La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha denegado las peticiones de suspensión de pena de prisión de las defensas de ocho de los nueve condenados a cárcel en la sentencia del procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas; figurando entre ellos el expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos día de cárcel.
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha resuelto así las peticiones de suspensión de pena de cárcel promovidas por las defensas de Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, el exdirector general de Trabajo Juan Márquez y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.
Tales peticiones de suspensión de las condenas a cárcel esgrimían principalmente las solicitudes de indulto parcial elevadas por los condenados al Ministerio de Justicia y los incidentes de nulidad planteados ante el Tribunal Supremo, que ante sus recursos de casación contra la sentencia inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia, confirmó plenamente las citadas penas de cárcel salvo en el caso de Juan Márquez, respecto al cual redujo la pena de cárcel de siete años y un día de prisión a tres años, al apreciar la atenuante analógica de reparación del daño.
Al margen de reducir la pena de cárcel de Juan Márquez, el Supremo confirmó las restantes penas de prisión, avalando los seis años y dos días de cárcel impuestos por la Audiencia de Sevilla a Griñán. En ese sentido, la Sección Primera de la Audiencia admite en su nuevo pronunciamiento «la carencia de antecedentes penales de los condenados», pero por otra parte señala «la gravedad y extensión de las penas por las que han sido condenados, que impide la suspensión de la ejecución de la pena en todas las formas recogidas en el artículo 80 y siguientes del Código Penal, motivo por el que todos ellos han solicitado la suspensión de la ejecución mientras se tramita el indulto».
«No concurre circunstancia alguna que aconseje la suspensión de la pena por petición de indulto», resumen los magistrados, que señalan igualmente, respecto al incidente de nulidad planteado ante el Supremo por las defensas, que «en modo alguno la presentación del incidente puede dar lugar a la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas en sentencia firme», pues ello «supondría un quebranto de los preceptos que regulan la suspensión de la ejecución de las penas y el cumplimiento efectivo de las mismas».
Según subraya la sala, «tampoco existe apoyadura legal para que este tribunal demore la ejecución de la pena, en tanto se resuelva el incidente de nulidad planteado ante el TS, y aún menos la suspensión cautelar que los condenados pretenden y anuncian solicitar al Tribunal Constitucional».
En cuanto a Márquez, condenado a tres años de cárcel, la sala argumenta que «su situación es distinta, siendo la pena inferior en tres y cuatro años a la del resto, lo que unido a la carencia de antecedentes penales y a razones objetivas que determinaron una cuantitativa rebaja penológica en la sentencia dictada por el TS, son circunstancias a tener en cuenta para que se proceda, por un tiempo prudencial de un año, a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad mientras se tramite el indulto».
Diez días de plazo una vez firme el auto
Siendo este nuevo auto susceptible de recurso de súplica, la Audiencia indica finalmente que una vez «firme esta resolución, requiérase a los penados para que comparezcan en el plazo de diez días ante la sala, para su ingreso voluntario» en prisión.
Este auto ha sido notificado después de que la Sección Primera de la Audiencia, en paralelo, hubiese citado para las 11 horas del miércoles de esta semana a los condenados José Salgueiro, exviceconsejero de Economía y Hacienda; Magdalena Álvarez; exconsejera de Economía y exministra de Fomento; el ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete; el expresidente de la Junta Manuel Chaves; el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, el exviceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos, Vicente Lozano, al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el expresidente autonómico José Antonio Griñán, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
Penas de inhabilitación
Los 15 mencionados condenados fueron citados para el miércoles «para el cumplimiento» de las diferentes penas de inhabilitación impuestas a los mismos por la Sección Primera de la Audiencia.
No obstante, la mayoría de ellos ha recogido este martes por la mañana los requerimientos personales relativos al cumplimiento de sus penas de inhabilitación, tras haber solicitado a la Sección Primera de la Audiencia adelantar a esta jornada la recogida de tales documentos. Así, 12 de los condenados, entre ellos los expresidentes autonómicos José Antonio Griñán y Manuel Chaves, han recogido este mismo martes sus requerimientos.
De los 15 inculpados ya enumerados, tan sólo estarían pendientes de acudir a recoger su requerimiento personal para el cumplimiento de la pena de inhabilitación Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Vicente Lozano Peña, según han informado a Europa Press fuentes del TSJA.
