Las declaraciones incorporadas a la causa recogen además que la cúpula de la UCO recibió instrucciones para “ponerse de perfil” en investigaciones con repercusión política
La investigación judicial conocida como caso Leire continúa dejando al descubierto episodios que afectan a la cúpula de la Guardia Civil y a algunas de las investigaciones más controvertidas de los últimos años. El sumario incorpora ahora la declaración del que fuera jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste, quien aseguró que el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, calificó como “totalmente prospectiva y malintencionada” una de las actuaciones desarrolladas en la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Según la documentación incorporada a la causa, los hechos se remontan al 12 de julio de 2024, cuando tuvo lugar una reunión entre responsables de la UCO, el director general de la Guardia Civil, el jefe de Policía Judicial y el Director Adjunto Operativo (DAO). Durante ese encuentro, Leonardo Marcos habría mostrado su malestar por determinadas diligencias solicitadas por los investigadores en el marco del procedimiento judicial que afectaba a David Sánchez.
De acuerdo con el testimonio recogido en el sumario, el entonces director general llegó a afirmar que la solicitud de determinados correos electrónicos realizada por la UCO era un oficio “totalmente prospectivo y malintencionado”, además de expresar su preocupación por el impacto que la investigación podía tener sobre la imagen del cuerpo.
La polémica sobre las investigaciones prospectivas
La cuestión de las llamadas investigaciones prospectivas ha sido uno de los elementos más discutidos dentro del procedimiento.
En términos jurídicos, una investigación prospectiva es aquella que busca indicios de delito sin partir de hechos concretos previamente acreditados. Este tipo de actuaciones han sido objeto de numerosas controversias en la jurisprudencia española, ya que pueden entrar en conflicto con las garantías procesales y los derechos fundamentales de las personas investigadas.
Precisamente esa fue la crítica que, según la declaración de Rafael Yuste, habría formulado Leonardo Marcos respecto a algunas de las diligencias planteadas por la UCO en el caso del hermano del presidente del Gobierno.
La orden de “ponerse de perfil”
El sumario incorpora además otro episodio especialmente relevante ocurrido apenas cuatro días después.
Según la declaración del exjefe de la UCO, el 16 de julio de 2024 se celebró una nueva reunión en dependencias de la unidad de investigación en la que participaron responsables policiales y varios agentes vinculados al caso. Durante ese encuentro, el Director Adjunto Operativo habría trasladado una instrucción clara a los investigadores: en procedimientos con repercusión política debían evitar actuar de forma proactiva y dejar que fuese la autoridad judicial quien marcara el ritmo de las actuaciones.
La expresión utilizada, siempre según el testimonio recogido en el sumario, fue que los agentes debían “ponerse de perfil” en aquellas investigaciones que afectaran al ámbito político.
Esta revelación ha generado un intenso debate sobre la autonomía operativa de las unidades de investigación y sobre los límites de la actuación policial en causas con una evidente repercusión institucional.
Un contexto marcado por las acusaciones cruzadas
Las declaraciones aparecen dentro del denominado caso Leire, una investigación que analiza una supuesta operación para influir en procedimientos judiciales y desacreditar a miembros de la UCO. La causa, instruida en la Audiencia Nacional, examina también contactos, reuniones e iniciativas dirigidas presuntamente a obstaculizar determinadas investigaciones que afectaban al entorno político del Gobierno y del PSOE.
Durante las últimas semanas han comparecido numerosos mandos policiales y agentes que han aportado versiones diferentes sobre las presiones internas existentes dentro de la Guardia Civil durante aquellos meses. Algunos testimonios sostienen que hubo intentos de limitar determinadas actuaciones, mientras que otros niegan haber recibido órdenes directas para modificar investigaciones.
El juicio sobre David Sánchez sigue su curso
Las revelaciones coinciden además con el desarrollo del procedimiento judicial relacionado con David Sánchez en Badajoz, donde continúan las declaraciones de testigos y responsables de la investigación.
Mientras algunos mandos de la UCO mantienen que existían indicios suficientes para justificar determinadas diligencias, otros testimonios han cuestionado parte de las conclusiones alcanzadas durante la instrucción.
La resolución final corresponderá a los tribunales, que deberán determinar tanto la validez de las actuaciones investigadas como la existencia o no de responsabilidades penales.
Un debate sobre independencia y control institucional
Más allá de las consecuencias judiciales concretas, el contenido del sumario vuelve a situar en el centro del debate público cuestiones relacionadas con la independencia de los cuerpos de investigación, la relación entre las estructuras policiales y el poder político, y las garantías que deben regir cualquier actuación judicial.
Las nuevas revelaciones incorporadas al procedimiento han convertido el caso en uno de los asuntos más sensibles de la actualidad política y judicial española, con implicaciones que trascienden a los protagonistas directos de la investigación.
