La situación judicial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, se complica tras la entrega al juzgado de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que cuestiona algunos de los pilares de su actividad empresarial. Los investigadores consideran que una de sus sociedades carecía de estructura suficiente para prestar los servicios por los que facturó cientos de miles de euros al grupo Quirón, mientras Hacienda cifra en 4,4 millones de euros los ingresos obtenidos por sus empresas entre 2021 y 2023.
El documento llega aproximadamente un año después de que la investigación fuera encargada por el juzgado y se incorpora a la causa en la que se investigan presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, una pieza separada de la ya conocida investigación por presunto fraude fiscal.
La UCO cuestiona una empresa que facturó sin tener medios para trabajar
Uno de los aspectos más contundentes del informe se refiere a la empresa Masterman & Whitaker, anteriormente denominada Círculo de Belleza.
Según la UCO, la sociedad no disponía de personal ni de infraestructura técnica suficiente para desarrollar los trabajos de consultoría que posteriormente facturó al grupo Quirón. Los investigadores consideran que la empresa carecía de los recursos necesarios para justificar los servicios prestados, circunstancia que refuerza las sospechas que ya habían sido planteadas por la Agencia Tributaria.
La conclusión resulta especialmente relevante porque esa sociedad fue utilizada para emitir facturas por importes muy elevados a empresas vinculadas a Quirón durante los años posteriores a su adquisición.
Una compra de 500.000 euros que sigue generando dudas
La investigación también pone el foco sobre la compra de la empresa.
González Amador adquirió en 2020 una sociedad dedicada al sector de la estética por aproximadamente 500.000 euros, una operación que continúa despertando dudas entre los investigadores debido al escaso valor patrimonial que aparentemente tenía la mercantil en aquel momento.
La Fiscalía y la UCO investigan si esa adquisición pudo ocultar en realidad una operación distinta a una simple compraventa empresarial. Una de las hipótesis analizadas es que pudiera tratarse de una contraprestación vinculada a negocios mantenidos con el entorno de Quirón Prevención.
Por el momento no existe ninguna resolución judicial que establezca responsabilidades penales, pero los investigadores consideran que la operación presenta elementos que justifican seguir profundizando en su análisis.
Hacienda cifra en 4,4 millones los ingresos procedentes de Quirón
Paralelamente, la Agencia Tributaria ha remitido al juzgado otro informe que aporta nuevas cifras sobre la actividad empresarial de González Amador.
Según Hacienda, las sociedades Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker facturaron 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre los años 2021 y 2023, periodo durante el cual el empresario ya mantenía una relación con la presidenta madrileña.
Los investigadores intentan determinar ahora si todos esos servicios se correspondían efectivamente con trabajos realizados o si parte de las operaciones podrían responder a otros fines distintos a los reflejados formalmente en la documentación mercantil.
El dinero de las mascarillas vuelve a aparecer en la investigación
Otra de las líneas de trabajo de la Guardia Civil se centra en el origen de algunos fondos utilizados por González Amador.
La UCO recuerda que una de sus empresas obtuvo cerca de dos millones de euros en comisiones por intermediar en operaciones de venta de material sanitario durante la pandemia, una actividad que ya había sido objeto de atención pública en los últimos años.
Los investigadores tratan de determinar si parte de esos recursos pudieron acabar vinculados a operaciones empresariales posteriores que hoy forman parte de las diligencias judiciales.
Un año de retrasos y una investigación bajo la lupa
La entrega del informe pone fin a meses de polémica por las demoras acumuladas en la investigación.
Diversas acusaciones populares y partidos políticos habían denunciado durante los últimos meses la lentitud en la elaboración del documento y el retraso en la autorización de diligencias clave, entre ellas el acceso a cuentas bancarias y movimientos financieros.
Finalmente, el pasado 11 de junio el juez autorizó a la UCO a rastrear las cuentas bancarias de González Amador desde 2014 para analizar la evolución de su patrimonio y el origen de determinados movimientos económicos.
Un problema político para Ayuso
Aunque Isabel Díaz Ayuso no está investigada en esta causa, las revelaciones vuelven a situar a la presidenta madrileña en una posición incómoda desde el punto de vista político.
La oposición lleva meses denunciando que los problemas judiciales de su pareja proyectan una sombra sobre el discurso de ejemplaridad que el Partido Popular mantiene en otros ámbitos. La publicación de los nuevos informes refuerza además un debate político que no ha dejado de crecer desde que se conocieron las primeras investigaciones sobre González Amador.
Desde una perspectiva progresista, el caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión recurrente en la política española: la necesidad de exigir transparencia cuando existen dudas sobre operaciones empresariales vinculadas a personas situadas en el entorno inmediato de responsables públicos. Mientras la investigación judicial continúa su curso, el informe de la UCO deja una conclusión difícil de ignorar: los investigadores consideran que algunas de las operaciones realizadas por el novio de Ayuso presentan suficientes interrogantes como para seguir examinando el origen y el destino de millones de euros.
