Una investigación de infoLibre ha identificado al menos a ocho altos cargos y cargos públicos ligados al PP de Madrid que perciben los bonos sociales energéticos diseñados para combatir la pobreza energética. La posibilidad de acceder a estas ayudas no se debe a una situación de vulnerabilidad económica, sino a un vacío legal que permite a las familias numerosas beneficiarse de ellas sin que exista un límite de renta.
La información reabre un debate que ya generó polémica hace tres años y que todavía sigue sin una solución definitiva. El Gobierno central anunció entonces su intención de reformar el sistema para incorporar criterios económicos también a las familias numerosas, pero esa modificación aún no se había aplicado cuando se concedieron estas ayudas.
Sueldos públicos elevados y acceso a ayudas sociales
Entre los beneficiarios señalados por la investigación figuran nombres destacados del entorno político madrileño, como el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, quienes habrían percibido la subvención para calefacción correspondiente al bono térmico. Según los datos publicados, ambos llevan varios años disfrutando de este beneficio.
La relación de beneficiarios incluye además a otros diputados autonómicos, un consejero del Gobierno regional, un alto cargo de la Comunidad de Madrid, una concejala del Ayuntamiento de la capital y una integrante de la ejecutiva regional del partido. Algunos de ellos cuentan con retribuciones públicas superiores a los 100.000 euros anuales.
La investigación destaca que no es posible confirmar oficialmente si todos ellos reciben también el bono social eléctrico, ya que esa información no es pública. Sin embargo, el acceso al bono térmico exige previamente ser beneficiario del eléctrico, por lo que se presume que ambos mecanismos están vinculados.
Un sistema pensado para combatir la pobreza energética
El bono social eléctrico y el bono térmico fueron creados para ayudar a los hogares con dificultades para afrontar el coste de la energía. En España, según los datos recogidos en la investigación, millones de familias sufren algún grado de pobreza energética y una parte importante no puede cubrir adecuadamente sus necesidades básicas de calefacción o electricidad.
Sin embargo, la legislación vigente permite que las familias numerosas accedan automáticamente a estas ayudas sin necesidad de acreditar un determinado nivel de ingresos. Ese criterio, introducido hace años, se mantiene vigente y ha permitido que hogares con rentas elevadas también puedan beneficiarse de descuentos financiados con recursos públicos y con aportaciones de los consumidores eléctricos.
El bono social eléctrico supone una reducción significativa en la factura de la luz, mientras que el bono térmico consiste en una ayuda económica anual destinada a sufragar gastos de calefacción. Ambos mecanismos fueron concebidos como instrumentos de protección frente a la vulnerabilidad energética.
Un vacío legal pendiente de corregir
Tras las primeras polémicas surgidas en 2023, el Ejecutivo anunció su intención de modificar la normativa para introducir criterios de renta en todos los supuestos, incluidas las familias numerosas. No obstante, la reforma se ha ido retrasando.
De acuerdo con la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, el Gobierno prevé vincular el acceso a estas ayudas a los ingresos familiares, eliminando la posibilidad de que hogares con rentas altas accedan automáticamente por el mero hecho de contar con el título de familia numerosa. La medida todavía requiere cambios normativos para su aplicación definitiva.
Expertos en pobreza energética citados por la investigación consideran que la finalidad de estas ayudas debe ser proteger a quienes realmente atraviesan dificultades económicas y sostienen que el actual modelo genera distorsiones al no evaluar la capacidad económica de determinados beneficiarios.
El PP defiende que se cumplen los requisitos legales
Según la información publicada, el PP de Madrid no ha confirmado ni desmentido los nombres concretos de los beneficiarios, aunque sostiene que quienes perciben estas ayudas lo hacen porque cumplen los requisitos establecidos en la legislación vigente.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya defendió públicamente en anteriores ocasiones que estos bonos no estaban reservados exclusivamente a personas vulnerables, sino que también respondían a una política de apoyo a las familias numerosas.
La investigación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el diseño de las ayudas públicas y la necesidad de ajustar los criterios de acceso para que los recursos destinados a combatir la pobreza energética lleguen prioritariamente a quienes más los necesitan.
