La costa andaluza cuenta con 46 puntos críticos por su exposición a temporales, urbanización y pérdida de ecosistemas, según el informe Destrucción a Toda Costa 2026 presentado por Greenpeace, que cifra en unos 48 millones de euros las reparaciones realizadas o previstas tras los daños sufridos por las playas durante el último invierno.
La costa andaluza acumula 46 puntos considerados críticos por su exposición a temporales, urbanización y pérdida de ecosistemas naturales, según el informe Destrucción a Toda Costa 2026 presentado por Greenpeace. La organización ambiental sitúa a Andalucía entre los territorios donde la presión humana sobre el litoral y los efectos de la crisis climática coinciden con especial intensidad.
El estudio calcula que el 36 % de la superficie litoral andaluza está artificializada. Greenpeace relaciona esta ocupación con la desaparición o degradación de dunas, playas, humedales y otros sistemas naturales que funcionan como defensa frente al oleaje, los temporales y la subida del nivel del mar.
El informe cifra en unos 48 millones de euros las reparaciones realizadas o previstas tras los daños sufridos por las playas andaluzas durante el último invierno. Esa cantidad sitúa a Andalucía como una de las comunidades con mayor volumen de gasto en actuaciones de reparación costera dentro del análisis elaborado por la organización.
La costa andaluza suma 46 puntos críticos
Greenpeace identifica en Andalucía 46 enclaves con problemas asociados a la ocupación urbanística, la pérdida de barreras naturales y la exposición a episodios meteorológicos extremos. Entre los ejemplos citados por la organización figuran daños en Matalascañas, Camposoto, Motril, Adra y El Ejido, además de conflictos urbanísticos en El Rompido, Tarifa y Marbella.
La entidad vincula estos casos con un modelo de ocupación del litoral que, a su juicio, ha reducido la capacidad natural de las playas para recuperarse tras los temporales. La desaparición de dunas y la alteración de la dinámica costera dificultan que la arena vuelva a acumularse de forma natural y aumentan la necesidad de intervenciones periódicas.
El informe advierte de que la erosión del litoral no puede analizarse solo como un problema puntual de playas dañadas después de un temporal. Greenpeace lo interpreta como una señal de vulnerabilidad estructural en zonas donde la urbanización, las infraestructuras y la pérdida de ecosistemas han dejado menos margen de adaptación frente al avance del mar.
Reparaciones de playas por unos 48 millones
Uno de los datos centrales del informe es el coste atribuido a las reparaciones de playas andaluzas tras los daños del último invierno. Greenpeace eleva esa cifra a unos 48 millones de euros entre actuaciones realizadas o previstas, una cuantía que atribuye al gasto necesario para reparar paseos, reponer arena y atender desperfectos derivados de los temporales.
La organización considera que estas intervenciones responden con frecuencia a una lógica de reparación a corto plazo. Frente a ese modelo, reclama revisar las estrategias de regeneración de playas y priorizar soluciones basadas en la restauración natural de los ecosistemas costeros.
El debate afecta directamente a municipios turísticos donde la playa es un recurso económico, social y ambiental de primer orden. Sin embargo, Greenpeace sostiene que las aportaciones artificiales de arena y las reparaciones recurrentes no resuelven por sí solas las causas de fondo de la erosión cuando existen sistemas dunares degradados, presión urbanística o infraestructuras que alteran la dinámica natural del litoral.
Urbanización y pérdida de defensas naturales
El 36 % de superficie litoral artificializada que recoge el informe refleja, según Greenpeace, el peso de la ocupación humana en la costa andaluza. La organización señala que la construcción en primera línea, la transformación de espacios naturales y la presión sobre playas y dunas han reducido la capacidad del litoral para absorber el impacto de los temporales.
Las dunas, marismas, playas naturales y otros ecosistemas costeros actúan como barreras frente al oleaje. Cuando estos espacios se degradan o desaparecen, las zonas urbanizadas quedan más expuestas a inundaciones, erosión y daños materiales. Por ello, Greenpeace plantea que la adaptación al cambio climático debe incluir la recuperación de estos sistemas y no limitarse a reparar daños una vez producidos.
La organización también vincula la situación con la subida del nivel del mar y con la mayor intensidad de fenómenos costeros extremos. En ese escenario, la planificación municipal, la gestión urbanística y las políticas de protección del litoral adquieren un papel central para reducir riesgos futuros.
Casos señalados en varias provincias
El informe menciona ejemplos distribuidos por distintas provincias andaluzas. En Huelva, Greenpeace alude a Matalascañas y El Rompido; en Cádiz, a Camposoto y Tarifa; en Granada, a Motril; en Almería, a Adra y El Ejido; y en Málaga, a Marbella. Los casos responden a problemáticas distintas, desde daños por temporales hasta conflictos urbanísticos o pérdida de espacios naturales.
La inclusión de estos enclaves en el informe no implica que todos presenten la misma situación ni el mismo grado de afección. La organización los utiliza como ejemplos de una vulnerabilidad más amplia del litoral andaluz, donde confluyen presión urbanística, erosión, reparación de playas y necesidad de adaptación climática.
La publicación del informe abre también un campo de seguimiento para las administraciones competentes. Entre los aspectos pendientes de contraste se encuentran el detalle de las reparaciones realizadas, el calendario de las actuaciones previstas, la financiación de cada intervención y la respuesta de los municipios afectados.
Revisión del modelo litoral
Greenpeace reclama revisar el modelo de ocupación de la costa y de regeneración de playas. La organización defiende que la respuesta a la erosión y a los daños por temporales debe incorporar criterios de restauración ecológica, recuperación de sistemas dunares y reducción de la exposición de zonas vulnerables.
La entidad plantea que las administraciones deben analizar el gasto recurrente en reparaciones y valorar si las actuaciones actuales reducen realmente el riesgo a medio y largo plazo. También reclama políticas de adaptación que tengan en cuenta la subida del nivel del mar, la conservación de ecosistemas y la protección de la población residente en municipios costeros.
La información difundida por Greenpeace debe entenderse como el diagnóstico de una organización ambiental. Sus cifras y conclusiones requieren atribución expresa y seguimiento administrativo para conocer el detalle de las actuaciones públicas previstas o ejecutadas. En cualquier caso, el informe sitúa de nuevo el litoral andaluz en el centro del debate sobre crisis climática, urbanización y conservación de playas.
