Presidente, en mi anterior columna me centré en los temas de educación para reclamarle una mayor atención en sus quehaceres. Hoy me adentraré en estos otros dos ámbitos de los servicios básicos cuando se cumplen cuarenta años desde que se aprobaron los reales decretos por los que se transfirieron desde el Estado las funciones y los servicios del INSALUD y del INSERSO. El primero el 22 de febrero, y el segundo algo más tarde, el 1 de agosto. Acorde con dichos traspasos se crearon el Servicio Andaluz de Salud (SAS), por la Ley 8/1986, y el Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS), mediante la Ley 2/1988; ambos se concibieron como organismos para la gestión de las competencias asumidas en nuestro Estatuto a través de los sistemas públicos.
En cuanto al ejercicio de las competencias en materia de sanidad, que se regulan en el artículo 22 del Estatuto, entroncando necesariamente con la Constitución en su artículo 43, establece la garantía de la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal. Pues sí, eso dice, sistema público y de carácter universal, que no le sorprenda. Veamos algunos datos porque ya ocupamos el último lugar del ranking en el conjunto de las 17 CCAA y esta es su radiografía, la de la precarización del modelo público y el irresistible avance del seguro privado de salud.
En 2022, el gasto sanitario privado representó ya un 29,4% sobre el total del gasto sanitario andaluz, prácticamente el mismo porcentaje que suponen las camas privadas sobre el total de camas del sistema (26%).
La población asegurada privada alcanzó en 2022 la cifra de 1.782.796 personas (el 20,97% de la población total), con un crecimiento muy importante año tras año. El capítulo de los conciertos sanitarios dentro del presupuesto del SAS ha crecido nada menos que un +33,07% entre 2018 y 2022, mientras que el gasto sanitario público total per cápita solo ha crecido un +11,70% entre esos años.
El grado de privatización de los servicios sanitarios ha aumentado en estos últimos años, esto es una realidad. En 2019 (primer año de su presidencia) éramos los terceros que menor grado teníamos, en 2023 somos los sextos que mayor grado de privatización tenemos, lo que no es de extrañar si ya un 53% de los hospitales son privados.
Si a los datos anteriores unimos la actividad asistencial pública, con el deterioro de la atención primaria y los cierres periódicos de sus centros de salud, o las eternas listas de espera y su falta de transparencia a la que nos tienen acostumbrados (en estos días se ofrecen en la web los datos de junio de 2023), la falta de compromiso y de estrategia de su gobierno para con los profesionales sobre cuyas espaldas recayó gran parte de la atención prestada en aquellos días de la COVID (recientemente diagnosticada por la Cámara de Cuentas), la denuncia en estos días de los sindicatos del transporte sanitario por la actitud monopolística encubierta que promueven determinados fondos de inversión con su anuencia, el bochorno por las sospechas de filtraciones de los exámenes de las recientes oposiciones al SAS, hace que no podamos sino concluir que en sanidad no es que estemos muy lejos de cumplir con el mandato estatutario, es que estamos en claro retroceso, pues el modelo público andaluz ha pasado a ser un modelo “low cost”.
Ha puesto el sistema al borde de la ruina como hizo Thatcher con el británico (NHS), de lo que nunca se recuperó. Sí, el modelo público británico fue paradigmático en su día y su privatización demostró sobradamente que conllevó un aumento del gasto sanitario sin precedentes y no mejoró en absoluto la eficiencia en el funcionamiento del sistema. Lo que algunos profesionales calificaron como “la destrucción de un mito”. Le diré que ese mito estuvo muy presente en la configuración del modelo público del SAS cuando nació.
