El PSOE denuncia un presunto patrón de contratos vinculados a un alto cargo del PP y reclama explicaciones, mientras el caso vuelve a poner el foco sobre la gestión de la institución provincial.
La Diputación de Almería vuelve a situarse en el centro de la polémica. El Grupo Socialista en la institución provincial ha denunciado la existencia de un presunto patrón de adjudicaciones públicas que habría beneficiado a Francisco González Bellido, actual secretario general del PP de Almería y delegado territorial de la Junta de Andalucía, a través de trabajos como autónomo y posteriormente mediante una empresa creada apenas un mes antes de recibir contratos públicos.
La denuncia política se produce en un contexto especialmente delicado para el Partido Popular almeriense, marcado por las investigaciones judiciales del conocido como caso Mascarillas, una causa en la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y los juzgados investigan una supuesta trama de adjudicaciones irregulares en la Diputación Provincial.
¿Qué se denuncia?
Según la documentación presentada por el PSOE de Almería, Francisco González Bellido habría comenzado a facturar a la Diputación como trabajador autónomo poco después de convertirse en concejal del PP en Olula del Río en 2019, realizando labores relacionadas con la coordinación de eventos y actividades de la marca promocional Sabores Almería.
La oposición sostiene además que, tras esa primera etapa, el dirigente popular constituyó en 2022 la empresa Parbell Diseño y Gestión y que apenas un mes después de su creación obtuvo un contrato cercano a los 69.000 euros para gestionar la presencia de Sabores Almería en Madrid Fusión, una de las principales ferias gastronómicas del país.
De acuerdo con las cifras aportadas por los socialistas, el volumen de adjudicaciones relacionadas con esta actividad rondaría el medio millón de euros, motivo por el que han solicitado explicaciones públicas y la depuración de posibles responsabilidades políticas.
El contexto: la sombra del caso Mascarillas
La denuncia no aparece de forma aislada. Desde hace meses, la Diputación de Almería está bajo el foco de una amplia investigación judicial que analiza una supuesta red de adjudicaciones fraudulentas durante anteriores mandatos del PP.
Según distintos autos judiciales e informes de la UCO, la investigación apunta a la existencia de una «dinámica de funcionamiento» destinada a favorecer determinados intereses económicos mediante contratos públicos, una estructura que habría implicado a cargos políticos y empresarios.
La causa, que inicialmente se centró en la compra de material sanitario durante la pandemia, se ha ido ampliando hasta incluir decenas de contratos y un elevado número de investigados. El juez instructor llegó a señalar que podría existir una organización articulada para orientar adjudicaciones públicas en beneficio de determinados intereses privados.
Aunque la denuncia relacionada con Francisco González Bellido no forma parte, por el momento, de ese procedimiento judicial, el PSOE considera que los hechos conocidos presentan elementos que justifican una investigación política y administrativa.
La oposición reclama transparencia
El portavoz socialista en la Diputación, Juan Manuel del Real, sostiene que estos contratos refuerzan la idea de que el llamado caso Mascarillas no sería un episodio aislado, sino parte de una forma de gestión basada en el amiguismo político. Por ello, ha exigido al equipo de gobierno del PP que haga públicos todos los expedientes relacionados con estas adjudicaciones y aclare los criterios utilizados para concederlas.
Desde posiciones progresistas se insiste en que las administraciones públicas deben extremar la transparencia cuando existen vínculos entre responsables políticos y empresas beneficiarias de contratos públicos, especialmente en una provincia donde varias investigaciones judiciales siguen abiertas.
Una provincia marcada por las investigaciones
Almería se ha convertido en uno de los principales escenarios de las investigaciones sobre contratación pública en Andalucía. Los informes de la UCO hablan de decenas de contratos bajo sospecha y de una presunta red que habría funcionado durante años alrededor de la Diputación Provincial.
La oposición considera que las nuevas informaciones obligan a revisar con detalle todas las adjudicaciones relacionadas con la promoción institucional y turística para garantizar que los recursos públicos se gestionan con criterios de igualdad y libre concurrencia.
Mientras tanto, el debate político continúa creciendo alrededor de una cuestión que vuelve a situar la transparencia en el centro de la vida pública andaluza: si los contratos públicos han servido únicamente al interés general o si determinados vínculos políticos han podido influir en su adjudicación.
Es importante señalar que, hasta el momento, las denuncias conocidas forman parte del debate político y no implican por sí mismas la existencia de responsabilidades penales, que únicamente podrían determinar los órganos judiciales competentes en caso de abrirse una investigación.
