María Jesús Montero, Ministra de Hacienda y Función Pública ha querido dejar claro este viernes que el Gobierno central no va a permitir que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «privatice» la atención primaria del sistema público de salud, de manera que está dispuesto a utilizar todos los «instrumentos».
En declaraciones en Sevilla, ha insistido en que no van a permitir que el Gobierno de Moreno, «poco a poco, y por la puerta de atrás vaya a una privatización en la que obtener cuidados de salud dependa del nivel de la renta». «No lo vamos a permitir y vamos a utilizar todos los instrumentos», ha sentenciado.
En relación con la Orden de la Consejería de Salud y Consumo por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios, ha denunciado que esa orden plantea una hoja de ruta «para la privatización de la atención primaria» y la única rectificación que cabe es la derogación del artículo o la disposición que abre esa posibilidad.
«No hay ninguna otra cuestión estética ni cosmética como la que protagoniza Moreno, no se si por el empacho de la mayoría absoluta; por vanidad, porque no quiere reconocer errores o, por lo que yo creo, porque no van a dejar de seguir un itinerario que tienen previsto de que cuando consideren que es el momento oportuno, van a transmitir excepcionalidad para aplicar una orden donde el médico de familia pueda ser una persona que esté contratada por un entorno privado«, ha añadido.
Para Montero, si realmente la voluntad de Moreno no es que se produzca «una privatización en la atención primaria, que derogue ese artículo o disposición de la orden, en lugar de cambiar coma arriba o abajo».
Ha alertado de que aunque el Gobierno andaluz intente «confundir a los ciudadanos», eso no va a ocurrir porque la «gente sabe que en Andalucía, una de las joyas de la corona es la sanidad pública gratuita y universal, que investiga y que permite igualdad de oportunidades y no depende de las rentas».
En su opinión, sería bueno que Moreno se hiciera mirar las actitudes que está manteniendo respecto a cuestiones con el ámbito sanitario, como lo conocido recientemente sobre «la adjudicación de contratos a dedo sin ningún tipo de procedimiento a clínicas privadas».
«Tiene que dar explicaciones porque, presuntamente, fuera de la legalidad, se están derivando recursos de la sanidad pública a la sanidad privada sin ningún tipo de procedimiento», ha añadido.
Contrataciones irregulares
Al hilo de esas adjudicaciones de contratos en materia sanitaria, la ministra ha aludido también al caso de la presunta «empresa fantasma» a la que la Consejería de Fomento ha podido «enriquecer con más de cuatro millones de euros» por la contratación de obras de emergencia en carreteras de Cádiz, y en esa línea ha sostenido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «tiene que dar muchas explicaciones respecto a cómo está contratando» la Administración autonómica.
La ministra ha remarcado que es una cuestión que «preocupa mucho» al Gobierno, que pide que «por supuesto se respete la Ley de Contratos, la libre concurrencia de las empresas públicas», y al que le «preocupa extraordinariamente que haya una privatización encubierta de la sanidad pública, sobre todo en el ámbito de la atención primaria», que es el área más cercana para el ciudadano, según ha subrayado.
Sobre las contrataciones de Fomento, María Jesús Montero ha considerado que «lo primero que es exigible» es que Juanma Moreno «dé explicaciones y deje de echar balones fuera». «Creo que, por calidad democrática, por salud democrática, es muy importante» que el presidente de la Junta «no se esconda» y «dé explicaciones respecto a una empresa que hemos conocido por los medios de comunicación que era una empresa fantasma presuntamente», y a la que se le habría «derivado una cantidad que no es menor, de cuatro millones de euros, correspondientes a adjudicaciones que presuntamente no han respetado el procedimiento» reglamentario, según ha abundado.
La ministra ha insistido en que el presidente de la Junta «debería dar explicaciones», y ha concluido apostillando que, «ya más allá de eso, si se considera que ha vulnerado la legalidad, para eso están los tribunales de justicia para poder actuar».