La realidad es que la sanidad privada en Andalucía cada vez gana más espacio al sistema público, que el aseguramiento privado solo va dirigido a personas sanas y con recursos económicos que se lo puedan permitir (si no lo cree, que sus familiares de avanzada edad, con pluripatologías, o enfermos crónicos traten de suscribir una póliza a tales efectos, creo que cualquiera puede pronosticar el resultado), que el sistema público destina año tras año más recursos a la actividad sanitaria concertada, que pierde personal sanitario de altísima cualificación con destino a la privada, a otras CCAA u otros países. Es descorazonador observar el nivel de ineficiencia alcanzado y el ridículo hecho con la catarata de dimisiones en la cadena de mando de la Consejería responsable, abochornados por esta abrumadora realidad.
En relación con el ejercicio de las competencias en materia de servicios sociales, que resulta muy amplio y sobrepasaríamos con creces el espacio de esta columna, vamos a tratar lo relativo a la dependencia, discapacidad y tercera edad. Estas competencias están recogidas fundamentalmente en los artículos 19, 23, 24 de nuestro Estatuto, trátese de las personas mayores, del sistema de prestaciones sociales y de los derechos de las personas con discapacidad o dependencia.
La necesidad de nuevas plazas residenciales para nuestros mayores es una realidad, más aún para las personas con dependencia severa (grado II) o grandes dependientes (grado III). Según datos de 2022 de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, recién publicados hace escasos días, Andalucía es la comunidad que mayor déficit de plazas presenta (necesitamos 32.670 plazas más). Además, vamos en el furgón de cola del conjunto de la distribución por CCAA (la 5 por la cola de 17) en porcentaje de plazas existentes, sean públicas o privadas, muy lejos de la ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años. Además, las plazas residenciales que cuentan con financiación pública se mantienen desde 2018, con una ratio de 1,92.
Pero es que, de los cinco índices (de cobertura de cada necesidad / población mayor de 65 años) que maneja el IMSERSO en sus estadísticas anuales, comparando 2022 con 2018, solo hemos mejorado en uno, en el correspondiente al servicio de ayuda a domicilio (2022 = 9,39%, 2018 = 6,24%). En todos los demás hemos empeorado lamentablemente. En el servicio de teleasistencia que éramos la primera en 2018 hemos disminuido (2022 = 15,82%, 2018 = 16,67%), y en centros de mayores también (2022 = 48,60%, 2018 = 55,49%), y en centros de día (2022 = 0,85%, 2018 = 0,93%) y en centros residenciales (2022 = 2,94, 2018 = 3,07).
En relación con el sistema de la dependencia, desde hace ya demasiado tiempo fluye información sindical preocupante en relación con la gestión en la grabación de solicitudes y la resolución de expedientes para el reconocimiento de prestaciones, su posible privatización como en Madrid, o la endémica falta de empleados/as para afrontar el importante volumen que acumula. Claro que teniendo usted sus antecedentes como el secretario de Estado que asestó el mayor hachazo nunca practicado al sistema no parece que sea infundada, o al menos no les falta motivos para recelar. En los últimos días usted ha anunciado un nuevo modelo de gestión para el reconocimiento de la dependencia que reducirá su plazo de espera a un año, enmarcándolo en una nueva entrega del tan cacareado plan de simplificación administrativa del que tanto presume. Pero comprenderá que mostremos nuestro temor de que vuelva a aplicar la misma ecuación: exteriorización de su queja y victimismo crónico ante la realidad (como si usted no fuera responsable) + anuncio de medidas simplificadoras de la burocracia reinante = privatización del servicio público. Estaremos muy pendientes.
Y sobre el reconocimiento de grado en personas con discapacidad no me extenderé pues ya fue objeto de una anterior columna una vez se publicó el reciente informe de la Cámara de Cuentas, y que evidenció la necesidad de acometer medidas urgentes para incrementar los equipos CVO y el número de profesionales que los integran. No anuncie más agilización de trámites y póngase manos a la obra ya que la UE ya ha anunciado la creación de la nueva tarjeta europea de discapacidad, que será expedida por las autoridades nacionales competentes en un plazo máximo de 60 días. Sí, ha leído bien. Que no le saquen los colores también en esto.
