viviendo en el entorno mientras se resuelve el conflicto.
