El Tribunal Supremo ha confirmado recientemente y de manera firme la condena a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación impuesta al exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel del Moral, por su participación en la trama de corrupción conocida como “caso Matinsreg”.
La Sala de lo Penal desestimó los recursos presentados tanto por Del Moral como por tres empresarios vinculados a la empresa adjudicataria de servicios, ratificando el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Según la sentencia, el exconcejal autorizó y facilitó la aceptación de facturas con precios y conceptos inflados por una empresa encargada del mantenimiento de fuentes y alumbrado público en el municipio, provocando un perjuicio económico para el Ayuntamiento de más de 3,4 millones de euros. El Tribunal Supremo consideró probado que se facturaron productos químicos a precios muy superiores a los del mercado y una cantidad de horas de trabajo que no correspondía con la realidad.
Además, tres empresarios relacionados también han visto confirmadas sus penas, oscilan entre uno y cinco años de prisión, por su participación en el plan de sobrefacturación.
Por el contrario, otros responsables políticos señalados en la causa, como el exalcalde y exsecretario de Estado de Hacienda José Enrique Fernández de Moya y otro exconcejal del PP, Miguel Ángel García Anguita, fueron absueltos en instancias anteriores debido a falta de pruebas suficientes.
La sentencia del Supremo también obliga a los condenados a indemnizar de forma conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Jaén con más de 3,4 millones de euros por los daños causados a las arcas públicas.
Reacciones políticas
El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha declarado que el fallo confirma lo que consideró un “modus operandi” perjudicial para la administración local durante los gobiernos del PP y ha atribuido a esa formación la responsabilidad política del caso. Millán ha subrayado que la denuncia fue presentada originalmente por el grupo municipal socialista y ha instado a que la sentencia se ejecute con rapidez para recuperar los fondos defraudados
