La Consejería de Justicia, dirigida por Vox, asumirá la gestión de un servicio esencial para la protección de mujeres y menores, una decisión que llega después de años de ataques de la formación de Santiago Abascal a las políticas contra la violencia de género
La reorganización del nuevo Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno ha situado bajo la Consejería de Justicia, dirigida por Vox, las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, equipos especializados cuya labor resulta fundamental para la protección de mujeres y menores víctimas de violencia machista y para el trabajo de jueces y fiscales en los procedimientos judiciales. La decisión ha sido recibida con un fuerte rechazo por parte de la oposición, organizaciones feministas y entidades especializadas en la defensa de los derechos de las mujeres, que consideran especialmente preocupante que esta competencia quede en manos de una formación que ha cuestionado reiteradamente las políticas públicas contra la violencia de género.
Las Unidades de Valoración Integral están integradas por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales especializados. Su función consiste en elaborar informes técnicos sobre el riesgo que afrontan las víctimas, las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia sufrida, la situación de los menores y otros aspectos que sirven de apoyo a las decisiones judiciales en materia de órdenes de protección, medidas cautelares, custodia o valoración del riesgo.
Una cesión que llega tras años de cuestionamiento de Vox
La decisión adquiere una especial dimensión política porque Vox ha mantenido durante años un discurso muy crítico con la legislación específica sobre violencia de género y con numerosos organismos especializados en esta materia.
Dirigentes de la formación han reclamado en distintas ocasiones revisar el funcionamiento de estos equipos, han cuestionado la Ley Integral contra la Violencia de Género y han defendido sustituir el actual modelo por una legislación centrada en la denominada «violencia intrafamiliar». Esa posición ha sido rechazada de forma reiterada por organizaciones feministas, asociaciones judiciales y especialistas en igualdad, que recuerdan que la violencia machista constituye un fenómeno con reconocimiento jurídico específico tanto en la legislación española como en los convenios internacionales suscritos por España.
Críticas de la oposición y del movimiento feminista
Los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz han acusado al presidente de la Junta de ceder ante las exigencias de Vox en un ámbito especialmente sensible.
Desde el PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía se considera que el cambio supone un mensaje político de enorme trascendencia al situar bajo la dirección de Vox un servicio clave para la atención a las víctimas. Las formaciones de izquierdas han reclamado a Moreno que garantice la independencia de los equipos profesionales y han advertido de que la protección de las mujeres no puede quedar condicionada por acuerdos políticos.
También organizaciones feministas han expresado su preocupación por el nuevo reparto competencial y han recordado que las Unidades de Valoración Integral constituyen una herramienta esencial para detectar situaciones de riesgo, proteger a mujeres y menores y aportar informes especializados que pueden resultar determinantes en numerosos procedimientos judiciales.
Un servicio clave para miles de mujeres
Las Unidades de Valoración Integral intervienen cada año en miles de procedimientos judiciales relacionados con la violencia de género en Andalucía. Sus informes ayudan a determinar el nivel de riesgo de las víctimas, valorar el impacto psicológico de las agresiones, analizar la situación de los menores y orientar a los órganos judiciales sobre la necesidad de adoptar medidas de protección.
Por esa razón, numerosos profesionales del ámbito jurídico y social consideran que estos equipos constituyen una pieza esencial dentro del sistema público de respuesta frente a la violencia machista.
La decisión del Ejecutivo andaluz vuelve a situar las políticas de igualdad y de protección frente a la violencia de género en el centro de la actualidad política. Mientras la Junta insiste en que el funcionamiento del servicio no sufrirá modificaciones, la oposición y los colectivos feministas advierten de que la cesión de estas competencias a Vox supone un cambio de enorme carga simbólica y reclaman que la protección de las víctimas continúe guiándose exclusivamente por criterios técnicos, científicos y de defensa de los derechos de las mujeres.
