El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas para el periodo comprendido entre 2023 y 2027, un instrumento que recoge los principios y criterios generales que guiarán la asignación anual de los recursos autonómicos dirigidos a estas instituciones académicas.
Este nuevo marco de distribución, diseñado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, garantizará la suficiencia financiera del sistema, atendiendo a las particularidades de cada una de ellas, y les dará certidumbre para que puedan organizar su planificación a medio y largo plazo.
La nueva herramienta plurianual, que se aplicará a las diez universidades públicas, incluye como novedad la evaluación y verificación permanente de los resultados que obtengan dichas instituciones a partir de los objetivos marcados, con el fin de lograr la eficiencia y la equidad del sistema, además de una mayor adecuación a las necesidades y singularidades.
Este documento de bases se completará, posteriormente, con una segunda parte compuesta por un conjunto de reglas de cálculo en virtud de las cuales se determinará en cada ejercicio presupuestario la financiación correspondiente a las diez universidades. Así, ya se está trabajando en la concreción de estas variables y la previsión es que esa formulación pueda estar finalizada en octubre.
Además, por primera vez y para asegurar un marco estable, se ha establecido una cláusula de salvaguarda, a aplicar en los cinco años de vigencia del modelo, para garantizar a estas instituciones académicas los mismos recursos recibidos en el ejercicio anterior más el incremento de las retribuciones salariales de su personal -perteneciente al sector público- acordado por la Administración General.
El modelo entrará en vigor a partir de este año, aunque su ejecución será parcial puesto que los fondos ya se han asignado en su mayoría. La norma determina específicamente que la cuantía que se abonará al sistema en el último cuatrimestre se destinará en su totalidad a cubrir los gastos de personal y de funcionamiento y a impulsar proyectos estratégicos del sistema universitario.
El nuevo diseño reconoce la contribución decisiva de las instituciones universitarias públicas andaluzas al crecimiento del PIB regional, a través de su investigación, su transferencia del conocimiento y su implantación territorial. Por ello, contempla que las transferencias de la Junta con destino a la educación superior deberán adoptar una senda de crecimiento sostenido que permita alcanzar hasta 2027 el 1% del PIB. Actualmente, ese esfuerzo presupuestario representa el 0,97% sólo de financiación básica, que alcanza el 1% con los proyectos estratégicos.
Este instrumento sustituye al modelo aprobado para el periodo 2022-2026, cuya implantación coincidió con unas circunstancias económicas excepcionales en la esfera internacional, lo que generó una serie de desviaciones que han sido necesarias corregir. El primer esquema se aprobó para la horquilla 2002-2006, al que le siguió el definido para los años 2007-2011, un documento que se fue prorrogando hasta 2016. Desde ese ejercicio hasta la anterior legislatura, Andalucía ha carecido de unas directrices de asignación planificadas y actualizadas.
El nuevo diseño se ordena en torno a cuatro grandes categorías: la financiación básica armonizada, la financiación por resultados, la financiación de nivelación y los proyectos estratégicos del sistema universitario andaluz. Toda esta estructura se nutrirá de las transferencias procedentes del Presupuesto de la Junta de Andalucía de cada ejercicio. La primera de ellas está destinada a cubrir los costes necesarios del sistema público para prestar los servicios académicos, de investigación y de transferencia de conocimiento y hacen referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento.
Por su parte, la financiación por resultados busca homogeneizar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos y se articulará a través de los denominados contratos programa, una planificación de objetivos orientados hacia la mejora de la competitividad, así como a la eficacia y la profesionalización de la gestión. Pueden recoger reformas estructuras, la adecuación de las infraestructuras, la estabilización y promoción del personal, iniciativas de apoyo al estudiantado, la atención a la diversidad, el impulso de la internacionalización o el fomento de la investigación. Se concertarán anualmente desde la Consejería de Universidad con cada una de las instituciones académicas, teniendo en cuenta sus particularidades.
La financiación de nivelación se orientará a corregir los desfases estructurales motivados por la aplicación de los modelos de financiación anteriores con el fin último de propiciar la convergencia entre las universidades. Por último, en el apartado de los proyectos estratégicos tendrán cabida aquellas iniciativas singulares acordadas con los rectores que mejoren la competitividad de sus campus y den respuesta a las demandas de la sociedad. La Consejería de Universidad destinará a este capítulo una inyección de 14 millones de euros hasta final de año.
Todos estos criterios se aplicarán con carácter general a las diez instituciones que conforman el sistema público, aunque la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) recibirá un trato diferencial dadas sus características. Esta institución no imparte titulaciones de grado, no dispone de personal docente e investigador propio y sus enseñanzas e investigaciones están orientadas a la cooperación educativa internacional tanto en el ámbito de Latinoamérica y Norte de África, como en el de la Unión Europea.
Al margen de ese armazón, el modelo contempla la aprobación de planes extraordinarios de inversiones e infraestructuras que se llevarán a cabo con fondos no vinculados al modelo de financiación. Para su dotación, la Junta de Andalucía podrá autorizar a las universidades el uso de remanentes de tesorería no afectados con un límite máximo de 20 millones de euros para todo el conjunto.
Estos planes comenzarán a aplicarse a partir de 2024, tras la finalización este año del actualmente vigente, y su desarrollo estará enfocado prioritariamente a intervenciones para mejorar los equipamientos e infraestructuras con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, además de a actuaciones de transformación digital y tecnológica.
La Junta de Andalucía viene trabajando en este diseño desde el inicio de la legislatura en estrecha colaboración con los rectores de las diez instituciones académicas, los Consejos Sociales, el estudiantado y los agentes económicos y sociales. Todos han podido debatir y realizar aportaciones a la propuesta inicial realizada desde el Gobierno andaluz buscando el máximo consenso que se requiere para esta reforma. Este nuevo sistema, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades, se ha sometido al informe preceptivo del Consejo Andaluz de Universidades.
El grueso de la financiación de la que disponen las universidades públicas andaluzas se nutre, principalmente, de las transferencias de la Administración regional, que representan en torno al 75% de sus cuentas. Ese importe se emplea, sobre todo, a pagar salarios y costes de funcionamiento y de mantenimiento, así como a sufragar su actividad docente e investigadora.
El porcentaje restante equivale a ingresos adicionales derivados de las tasas de matrículas que cobran de sus enseñanzas propias, de las inyecciones recibidas de la Unión Europea y de otras Administraciones o de transferencias de entidades privadas, herencias, legados y donaciones. También se encuadran en este apartado las aportaciones procedentes de actividades de mecenazgo y de su patrimonio. El nuevo modelo de financiación establece que estas instituciones, en un ejercicio de corresponsabilidad, procurarán incrementar gradualmente estas fuentes propias hasta llegar al menos al 30% de la financiación. En el caso de la UNIA, ese límite se situará en el 15%.
En 2023, la partida de la Junta de Andalucía dirigida a las universidades públicas se cuantifica en una cifra histórica de 1.620 millones de euros sólo para financiación básica, un importe que viene a confirmar una trayectoria ascendente dibujada desde 2019, con un total de 1.396,2 millones. En el periodo comprendido entre 2018 y 2023, el incremento ha sido del 18,25%, un esfuerzo presupuestario que permite a Andalucía liderar la clasificación de las regiones que más gastan en educación superior.
Al margen de ello, en ese periodo, además, la Junta de Andalucía ha autorizado a las universidades un plan de inversiones de infraestructuras por valor de 165 millones hasta 2023 y ha satisfecho la deuda de más de 800 millones contraída con ellas en años previos a 2019.
