Agentes de la Policía Nacional de Sevilla han liberado a 21 víctimas de explotación laboral en el ámbito agrícola y han detenido a 15 responsables de presunta trata de seres humanos, miembros de una red criminal integrada por dos clanes familiares, siendo ordenado el ingreso en prisión de tres de los arrestados, quienes «no permitían a las víctimas beber ni comer durante la jornada laboral, pese a las altas temperaturas y al trabajo físico que debían realizar» en el campo. Una de las víctimas, menor de edad, estaba embarazada y sufrió un aborto debido a la explotación a la que era sometida.
La actuación policial, fruto de una investigación promovida durante un año y medio, se inició al tener conocimiento de la existencia de varias víctimas de trata de seres humanos en la localidad de Brenes, en Sevilla, a las que explotaban para el trabajo agrícola. Las investigaciones de los agentes permitieron poner al descubierto una organización criminal integrada por dos grupos familiares que llevaban un alto tren de vida.
Los integrantes del entramado falsificaban la identificación de las personas que realmente se encontraban trabajando, modificando documentos auténticos de nacionalidad rumana o moldava y cambiándoles la fotografía, con lo que en su lugar, constaba la de los trabajadores. De esta forma, no correspondía la filiación con la imagen, lo que les permitía continuar su actividad delictiva.
Captaban a las víctimas
Los integrantes de la organización criminal captaban en sus países de origen a las víctimas, de nacionalidad moldava y rumana, a través de anuncios y de redes sociales donde ofertaban trabajo en España. Publicitaban condiciones laborales y salarios ficticios, muy alejados de la realidad, ya que luego se verían en una situación de extrema necesidad durante su explotación.
Las trasladaban en autobús hasta Sevilla y dado que les pagaban el billete del viaje, las víctimas contraían una deuda que forzaba aún más su condición de vulnerabilidad. Una vez en Sevilla, miembros de la organización les llevaban hasta las localidades de Brenes y Cantillana, donde les alojaban en viviendas ocupadas bajo condiciones infrahumanas.
Las estancias tenían en su interior cables sueltos y pelados, sin la vaina de protección, con un grave peligro de que las víctimas se electrocutaran. Los colchones estaban sucios, apilados encima de cajas de recolección y había gran cantidad de moho y suciedad en las paredes y en el baño, según relata la Policía.
Las víctimas trabajaban «hasta la extenuación», realizaban diferentes tareas agrícolas durante largas jornadas laborales, siendo su principal actividad la recogida de productos hortofrutícolas.
Los responsables no permitían a sus víctimas beber ni comer durante el tiempo de trabajo, pese a las altas temperaturas y al esfuerzo físico que debían realizar. Incluso tenían que buscar comida en la basura cuando podían para poder alimentarse.
Desmayo en un supermercado
Al finalizar su jornada laboral, una de las víctimas se desmayó en un supermercado y los implicados la arrastraron por el suelo para sacarla de allí rápidamente bajo amenazas. Además, otra víctima, fruto de la desesperación, se precipitó por la ventana del lugar donde la recluían para intentar huir, produciéndose graves lesiones.
Durante la investigación se han llevado a cabo siete entradas y registros en las localidades sevillanas de Brenes y Cantillana, se han intervenido tres coches de alta gama, cinco machetes de grandes dimensiones, un bolígrafo pistola, una defensa extensible, 15 teléfonos móviles de alta gama, tres ordenadores, varios dispositivos de almacenamiento, nueve relojes de alta gama, joyas, más de 37.000 euros en efectivo y diversa documentación relacionada con la investigación.
La operación culminó con la liberación de 21 víctimas de explotación laboral y la detención de 15 personas en Cantillana y Brenes, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, usurpación de identidad y falsedad documental. Tras ser puestos a disposición judicial se ordenó el ingreso en prisión de los tres principales miembros de la organización.
El trabajo policial se ha coordinado con la Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía de Sevilla y ha recibido la colaboración de la Agregaduría de Interior de España en Rumanía y del Ayuntamiento de Brenes.
