La Cámara Baja aprueba la reforma del Código Penal impulsada por el PSOE para convertir en delito las llamadas terapias de conversión. Vox votó en contra y el PP optó por la abstención. La norma continuará ahora su tramitación en el Senado.
El Congreso de los Diputados ha dado un paso decisivo para que las denominadas terapias de conversión dirigidas a personas LGTBI pasen de ser una infracción administrativa a convertirse en un delito castigado con penas de prisión. La reforma del Código Penal, impulsada por el Grupo Socialista, fue aprobada este jueves por 178 votos a favor, 32 en contra —correspondientes a Vox— y 137 abstenciones, entre ellas las del Partido Popular. La iniciativa continuará ahora su recorrido parlamentario en el Senado antes de su aprobación definitiva.
La nueva normativa incorpora al Código Penal un nuevo artículo 173 bis, que castigará con penas de seis meses a dos años de cárcel, además de multas económicas, a quienes promuevan, practiquen o apliquen procedimientos destinados a modificar, reprimir, negar o alterar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género de una persona. La protección se aplicará incluso cuando exista un supuesto consentimiento de la víctima, al considerar que este tipo de prácticas atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales.
De sanción administrativa a delito
Hasta ahora, las terapias de conversión ya estaban prohibidas en toda España desde la entrada en vigor de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI. Sin embargo, su persecución se limitaba al ámbito administrativo mediante multas o sanciones impuestas por las comunidades autónomas.
Con esta reforma, el Congreso da un paso más y traslada estas conductas al ámbito penal, equiparándolas a otras formas de violencia contra la integridad moral. El objetivo es reforzar la protección de las víctimas y facilitar la actuación de la Justicia frente a unas prácticas que la ONU ha calificado en distintas ocasiones como formas de trato cruel, inhumano o degradante.
Qué son las terapias de conversión
Las llamadas terapias de conversión son procedimientos que pretenden cambiar o suprimir la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Diversas organizaciones científicas, sanitarias y de derechos humanos sostienen desde hace años que carecen de base científica, pueden provocar graves daños psicológicos y fomentan la estigmatización de las personas LGTBI.
Según explicó durante el debate parlamentario el diputado socialista Víctor Gutiérrez, impulsor de la iniciativa, estas prácticas «no son terapias, sino una forma de violencia», y su penalización busca impedir que continúen produciéndose bajo cualquier apariencia o justificación.
Así votaron los partidos
La iniciativa obtuvo el respaldo del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Junts, Podemos, Compromís y otras formaciones minoritarias.
El Partido Popular optó por la abstención. Durante el debate, su diputado Jaime de los Santos afirmó que las terapias de conversión constituyen una vulneración de los derechos humanos, aunque criticó el contenido de la proposición por considerar que incorporaba aspectos que calificó de ideológicos y anunció que su grupo intentará modificar el texto durante la tramitación en el Senado.
Por su parte, Vox fue el único grupo que votó en contra. La formación defendió que la reforma limita la libertad individual y cuestionó la necesidad de crear un nuevo tipo penal específico.
Colectivos LGTBI celebran el avance
Las principales asociaciones en defensa de los derechos LGTBI han recibido con satisfacción la aprobación de la norma.
La asociación No es terapia, integrada por supervivientes de estas prácticas, considera que la reforma supone un reconocimiento institucional del daño sufrido por muchas personas y un paso importante para evitar que estos procedimientos continúen desarrollándose, especialmente en determinados entornos religiosos o pseudoterapéuticos.
No obstante, varias organizaciones también han reclamado que la futura ley vaya acompañada de medidas de apoyo psicológico, asistencia jurídica, reparación y protección social para las víctimas, así como campañas de sensibilización y prevención.
La ley aún debe superar el trámite del Senado
Aunque el Congreso ha dado el visto bueno al texto, la reforma todavía no ha entrado en vigor.
La proposición de ley deberá ser debatida ahora en el Senado, donde los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas antes de su aprobación definitiva. Si la Cámara Alta introduce modificaciones, el texto volverá posteriormente al Congreso para su ratificación final.
Con esta reforma, España se situaría entre los países europeos que han optado por criminalizar expresamente las terapias de conversión, reforzando la protección penal de las personas LGTBI frente a unas prácticas que las principales organizaciones internacionales consideran incompatibles con los derechos humanos.
