Tras los acuerdos alcanzados en la reciente Junta Local de Seguridad celebrada en Almonte (Huelva), el Ayuntamiento de la localidad ha puesto en marcha un censo para identificar las «casas pateras» existentes en su término y contra los «empadronamientos masivos».
En un comunicado, recogido por Europa Press, el Consistorio almonteño señala que se trata de una acción “coordinada que busca mejorar la seguridad y la calidad de vida en el municipio».
Para el Gobierno local, la creación de este censo responde a la «preocupación de los vecinos», quienes realizaron recientemente una concentración pacífica pidiendo más seguridad.
Según el comunicado del Ayuntamiento de Almonte, el objetivo principal de este censo es asegurar que todas las viviendas alquiladas «cumplen con las condiciones de habitabilidad necesarias para el número de ocupantes que albergan».
Aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos serán objeto de inspecciones por parte de funcionarios municipales, quienes levantarán actas para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, ha advertido el Consistorio en una nota de prensa.
Además, el Ayuntamiento notificará al Ministerio de Hacienda y a la Consejería con competencias en la materia para que procedan a liquidar los impuestos correspondientes a los contratos de alquiler de dichas viviendas. Con esto, «se busca regularizar la situación fiscal y asegurar que los propietarios cumplen con sus obligaciones tributarias».
Los resultados de estas inspecciones serán remitidos tanto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como a las administraciones autonómicas y estatales competentes para que «tomen las medidas necesarias».
«El Consistorio está comprometido en abordar este problema que afecta de manera directa a la convivencia y a la seguridad del municipio», ha remarcado el Ayuntamiento.
El actual equipo de gobierno, «consciente de la gravedad de esta situación heredada de gobiernos anteriores», ha decidido tomar estas acciones como «una respuesta necesaria y urgente para regularizar esta problemática».
El control sobre las «casas pateras» y los «empadronamientos masivos» forma parte de una «estrategia más amplia para garantizar la seguridad y la convivencia en Almonte, en colaboración constante con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».
Durante la pasada legislatura, «el gobierno compuesto por Mesa-PSOE-PP no controló este colapso que permitió casos de hasta 80 y 100 personas empadronadas en una sola vivienda, lo que provocó un efecto llamada que ha convertido a Almonte en un foco de empadronamientos masivos».
En respuesta a esta saturación generada en los servicios municipales, por la «llegada masiva de personas que buscan empadronarse en el municipio», el Ayuntamiento ha introducido una tasa para la expedición de certificados de empadronamiento, alineándose con lo que ya se aplica en otras localidades.
