La Audiencia Nacional cita como investigado al exjefe de la UDEF José Manuel García Catalán en una causa que investiga las supuestas maniobras policiales contra la formación morada entre 2015 y 2016
La Audiencia Nacional ha dado un nuevo paso en la investigación sobre la denominada “guerra sucia” contra Podemos durante los años de gobierno del Partido Popular. El juez Santiago Pedraz ha acordado la imputación del excomisario José Manuel García Catalán, quien fue uno de los máximos responsables de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y le ha citado a declarar el próximo 25 de junio. La decisión se enmarca en la causa que investiga presuntas operaciones policiales irregulares dirigidas contra Podemos y algunos de sus dirigentes durante los años 2015 y 2016.
La imputación llega después de que el magistrado estimara un recurso impulsado por la representación del exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que ejerce la acusación particular en este procedimiento judicial.
La investigación apunta a la llamada “policía patriótica”
La causa trata de esclarecer si desde determinadas estructuras policiales vinculadas al Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy se promovieron investigaciones sin control judicial destinadas a obtener información comprometedora contra Podemos.
Según las investigaciones, esas actuaciones habrían buscado construir o validar informaciones que vincularan a la formación morada con supuestas financiaciones irregulares procedentes de Venezuela o Irán, acusaciones que tuvieron una enorme repercusión política y mediática durante aquellos años.
La causa judicial se relaciona con actuaciones atribuidas a la denominada “policía patriótica”, una estructura policial paralela cuya existencia ha sido objeto de distintas investigaciones judiciales y parlamentarias en la última década.
El viaje a Nueva York y el exministro venezolano Rafael Isea
Uno de los episodios que investiga la Audiencia Nacional es el viaje realizado en 2016 por varios mandos policiales españoles a Nueva York para reunirse con el exministro venezolano Rafael Isea.
Según las diligencias conocidas, el objetivo habría sido conseguir declaraciones o documentación que sirvieran para incriminar a dirigentes de Podemos. Posteriormente, el propio Isea aseguró que fue presionado y que se le ofrecieron distintas garantías a cambio de colaborar con los investigadores españoles.
Entre los policías que participaron en aquellas actuaciones figura ahora García Catalán, cuya responsabilidad dentro de la UDEF durante aquellos años ha llevado al juez a modificar su situación procesal e incorporarlo formalmente como investigado.
Francisco Martínez, entre los acusados
La investigación no afecta únicamente a mandos policiales.
Entre las personas ya acusadas dentro de esta causa figura también Francisco Martínez, quien ocupó el cargo de secretario de Estado de Seguridad durante el mandato de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.
La instrucción trata de determinar el grado de conocimiento y participación que pudieron tener distintos responsables políticos y policiales en las actuaciones investigadas.
Hasta el momento, el juez ha mantenido fuera de esta causa al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, aunque éste se encuentra procesado en otra investigación de enorme relevancia política: la Operación Kitchen, relacionada con el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Un caso que vuelve a poner el foco sobre las cloacas del Estado
La decisión de Pedraz reabre uno de los capítulos más controvertidos de la política española de la última década.
Las denuncias sobre el uso de recursos policiales para perjudicar a adversarios políticos han sido objeto de múltiples investigaciones judiciales, comparecencias parlamentarias y revelaciones periodísticas desde mediados de la pasada década.
Podemos ha sostenido durante años que fue víctima de una campaña organizada desde sectores del Estado para desacreditar a la formación en un momento en el que experimentaba un fuerte crecimiento electoral y amenazaba el tradicional bipartidismo español.
Las investigaciones judiciales abiertas en los últimos años han ido reconstruyendo parte de aquellas actuaciones, aunque todavía quedan numerosos aspectos por esclarecer y responsabilidades por determinar.
Un nuevo frente judicial para el legado del PP de Rajoy
La imputación de uno de los principales responsables de la UDEF durante el Gobierno de Mariano Rajoy vuelve además a situar bajo escrutinio algunas de las actuaciones desarrolladas desde el Ministerio del Interior durante aquella etapa.
El caso se suma a otros procedimientos judiciales relacionados con las llamadas cloacas policiales, entre ellos la Operación Kitchen, que investiga el presunto uso de recursos públicos para espiar a Luis Bárcenas y proteger intereses del Partido Popular.
Ahora será la Audiencia Nacional la que deba determinar si aquellas operaciones contra Podemos fueron fruto de actuaciones individuales o si respondieron a una estrategia organizada desde estructuras policiales y políticas del Estado.
Por el momento, la decisión del juez Pedraz supone un nuevo avance en una investigación que vuelve a colocar en el centro del debate uno de los episodios más polémicos de la reciente historia política española.
