El juzgado desestima la solicitud de medidas cautelares y mantiene la obligación de cesar la actividad este domingo. Los establecimientos carecen de autorización para continuar durante el verano
La batalla judicial emprendida por los empresarios de los chiringuitos de Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María (Cádiz), ha recibido un nuevo revés. La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Cádiz ha rechazado la medida cautelar solicitada para evitar el cierre de los establecimientos, de modo que los locales deberán cesar su actividad al finalizar el próximo domingo 5 de julio, tal y como había establecido previamente el Ayuntamiento.
La resolución judicial, contra la que no cabe recurso, considera que los empresarios no pueden prolongar la actividad porque la autorización administrativa que permitía el funcionamiento de los establecimientos expiraba el 5 de julio y esa limitación ya había quedado firme meses atrás al no ser recurrida en su momento.
El juzgado aprecia un «error de base» en el recurso
El auto responde a la solicitud presentada por la empresa Beauty Beach S.L., gestora del establecimiento Margarita, que pretendía suspender dos decretos municipales relacionados con el cierre y con la denegación de una prórroga para seguir operando durante la temporada estival.
Sin embargo, la magistrada concluye que el planteamiento parte de un «error de base». El cierre no deriva de los decretos ahora recurridos, sino de una resolución anterior, dictada el pasado 29 de marzo, que limitó expresamente la autorización hasta el 5 de julio y que nunca fue impugnada por la empresa. Al ser firme, suspender los decretos posteriores no permitiría mantener abiertos los establecimientos.
La jueza añade además que acceder a la petición supondría, en la práctica, sustituir la decisión de la Administración y conceder provisionalmente una autorización que nunca llegó a otorgarse.
Sin autorización de la Autoridad Portuaria
Otro de los elementos determinantes de la resolución judicial es la ausencia de autorización de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, requisito imprescindible para ocupar el dominio público portuario donde se ubican los establecimientos.
El Ayuntamiento había inadmitido previamente la solicitud de prórroga precisamente porque esa autorización no existía. El juzgado respalda ahora ese argumento y recuerda que la legislación estatal exige disponer de dicho permiso para poder desarrollar la actividad.
La Autoridad Portuaria ya había confirmado que los establecimientos debían cesar su actividad al agotarse el plazo autorizado y no existir una nueva concesión que permitiera continuar durante los meses de verano.
Cuatro establecimientos afectados
Aunque el recurso fue presentado por la empresa gestora de Margarita, la resolución afecta de forma indirecta al conjunto de los establecimientos implicados en el conflicto.
Los locales Margarita, PhiPhi, Blu y Playa Canalla deberán cerrar sus puertas una vez expire la autorización municipal, salvo que se produzca algún cambio administrativo o judicial de última hora, algo que, tras esta resolución, parece altamente improbable.
Un conflicto con impacto económico y social
El cierre ha generado una intensa controversia en El Puerto de Santa María. Los empresarios sostienen que la clausura de los establecimientos supondrá la pérdida de alrededor de 300 empleos durante la temporada alta y afectará al turismo y a la actividad económica de la zona.
La patronal hostelera Horeca también ha mostrado su preocupación y ha advertido de cancelaciones de reservas vinculadas al cierre de unos locales que, durante los últimos años, se habían convertido en uno de los principales focos de ocio estival de la Bahía de Cádiz.
En paralelo, trabajadores de los establecimientos se han movilizado para reclamar una solución que permita mantener sus puestos de trabajo durante el verano.
Un caso rodeado de polémica
La situación de los chiringuitos lleva años generando controversia. Vecinos, usuarios del puerto deportivo y clientes de hoteles cercanos habían denunciado reiteradamente problemas relacionados con el ruido, la ocupación del espacio portuario y la suciedad generada por la actividad nocturna.
A ello se suma una denuncia presentada por Ecologistas en Acción, admitida por la Fiscalía, en la que la organización cuestiona la situación administrativa de estos establecimientos y el uso del dominio público portuario.
Además, uno de los empresarios vinculados a estos negocios, propietario del establecimiento Margarita, se encuentra en prisión provisional por una investigación relacionada con un presunto caso de blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico, aunque este procedimiento judicial es independiente del litigio administrativo sobre las licencias.
El Ayuntamiento defiende haber actuado conforme a la legalidad
Durante el pleno municipal celebrado este viernes, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Puerto defendió que todas las decisiones adoptadas responden al cumplimiento estricto de la normativa administrativa.
La concejala de Desarrollo Urbano explicó que la autorización inicial fue concedida en 2021, prorrogada posteriormente y con vigencia hasta el 5 de julio de 2026. Tras la negativa de la Autoridad Portuaria a ampliar la concesión hasta septiembre, el Consistorio dictó los decretos que ordenan el cese de la actividad y el desmontaje de las instalaciones.
Con la resolución judicial conocida este viernes, el conflicto entra ahora en su fase definitiva. Salvo un cambio inesperado, los cuatro chiringuitos deberán bajar la persiana este fin de semana, poniendo fin a una de las controversias urbanísticas y administrativas más relevantes del verano en la costa gaditana.
