La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha advertido de que cerca de 43.000 agricultores y ganaderos profesionales se jubilarán en España entre noviembre de 2026 y octubre de 2030. Ante las elecciones generales del 29 de noviembre, la organización reclama un pacto de Estado para garantizar el relevo generacional en el campo y frenar la concentración de tierras y derechos de agua en manos de grandes fondos de inversión. COAG considera necesario incorporar entre 8.000 y 10.000 jóvenes al año para evitar una reducción del 17 % del tejido profesional agrario durante la próxima legislatura.
COAG reclama medidas urgentes para garantizar el relevo generacional en el campo
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos ha presentado este miércoles, 4 de noviembre, en Madrid, sus propuestas electorales dirigidas a los partidos políticos que concurrirán a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Bajo la pregunta «¿Quién cultivará lo que comeremos?», COAG sitúa el relevo generacional, el acceso a la tierra y la protección de las explotaciones familiares entre las principales prioridades que, a su juicio, debería abordar el próximo Gobierno.
La organización advierte de que el envejecimiento de los profesionales agrarios coincide con una creciente presencia de grandes fondos de inversión en el mercado de tierras agrícolas, una situación que considera especialmente perjudicial para los jóvenes interesados en incorporarse a la actividad.
Según su última nota técnica sobre jubilaciones agrarias, elaborada a partir de extracciones de la Tesorería General de la Seguridad Social correspondientes al CNAE 01, entre 2026 y 2030 se jubilarán aproximadamente 43.000 agricultores y ganaderos profesionales.
La estimación se sitúa en una horquilla de entre 40.000 y 46.000 jubilaciones, equivalente a unas 10.800 salidas anuales. COAG calcula que esta evolución afectará al 17 % de los trabajadores autónomos agrarios en activo.
Para compensar esa reducción, considera necesario incorporar entre 8.000 y 10.000 jóvenes cada año. De no producirse suficientes incorporaciones, la organización estima que el colectivo podría reducirse hasta aproximadamente 200.000 afiliados en 2030.
Los fondos de inversión dificultan el acceso a la tierra y al agua
COAG identifica la concentración de la propiedad agraria y de los derechos de agua como uno de los principales obstáculos para el establecimiento de nuevos profesionales.
Según las cifras difundidas por la organización, más de 900 fondos de inversión gestionan tierras en la península ibérica por un valor superior a los 100.000 millones de euros.
También sostiene que la compraventa de fincas rústicas ha aumentado un 20 % respecto a 2019, en un mercado donde los grandes inversores muestran especial interés por las explotaciones de regadío con acceso a recursos hídricos.
El sindicato agrario denuncia que esta situación eleva el coste de entrada al sector y dificulta que los jóvenes puedan adquirir o arrendar terrenos suficientes para desarrollar explotaciones económicamente viables.
En determinadas comarcas sometidas a una mayor presión inversora, COAG afirma que los precios de la tierra se han duplicado y que los arrendamientos han llegado a triplicarse.
La organización también alerta sobre la concentración del valor de la producción. Según los datos que presenta, el 6,6 % de las grandes empresas agrarias concentra el 42 % de dicho valor.
A ello se suma el envejecimiento de los trabajadores autónomos agrarios: el 7,8 % de los afiliados supera los 65 años, mientras que los menores de 40 representan el 19,8 %.
El secretario general de COAG, Andrés Góngora, ha cuestionado el destino de la riqueza generada por el sector y el impacto de la entrada de capital financiero en las explotaciones agrícolas.
«La agricultura y la ganadería tienen un gran futuro en España. Lo que está en peligro es el modelo social y profesional de pequeños y medianos agricultores y ganaderos», ha señalado.
Góngora considera que los jóvenes agricultores no pueden competir en igualdad de condiciones con los grandes inversores cuando necesitan acceder a tierras y recursos hídricos para dimensionar sus explotaciones.
