El Juzgado de lo Penal número 1 de Granada ha rechazado suspender la ejecución de la pena que se había impuesto a Juana Rivas, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano del año 2017, tal y como había solicitado la granadina tras el indulto parcial que le había concedido el Gobierno de España.
El magistrado Manuel Piñar alega en el auto que Juana Rivas “no ha mostrado arrepentimiento”.
“En varias ocasiones ha manifestado que no se arrepiente y lo volvería a hacer”, sostiene el juez, que también subraya “el peligro que para los menores podría suponer la plena libertad de la madre”, apuntando a presuntos “indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia”.
Para el magistrado “la ausencia de arrepentimiento y la posterior repetición de la misma conducta indica una predisposición a cometer nuevamente el mismo delito”.
Tras la concesión del indulto parcial a Juana Rivas, la defensa solicitó, en escrito con fecha 19 de noviembre, la suspensión de la pena que le resta por cumplir en el centro de inserción social ‘Matilde Cantos de Granada.
Después de conocerse el auto del juez, la defensa ha criticado esta decisión, la cual ha dicho está basada “en tres mentiras” incidiendo en que la falta de arrepentimiento de Juana Rivas algo “falso”.
La defensa de Juana Rivas se querellará contra Manuel Piñar
Además, el abogado Carlos Aránguez ha añadido que “acusar a Juana de permitir o colaborar en abusos sexuales a sus hijos es algo tan repugnante que merece nuestro más enérgico reproche”, y ha anunciado que su equipo presentará próximamente una querella criminal contra el juez por la presunta comisión de un delito de prevaricación judicial y calumnias.
El auto del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, contra el que cabe recurso, señala también que la acusación particular, que ejerce el padre de los niños, Francesco Arcuri, en escrito de 29 de noviembre, no se opuso a la petición de la defensa, mientras que «el Ministerio Fiscal en escrito de 7 de diciembre de 2021, no se opuso por expresa imposición de la Fiscalía General del Estado impartida mediante instrucción particular y expresa».
Esta decisión del juez llega precisamente después de que trascendiera que el Ministerio Fiscal informó el pasado miércoles a favor de la suspensión del resto de la condena.
Así lo fuentes fiscales, que apuntan que el criterio fijado se formó en una reunión previa en la que participaron tanto la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, como el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, o el fiscal que informó sobre el indulto a Rivas en el Alto Tribunal, además del fiscal jefe de Granada y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago.
Indican que fue una reunión transversal y que se contó además con la presencia de la fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, y del fiscal de Sala Coordinador de Menores, Eduardo Esteban. Apuntan que en la valoración se preponderaron los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público en el informe de indulto.
El Gobierno define el auto como “violencia institucional”
La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez ‘Pam’, ha criticado que el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada haya rechazado suspender la ejecución de la pena impuesta a Juana Rivas, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, tal y como la madre de Maracena solicitó tras el indulto parcial que le concedió el Gobierno.
En un mensaje en la red social Twitter, recogido por Europa Press, ‘Pam’ ha lamentado que la decisión se tome coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos. «Es más grave aún que un juez haya evitado que Juana Rivas sea puesta en libertad, en contra del indulto y la fiscalía, a pesar de todas sus denuncias por la violencia que ella y sus hijos han sufrido», ha escrito la secretaria de Estado.
Además, ha tildado el rechazo a la libertad de Juana Rivas de «violencia institucional«. «Estamos contigo, Juana», ha recalcado en la publicación que ha compartido con un ‘retuit’ la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Por su parte, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado que no se puede «imponer la ideología misógina» a la ley. «No hay derecho. El Gobierno resolvió su indulto parcial; el Tribunal de Cagliari resolvió que Juana no es un peligro, y que los niños vinieran en Navidad; ni Fiscalía ni Arcuri se oponen a la suspensión de lo que resta de pena», ha reiterado también en redes sociales.
