El Juzgado de Instrucción de Sevilla que investiga la adjudicación directa de más de 234 millones de euros en contratos de emergencia a clínicas privadas entre 2020 y 2024 ha emitido una providencia clave en la causa. Por primera vez, el juez José Antonio Gómez dirige sus requerimientos directamente al Consejo de Gobierno andaluz, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, por su papel en la retirada del control previo a los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en plena pandemia.
La nueva línea de investigación se centra en el acuerdo adoptado el 6 de octubre de 2020, cuando el Consejo de Gobierno eliminó la fiscalización previa por parte de la Intervención General para determinados gastos públicos, entre ellos los contratos de emergencia del SAS. Esta medida fue impulsada por el entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo —actual vicesecretario general del Partido Popular—, y rubricada por el presidente andaluz. La exinterventora general, Amelia Martínez, hoy viceconsejera de Hacienda, avaló el cambio con el argumento genérico de una mayor “agilidad y eficacia”, sin relacionarlo específicamente con la pandemia.
En la providencia, el juez solicita a la Intervención General de la Junta de Andalucía el expediente completo —incluyendo propuestas, consultas o cualquier otro documento— que originó la memoria sobre el proyecto de acuerdo del Consejo de Gobierno. El magistrado recuerda que, mediante dicho acuerdo, se sustituyó el control previo por un control financiero permanente, lo que presuntamente habría permitido la adjudicación de contratos sin el correspondiente control preventivo.
Señales de alarma internas
El juzgado también reclama todos los informes de disconformidad emitidos por la Intervención Central del SAS, como el fechado en agosto de 2020, que advertía sobre posibles irregularidades en expedientes tramitados por vía de emergencia. La documentación solicitada podría demostrar si hubo alertas internas que fueron presuntamente ignoradas por la administración andaluza.
Los contratos bajo sospecha fueron gestionados principalmente por Miguel Ángel Guzmán, entonces director gerente del SAS, imputado en esta causa por un presunto delito de prevaricación, junto a sus sucesores Diego Vargas y la actual gerente Valle García.
Además, el juzgado ha reiterado un oficio a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que identifique a los auditores que participaron en la elaboración del Informe de Fiscalización de contratos tramitados durante la gestión de la pandemia, aprobado en julio de 2023.
Contratos sin control, incluso tras el estado de alarma
Uno de los aspectos más delicados que investiga el juez es que, meses después de finalizar el estado de alarma, se continuaron adjudicando contratos por vía de emergencia a clínicas privadas, muchos de ellos presuntamente sin justificación legal suficiente y sin los mecanismos de control público habituales.
La investigación judicial ha revelado que los contratos se beneficiaron de la suspensión del control previo, lo que presuntamente permitió adjudicaciones sin concurrencia pública, bajo el argumento de la urgencia sanitaria. Sin embargo, parte de los contratos fueron firmados cuando la emergencia ya no estaba legalmente vigente, lo que podría constituir un uso irregular del procedimiento excepcional habilitado durante la pandemia.
El Consejo de Gobierno, en el foco judicial
La decisión de retirar el control previo no fue meramente técnica. En ella participaron altos cargos políticos y técnicos de la Junta de Andalucía. El acuerdo fue firmado por el propio presidente Moreno Bonilla y por Juan Bravo, y supuso un cambio sustancial en el sistema de control del gasto público.
La memoria justificativa —ahora requerida por el juez— no contenía fundamentos específicos sobre los contratos del SAS. Solo aludía a una supuesta “madurez y autodisciplina” en la gestión pública, según la confianza expresada por la interventora Amelia Martínez.
La causa judicial continúa en fase de instrucción y trata de esclarecer si estas decisiones administrativas favorecieron presuntamente la adjudicación irregular de contratos millonarios a empresas privadas, en un contexto en el que ya no existía cobertura legal de emergencia.
