El Servicio de Emergencias, Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía (Infoca) afronta cada año campañas de máxima complejidad debido al impacto del cambio climático y a la proliferación de fuegos cada vez más virulentos. Sin embargo, más allá del desafío medioambiental, el Infoca arrastra un reto estructural de carácter administrativo y financiero. El debate no se centra en la actuación de los bomberos forestales sobre el terreno, sino en la obsolescencia de un modelo de gestión pública que diversos análisis económicos y jurídicos señalan como ineficaz y propenso al derroche de recursos. Frente a este escenario, la externalización del operativo emerge no como una opción ideológica, sino como una necesidad basada en criterios de viabilidad económica y planificación.
La piedra angular de este debate se remonta a la primera legislatura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. Al asumir el mando en enero de 2019, su Gobierno encargó una ambiciosa auditoría a un grupo de consultoras independientes (entre ellas Deloitte y PWC) con un objetivo claro: radiografiar la llamada «administración paralela» heredada de décadas de gobiernos anteriores.
Los resultados de los informes técnicos fueron demoledores. Las consultoras describieron un sistema lastrado por duplicidades, solapamientos competenciales y estructuras sobredimensionadas que dificultaban enormemente la coordinación operativa. El propio Ejecutivo andaluz no dudó en calificar públicamente la situación como una “macroestructura desproporcionada”.
El foco político y técnico se situó especialmente sobre el volumen del personal laboral vinculado a agencias públicas y fundaciones, una red de entidades que operaba al margen de la función pública clásica. En aquellos años, las fuerzas de la coalición de Gobierno (PP y Ciudadanos) denunciaron la existencia de casi 30.000 trabajadores integrados en este sector instrumental. Dentro de este engranaje se encontraba el Infoca, cuya rigidez de gestión pública directa impedía una adaptación ágil a las necesidades presupuestarias y operativas reales.
Según reveló en su momento El Confidencial, una de las conclusiones principales y más nítidas de aquella auditoría fue la recomendación explícita de comenzar a externalizar servicios del Infoca. El informe trazaba un camino claro hacia la privatización regulada de los servicios de extinción, argumentando que era la única vía para garantizar la rentabilidad económica y una mayor eficacia en el uso del dinero del contribuyente.
Presupuesto cerrado frente a gasto desbocado
La gran ventaja de la externalización mediante concesiones a empresas privadas radica en la introducción de presupuestos cerrados. En la gestión pública directa, los costes de personal, las ineficiencias en la contratación de suministros y los imprevistos estructurales suelen traducirse en desviaciones presupuestarias que terminan pagando los ciudadanos. Por el contrario, un contrato de externalización fija un precio cerrado por la prestación de un servicio con unos estándares de calidad estrictamente auditables.
Este enfoque permite a la administración pública una planificación financiera mucho más limpia y predecible. Las empresas privadas del sector de las emergencias, que compiten en un mercado competitivo, están obligadas a optimizar cada euro: adquieren tecnología puntera de forma más ágil, gestionan la logística con criterios de máxima productividad y absorben los riesgos operativos dentro de su propio margen de negocio. El rendimiento de los fondos públicos, por tanto, se multiplica, ya que el gasto se vincula directamente a objetivos cumplidos y no al sostenimiento de una pesada burocracia funcionarial.
Sin embargo, a pesar de la solidez de las conclusiones de su propia auditoría y a las promesas de regeneración, el Gobierno de la Junta de Andalucía optó por la cautela política. Sometido a la intensa presión de las organizaciones sindicales (históricamente contrarias a cualquier apertura al sector privado en los servicios esenciales), el Ejecutivo autonómico decidió congelar las reformas estructurales e ignorar las recomendaciones de los expertos. Al mantener un modelo que se ha demostrado caro y no suficientemente eficaz, se perpetúa una estructura que prioriza la paz social con los sindicatos por encima de la eficiencia económica que demandan los andaluces.
La necesidad de revisar la gestión de los recursos públicos también viene desde el ámbito judicial: una sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 29 de junio, en respuesta a un recurso de casación del TSJ de Asturias y que confirma una sentencia favorable a la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), considera que no es suficiente un “control abstracto” sobre los encargos a empresas públicas o medios propios, sino que debe estar justificado que cada encomienda directa sea “la opción más eficiente y resulte más sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica”. El Tribunal Supremo establece, además, que es necesario demostrar “razones de seguridad pública o de urgencia” para “disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio”. La sentencia del TS se refiere a un encargo directo del Gobierno asturiano a la empresa pública Tragsa, que Asemfo consideró abusivo.
Sostener el modelo actual del Infoca bajo el paraguas exclusivo de la gestión pública directa no solo limita la capacidad de innovación tecnológica del servicio, sino que consolida un sistema de gasto expansivo difícil de justificar. Cuestionar este modelo no implica restar mérito a los profesionales que se juegan la vida en el monte; al contrario, implica dotar al servicio de una estructura empresarial moderna, flexible y financieramente responsable que optimice los recursos disponibles. La externalización del operativo del Infoca se presenta como la asignatura pendiente para transformar un gigante burocrático en un ejemplo de eficacia y rentabilidad para la administración pública del siglo XXI.