Ahora bien, sabemos que este diagnóstico no le es desconocido ahora que están entre sus facultades esos superpoderes de los que dice disponer para identificar a través de una simple mirada a los ojos las necesidades, los proyectos y las ayudas que precisa la ciudadanía para emprender algunos, y continuar otros, el duro camino de la vida, al Rocío o a quién sabe dónde. Creo que es el mejor testimonio dado por usted sobre lo que está detrás de la tan reiterada simplificación burocrática que predica.
Presidente, la deriva privatizadora que lleva adelante desde hace ya cinco años, en evidente menoscabo del carácter público con fueron concebidos estos derechos, solo pueden responder a dos motivaciones, o no le interesa el estado del bienestar para toda la ciudadanía, o simplemente no se cree el estado autonómico. O las dos.
Su acción de gobierno no persigue mantener, mejorar y terminar de desarrollar el ámbito competencial propio que Andalucía se ganó a pulso en las calles, en las que usted no estaba por razones obvias de su edad, pero tampoco su partido, que siempre obstaculizó hasta donde pudo que ese espíritu autonomista triunfara.
Debo recordarle a quien nos lee que usted no deja de ser un aventajado alumno de aquel (Aznar) de quién dijo que le dio el empujón para afiliarse al PP tras escucharlo en un mitin en la plaza de toros de Málaga. Porque aquel señor nunca creyó ni en la Constitución Española (CE), ni en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ni en los predecesores políticos en su partido (entonces AP).
Sabe, como yo, y si no lo sabe debe entrarse, que Aznar despotricó de UCD y AP por haberse implicado en la redacción y aprobación de la CE 1978. Tal era la división en su partido entonces que en el pleno del Congreso de los Diputados que votaba el dictamen final de la misma reportó un resultado de 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones. Su partido se fracturó en tres en aquella votación. De los 16 escaños que tenía su partido 8 votaron a favor, 5 en contra y 3 se abstuvieron. ¿Sabe con quién votaron en contra esos 5 diputados? Pues con el diputado de Euskadiko Ezquerra, formación que fue considerada la rama política de ETApm, integrada mayoritariamente por exmilitantes de ETA amnistiados. ¡Que paradoja!
Porque Aznar (ya no tan jovencito) se autodefinió como “falangista independiente” y no dejó de lanzar sus duros calificativos contra aquellos que se posicionaran a favor de la CE. Nunca cesó en su empeño de intentar contribuir a descarrilar el proceso llegando a afirmar que “en lugar de concebir un plan serio y razonable de la organización territorial de España se ha montado una charlotada intolerable que ofende el buen sentido” (La Nueva Rioja, mayo de 1979). Y ahora nos predica constitucionalismo por doquier y se nos erige en adalid de la ley suprema. ¿Las autonomías una charlotada? Que cada cual saque sus conclusiones.
Pero yo creo que en usted se dan ambas, la una por el relato educativo y sociosanitario hecho en esta columna y el demostrado deterioro de lo público y la otra por la ausencia de importancia que para usted tiene faltar a su juramento porque no se cree la autonomía. Pero debo recordarle que el acto del juramento no es baladí, y que debiera revisar el código de derecho canónico, porque la invocación del Nombre de Dios como testigo de la verdad solo puede prestarse con la verdad, con sensatez y con justicia (1199 § 1) y que al jurarlo libremente ha adquirido una peculiar obligación de religión de cumplir aquello que corroboró con tal juramento.
Y recuerde, que si su juramento redundare en perjuicio del bien común alguien habrá que pueda reclamar que su juramento no adquirió ninguna firmeza (1201 § 2).
¡Se imagina que lío! ¿Mire que si al final resulta que después de todo usted no es el presidente de las/los andaluzas/andaluces a los ojos de Dios?
Por favor, cumpla su juramento y gobierne para todas y todos. Su tranquilidad espiritual se lo agradecerá y Andalucía qué le voy a decir.
Luis Miguel Jiménez Gómez
Economista