El último informe de la Guardia Civil niega la existencia de ingresos opacos y avala la legalidad de la cátedra investigada
La investigación judicial contra Begoña Gómez ha sufrido un importante vuelco tras conocerse el contenido del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, un documento que cuestiona directamente algunos de los principales argumentos sobre los que se había construido durante meses la ofensiva política y mediática contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Según el informe remitido al juzgado, los investigadores no han encontrado ingresos opacos, pagos irregulares ni indicios sólidos de enriquecimiento ilícito relacionados con Gómez. Además, la UCO considera que la creación y funcionamiento de la cátedra extraordinaria vinculada a la Universidad Complutense de Madrid se ajustó a la legalidad universitaria vigente.
La conclusión supone un duro golpe para el relato impulsado desde sectores de la derecha política y mediática, que durante meses habían presentado el caso como uno de los grandes escándalos del entorno presidencial.
La Guardia Civil no encuentra dinero oculto
Uno de los elementos centrales de la investigación estaba relacionado con la supuesta existencia de ingresos opacos o movimientos económicos sospechosos vinculados a Begoña Gómez.
Sin embargo, el análisis económico realizado por la UCO descarta esa hipótesis. Los agentes concluyen que no se han detectado cuentas ocultas, pagos irregulares ni transferencias incompatibles con la actividad profesional desarrollada por Gómez durante los años investigados.
El informe también rebaja considerablemente la dimensión económica del caso al señalar que las cantidades examinadas son limitadas y no encajan con la narrativa de corrupción que había dominado buena parte del debate público.
La documentación policial conocida hasta ahora deja además en una posición delicada al juez Juan Carlos Peinado, cuya instrucción había ido ampliándose en los últimos meses entre fuertes críticas de juristas y asociaciones progresistas por la debilidad de algunos indicios y por la enorme repercusión política del procedimiento.
La cátedra de la Complutense era legal
Otro de los focos de la causa era la creación de la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez codirigía en la Universidad Complutense.
En este punto, la UCO sostiene que la actividad desarrollada encajaba dentro de la normativa universitaria y que el software relacionado con el proyecto pertenecía a la propia universidad y tenía carácter gratuito.
Aunque el informe sí menciona determinadas irregularidades administrativas o deficiencias de gestión internas, los investigadores no establecen una relación directa con delitos de corrupción, apropiación indebida o tráfico de influencias.
Desde el entorno de Gómez recuerdan además que su colaboración profesional con la Complutense es muy anterior a la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y subrayan que durante meses se ha intentado construir una causa penal sobre actividades académicas y profesionales completamente legales.
Una causa convertida en arma política
La publicación del informe ha vuelto a abrir el debate sobre el uso político de determinadas investigaciones judiciales y sobre el papel de algunas filtraciones interesadas en el clima de polarización política actual.
En sectores progresistas existe la sensación de que el caso Begoña Gómez ha sido utilizado desde el primer momento como una herramienta para desgastar políticamente al Gobierno de coalición, independientemente de la consistencia real de las acusaciones.
Durante meses, tertulias televisivas, titulares y dirigentes conservadores dieron prácticamente por acreditadas conductas corruptas que ahora la propia Guardia Civil no logra sostener con pruebas económicas concluyentes.
La situación ha reactivado además las críticas hacia la llamada “pena de telediario”, un fenómeno que consiste en convertir investigaciones preliminares en condenas públicas antes siquiera de que existan pruebas firmes o juicios celebrados.
Diversas voces del ámbito jurídico recuerdan que no es la primera vez que procedimientos con enorme impacto mediático terminan debilitándose con el paso de los meses, mientras el desgaste personal y político sobre los investigados ya resulta irreversible.
La Fiscalía insiste en pedir cautela
La Fiscalía continúa defendiendo que buena parte de la causa debería archivarse por falta de indicios sólidos.
Pese a ello, la investigación sigue abierta y todavía podrían practicarse nuevas diligencias.
Sin embargo, el contenido del informe de la UCO introduce un cambio importante en el relato público del caso y deja abiertas numerosas preguntas sobre el verdadero alcance penal de una investigación que durante meses ocupó el centro de la confrontación política española.
Para el Gobierno y para el PSOE, el documento representa además una oportunidad para denunciar lo que consideran una estrategia permanente de desgaste basada más en la sospecha política que en pruebas judiciales concluyentes.