Un pacto de Estado para proteger el suelo agrario
La principal propuesta política de COAG consiste en impulsar un Pacto de Estado por el Relevo Generacional y la Protección del Suelo Agrario.
La organización reclama que todas las fuerzas políticas asuman el futuro del sector agroalimentario como una cuestión estratégica y acuerden medidas para evitar el acaparamiento especulativo de tierras y concesiones de agua.
Entre sus propuestas figura limitar el acceso a las ayudas públicas de los fondos de inversión y del capital financiero sin vinculación territorial.
También plantea crear instrumentos que faciliten la movilización de terrenos hacia agricultores profesionales en activo y aprobar un estatuto específico del agricultor y ganadero profesional que establezca prioridades en las políticas públicas.
COAG defiende un modelo basado en explotaciones familiares, con agricultores y ganaderos que trabajen directamente la tierra, residan en el medio rural y contribuyan a mantener la actividad económica de los municipios.
COAG propone reservar el 10 % de la PAC para los jóvenes
La Política Agraria Común ocupa un lugar destacado entre las medidas electorales planteadas.
COAG propone reservar al menos el 10 % del presupuesto de la PAC para los jóvenes agricultores y ganaderos, además de establecer un paquete específico de instalación con un límite de edad de 40 años.
La organización solicita igualmente mecanismos de apoyo para los nuevos profesionales que se incorporen al sector después de cumplir esa edad.
En materia fiscal, plantea establecer un régimen específico durante los cinco primeros años de actividad, eximir del IRPF las ayudas a la incorporación y facilitar la libre amortización para jóvenes y profesionales.
También reclama incentivos fiscales para quienes vendan o arrienden tierras a nuevos agricultores, con el propósito de favorecer el acceso a explotaciones productivas.
En financiación, las propuestas incluyen líneas de crédito preferente, avales públicos, fondos de garantía y una mejora de los procedimientos de los créditos ICO-SAECA.
Medidas específicas para las mujeres agricultoras y ganaderas
El documento presentado por COAG incorpora un conjunto de propuestas destinadas a mejorar la incorporación y permanencia de las mujeres en el sector.
Entre ellas figuran ayudas al pago de cotizaciones en explotaciones de titularidad compartida y procedimientos administrativos homogéneos en todas las comunidades autónomas.
La organización también reclama extender a las mujeres mayores de 40 años determinadas bonificaciones de la Seguridad Social para cónyuges que trabajan en explotaciones agrarias.
Otras medidas afectan al reconocimiento de los periodos dedicados al cuidado de hijos y familiares, la cobertura de lagunas de cotización y la adaptación de las aportaciones a los ingresos reales.
COAG solicita incorporar la perspectiva de género al diseño y seguimiento de la nueva PAC, así como valorar la titularidad femenina o compartida en la concesión de ayudas.
La mejora de los servicios de proximidad y del apoyo a los cuidados en el medio rural completa este apartado de propuestas.
Menos burocracia y mejores servicios en los pueblos
La organización considera que el acceso a la tierra y a la financiación debe acompañarse de medidas que permitan desarrollar un proyecto de vida estable en el medio rural.
Por ello, reclama simplificar los procedimientos de incorporación mediante una tramitación ágil y única, así como mejorar el acceso a la vivienda, la conectividad y los servicios públicos.
COAG plantea además una definición vinculante de agricultor profesional que condicione el acceso a determinadas ayudas.
Entre las mejoras de protección social solicita la exención de cotizaciones desde el primer día de incapacidad temporal, una prestación por cese de actividad equiparable al desempleo y cotizaciones ajustadas a los rendimientos reales.
El documento electoral también propone establecer un límite de 60.000 euros por persona activa en las ayudas y excluir la degresividad, con el objetivo declarado de favorecer a las explotaciones familiares y profesionales.
Estas medidas forman parte del documento que COAG trasladará a los partidos políticos ante los comicios del 29 de noviembre. Su posible aplicación dependerá de los compromisos que asuman las formaciones y de las decisiones legislativas y presupuestarias posteriores.
