Las incompatibilidades políticas en hermandades de Jerez previstas en la nueva normativa diocesana han provocado la reacción de Dionisio Díaz, ex presidente de la Unión de Hermandades, ex hermano mayor de la Clemencia y actual concejal del PSOE. Díaz considera excesivo que las restricciones alcancen a funciones como las de capataces o camareras, aunque entiende que la Iglesia pretenda evitar posibles injerencias políticas en las corporaciones cofrades.
Dionisio Díaz cuestiona el alcance de las incompatibilidades políticas en hermandades de Jerez
Dionisio Díaz ha expresado sus reservas ante la ampliación de las incompatibilidades entre determinadas responsabilidades políticas y el desempeño de funciones dentro de las hermandades de Jerez. El concejal socialista, que anteriormente presidió la Unión de Hermandades y fue hermano mayor de la Clemencia, considera que la nueva regulación diocesana ha extendido las restricciones a puestos que hasta ahora quedaban fuera de ese ámbito.
Su principal objeción se centra en que la regulación alcance no solo a hermanos mayores o integrantes de juntas de gobierno, sino también a personas que desarrollan otras tareas de responsabilidad en las corporaciones. Díaz resume su posición al señalar que le parece “excesivo llevarlo también a capataces, camareras y demás”.
El representante socialista sostiene que la incompatibilidad para ocupar determinados cargos de gobierno en las hermandades cuando se ejercen responsabilidades políticas ya existía anteriormente. Desde su perspectiva, la diferencia se encuentra ahora en la ampliación del número de funciones afectadas. Díaz considera que se ha extendido demasiado el ámbito de aplicación, aunque evita cuestionar la capacidad del Obispado para establecer la regulación.
Qué establece la nueva normativa diocesana
La regulación que ha originado el debate establece una separación expresa entre determinadas responsabilidades políticas y diferentes funciones de dirección o coordinación dentro de las hermandades. La información publicada sobre el texto sitúa esta disposición en el artículo 81.2, dentro del apartado dedicado a los deberes de los hermanos.
Ese artículo contempla que los miembros de una hermandad que ocupen cargos de dirección o portavocía en un partido político, así como quienes ejerzan una autoridad civil ejecutiva de ámbito nacional, autonómico, provincial o municipal, no puedan asumir determinadas responsabilidades dentro de sus corporaciones.
La novedad señalada en la información sobre la normativa es que la incompatibilidad no queda circunscrita a las juntas de gobierno. También comprende funciones consideradas de dirección o coordinación y menciona expresamente a capataces, vestidores de los titulares, camareras y mayordomos. Asimismo, la regulación alcanza a otras responsabilidades, como las de pregonero o exaltador, en los supuestos previstos para cargos políticos en activo.
Este planteamiento amplía, por tanto, el número de personas potencialmente afectadas por la separación establecida entre responsabilidades políticas y funciones cofrades.
El caso de Tomás Sampalo sitúa la norma en el debate público
La aplicación de la nueva normativa ha adquirido especial repercusión en Jerez por la situación de Tomás Sampalo. El Ayuntamiento de Jerez lo identifica actualmente como delegado de Salud y Deportes y miembro de la corporación municipal desde septiembre de 2025.
Sampalo desarrolla además funciones de capataz, una de las responsabilidades expresamente mencionadas entre las actividades de dirección o coordinación afectadas por la nueva regulación. Esta circunstancia ha convertido su caso en uno de los ejemplos concretos de los efectos que puede tener la ampliación de las incompatibilidades.
Dionisio Díaz figura, por su parte, entre los concejales del Grupo Municipal PSOE-A durante el mandato 2023-2027, según la información de transparencia del Ayuntamiento de Jerez. Su trayectoria previa dentro del ámbito cofrade añade una doble perspectiva a sus declaraciones sobre la relación entre la actividad política y las hermandades.
Díaz entiende el objetivo de evitar injerencias políticas
Pese a discrepar del alcance de las restricciones, Díaz no interpreta la regulación como una marginación de las personas vinculadas a la política. Su valoración parte de que pueden existir intentos de influencia política en distintos ámbitos de la sociedad civil y considera que la Iglesia busca proteger a las hermandades frente a ese riesgo.
El concejal plantea que ese tipo de interferencias no se limitaría al ámbito cofrade y puede producirse también en otras organizaciones sociales. Desde ese punto de vista, entiende la finalidad perseguida por el Obispado, aunque mantiene sus dudas sobre si ampliar las incompatibilidades a funciones como las de capataz o camarera constituye el mecanismo más adecuado.
Díaz también introduce otra dimensión en la relación entre política y mundo cofrade: la incorporación a la actividad pública de personas que previamente han desarrollado responsabilidades en hermandades u otras organizaciones. En su propio caso, precisa que cuando accedió a la política ya no desempeñaba ningún cargo dentro de una hermandad.
La aplicación de la norma determinará su alcance práctico
El ex presidente de la Unión de Hermandades evita anticipar cuáles serán las consecuencias definitivas de la regulación. Considera que será necesario observar su aplicación para valorar si la ampliación de las incompatibilidades responde adecuadamente a los objetivos perseguidos por la institución eclesiástica.
La controversia se concentra así en el límite que debe establecerse entre el ejercicio de responsabilidades públicas y la participación en puestos de dirección o coordinación dentro de las hermandades. Mientras la nueva normativa amplía las funciones sometidas a incompatibilidad, Díaz acepta el propósito de preservar la autonomía de las corporaciones frente a posibles interferencias políticas, pero cuestiona que la restricción deba extenderse a todos los cargos incluidos en el nuevo texto.
