El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, ha solicitado un informe jurídico para determinar si el Ayuntamiento tendría alguna competencia para actuar ante una eventual visita del primer ministro israelí, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.
La posible asistencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre en Nueva York, ha abierto un debate de gran calado en Estados Unidos sobre el alcance de las competencias de las administraciones locales frente a resoluciones de tribunales internacionales.
El alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, ha confirmado que su equipo jurídico está estudiando si el Ayuntamiento dispone de algún instrumento legal que permita actuar en caso de que el dirigente israelí viaje a la ciudad para participar en la reunión anual de Naciones Unidas.
La iniciativa llega después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de detención contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar desarrollada por Israel en la Franja de Gaza, acusaciones que el Gobierno israelí rechaza de forma rotunda.
Un estudio jurídico antes de adoptar cualquier decisión
Durante una entrevista concedida al diario The New York Times, Mamdani explicó que el objetivo no es anunciar ninguna medida inmediata, sino conocer con exactitud qué margen de actuación tendría el consistorio dentro del marco legal estadounidense.
El alcalde aseguró que cualquier actuación deberá respetar escrupulosamente la legislación vigente y señaló que ha encargado a los servicios jurídicos municipales un análisis detallado sobre las competencias de la ciudad en un supuesto de estas características.
En sus declaraciones también manifestó que, a su juicio, Netanyahu debería comparecer ante la justicia internacional en La Haya, aunque reconoció que cualquier actuación dependerá exclusivamente de lo que permita la legislación.
El papel de Estados Unidos frente a la Corte Penal Internacional
La cuestión presenta importantes dificultades desde el punto de vista jurídico.
Estados Unidos nunca ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional, por lo que no está obligado a ejecutar las órdenes de arresto dictadas por este tribunal.
A ello se añade que la Asamblea General de Naciones Unidas se celebra bajo un régimen jurídico específico que contempla determinadas garantías para los representantes de los Estados miembros, incluidas cuestiones relacionadas con la inmunidad diplomática y las competencias del Gobierno federal.
Especialistas en derecho internacional consideran que cualquier eventual actuación sobre un jefe de Gobierno extranjero correspondería previsiblemente a las autoridades federales estadounidenses y no a un ayuntamiento, circunstancia que reduce considerablemente la posibilidad de que una administración municipal pueda intervenir directamente.
Israel mantiene que el viaje seguirá adelante
Las autoridades israelíes reaccionaron rápidamente a las declaraciones realizadas desde Nueva York.
El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, aseguró que Benjamin Netanyahu mantiene previsto asistir a la Asamblea General y defendió que no existe ninguna base legal que permita impedir su participación.
Desde el Ejecutivo israelí también se insiste en que la Corte Penal Internacional carece de jurisdicción para investigar o procesar a dirigentes israelíes, argumento que Jerusalén mantiene desde el inicio del procedimiento abierto por el tribunal.
Un debate que trasciende el ámbito jurídico
La controversia vuelve a situar en primer plano las consecuencias internacionales de la guerra en Gaza y las investigaciones impulsadas por distintos organismos judiciales.
La orden de arresto dictada por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu supuso un hecho inédito por afectar al jefe de Gobierno de uno de los principales aliados de Estados Unidos, lo que ha generado interpretaciones muy diferentes sobre cómo deberían actuar los países que mantienen relaciones con Israel.
Mientras los Estados adheridos al Estatuto de Roma tienen la obligación de cooperar con la Corte en la ejecución de sus resoluciones, la posición estadounidense continúa siendo distinta al no reconocer la jurisdicción del tribunal.
Por ahora, la única actuación confirmada consiste en el estudio jurídico impulsado por el Ayuntamiento de Nueva York para determinar si existe alguna posibilidad legal de intervenir durante una hipotética visita del mandatario israelí. No existe ninguna orden de detención emitida por las autoridades federales estadounidenses y cualquier decisión dependería, en última instancia, del marco legal aplicable y de la interpretación de las competencias de cada institución.
