CGT asegura que el paro contó con una alta participación y el respaldo de los grupos de la oposición, que reclaman la readmisión de los trabajadores cesados.
La sesión constitutiva de la XIII Legislatura del Parlamento de Andalucía estuvo marcada este jueves por una protesta laboral que ha puesto el foco sobre la situación del empleo público en la Cámara autonómica. La convocatoria de huelga impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) se desarrolló sin incidentes y, según el sindicato, registró una elevada participación, especialmente entre el personal subalterno y el cuerpo de ujieres.
La movilización, celebrada entre las 11:00 y las 12:00 horas, tenía un objetivo claro: exigir la reincorporación inmediata de tres funcionarios interinos del cuerpo de ujieres que han sido cesados y denunciar el recorte de personal que, según CGT, afectará al funcionamiento del Parlamento andaluz.
Tres despidos que reducen la plantilla de ujieres
El sindicato sostiene que el cese de estos trabajadores ha supuesto que el cuerpo de ujieres pase de 24 efectivos en 2025 a 21 en 2026, una reducción que, a su juicio, tendrá consecuencias directas sobre la calidad del servicio y sobre las condiciones laborales del resto de la plantilla.
CGT reclama que los tres trabajadores sean reincorporados a través de la bolsa de trabajo prevista en la normativa de personal del Parlamento y denuncia que, hasta el momento, no se han ofrecido explicaciones convincentes sobre las razones que justifican estos ceses.
Según la organización sindical, se han solicitado de manera reiterada los informes técnicos que avalarían esta reducción de personal, sin que se haya obtenido una respuesta satisfactoria.
La oposición se vuelca con la protesta
Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue el apoyo mostrado por los grupos parlamentarios de la oposición, que acudieron a la concentración celebrada a las puertas del Parlamento.
CGT destaca que el grupo parlamentario de Adelante Andalucía, encabezado por su portavoz Ignacio García, participó en la movilización y trasladó a los trabajadores su compromiso para intentar buscar una solución al conflicto laboral.
También el grupo Por Andalucía, con Antonio Maíllo al frente, acompañó a los empleados concentrados y expresó su respaldo a la reivindicación de la readmisión de los tres ujieres interinos.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista mantuvo una reunión con el comité de huelga una vez finalizada la sesión plenaria. En ese encuentro participaron la portavoz socialista, María José Montero, y el nuevo vicepresidente segundo del Parlamento, Fernando López Gila, quienes manifestaron su apoyo a la defensa del empleo público y a la recuperación de los puestos de trabajo eliminados.
El empleo público, en el centro del debate
La protesta llega en un momento en el que las organizaciones sindicales vienen alertando del impacto que las reducciones de plantilla pueden tener sobre el funcionamiento de los servicios públicos.
Desde una perspectiva sindical, la sustitución de trabajadores interinos y la disminución de efectivos no solo afectan a quienes pierden su empleo, sino que incrementan la carga de trabajo del personal que permanece en activo y pueden repercutir en la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.
CGT considera que el conflicto abierto en el Parlamento de Andalucía es un ejemplo de esa situación y defiende que la Administración debe reforzar las plantillas en lugar de reducirlas.
El sindicato no descarta nuevas movilizaciones
Tras la jornada de huelga, la organización sindical ha asegurado que permanecerá atenta a la posibilidad de que se abra una negociación que permita resolver el conflicto.
No obstante, advierte de que, si no se producen avances, continuará impulsando las acciones sindicales que considere necesarias para lograr la reincorporación de los tres trabajadores despedidos.
La protesta celebrada durante la constitución de la nueva legislatura deja así un primer conflicto laboral sobre la mesa del Parlamento andaluz y reabre el debate sobre el futuro del empleo público y las políticas de personal dentro de las instituciones autonómicas.
