La nueva estructura del Ejecutivo de PP y Vox incrementa el gasto en personal directivo y eventual. La Junta asegura que no se eliminarán puestos, sino la dotación presupuestaria de vacantes sin cubrir
El nuevo Gobierno andaluz de coalición entre Partido Popular y Vox financiará el incremento del gasto derivado de la ampliación de su estructura política mediante la retirada de dotación presupuestaria destinada a plazas vacantes de la Administración General y el ajuste de otras partidas económicas. La medida figura en los informes económicos que acompañan a los decretos de organización del Ejecutivo autonómico y supone destinar más de tres millones de euros anuales a sufragar el aumento de altos cargos, personal eventual y nuevos órganos directivos.
La reorganización del Ejecutivo, aprobada tras la formación del Gobierno de coalición, incorpora tres vicepresidencias, nuevas direcciones generales y un puesto eventual adicional en cada una de las trece consejerías, una ampliación que eleva el coste de la estructura política respecto al presupuesto inicialmente previsto. Según la documentación económica, ese incremento obliga a realizar modificaciones internas para mantener el equilibrio del capítulo destinado a gastos de personal.
Más altos cargos y menos dotación para vacantes
El informe económico de la Consejería de Presidencia establece que, cuando la nueva organización genere un incremento de costes, la financiación procederá de la denominada «desdotación de plazas de administración general» o de la reducción de otras partidas presupuestarias.
Esa desdotación consiste en retirar temporalmente la consignación económica de puestos vacantes que todavía no están ocupados, además de realizar ajustes adicionales en otras partidas del presupuesto cuando resulte necesario. El documento no concreta cuáles serán esas partidas afectadas.
El mayor incremento económico corresponde al aumento del personal directivo y eventual derivado de la nueva estructura del Gobierno, al que se suman los costes asociados a la creación de nuevas direcciones generales y de la nueva Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública. En conjunto, el sobrecoste supera los tres millones de euros anuales, incluyendo las cotizaciones sociales correspondientes.
La Junta niega que desaparezcan puestos de trabajo
Fuentes de la Consejería de Presidencia sostienen que la medida no implica la supresión de plazas de funcionarios ni una reducción de la plantilla de la Administración autonómica.
Según la explicación ofrecida por el Ejecutivo andaluz, la retirada de dotación presupuestaria afecta únicamente a plazas vacantes que no están ocupadas en la actualidad y constituye una práctica habitual dentro de la gestión presupuestaria de la Junta. Una vez que esas vacantes vayan a ser cubiertas, podrán volver a dotarse económicamente mediante las correspondientes modificaciones presupuestarias.
Críticas por la prioridad del gasto
La decisión ha provocado críticas desde distintos ámbitos políticos y sindicales, que cuestionan la prioridad otorgada al incremento de la estructura política mientras continúan existiendo necesidades de personal en numerosos servicios públicos.
Las críticas se centran especialmente en que el aumento del gasto en altos cargos y personal de confianza coincida con la utilización de recursos inicialmente previstos para plazas de la Administración General que permanecen sin cubrir. Para los grupos de la oposición, la decisión refleja una prioridad presupuestaria discutible en un contexto de demanda de más personal en ámbitos como la sanidad, la educación o la atención administrativa.
Una reorganización con mayor coste
La nueva organización del Gobierno andaluz mantiene el mismo número de consejerías, pero incorpora una estructura más amplia con nuevas vicepresidencias, centros directivos y personal eventual.
El Ejecutivo defiende que estos cambios responden a la necesidad de adaptar el funcionamiento de un Gobierno de coalición y mejorar la coordinación entre departamentos. Sin embargo, la publicación de los informes económicos ha situado el foco en el coste de esa reorganización y en la forma elegida para financiarla, al recurrir a créditos inicialmente destinados a plazas vacantes de empleados públicos.
