El Grupo de Trabajo relativo a estrategia andaluza frente al reto demográfico creado en el Parlamento andaluz en 2019 ha planteado como conclusión a su labor una serie de propuestas para «combatir la despoblación» en Andalucía entre las que figuran «incrementar las aportaciones del Estado y de la comunidad autónoma a los municipios más pequeños», y «defender la inclusión de la despoblación como criterio para el reparto de fondos europeos y estatales, e incluir dicho criterio en el reparto de fondos autonómicos».
Así se recoge en el informe del citado grupo de trabajo que fue debatido el pasado 21 de octubre en la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior del Parlamento andaluz, que aprobó un dictamen sobre el mismo y que será debatido próximamente en el Pleno de la Cámara autonómica.
El grupo de trabajo, creado a solicitud del Grupo Socialista en el Parlamento, parte en su informe de un diagnóstico según el cual «los datos avalan que el problema de la despoblación rural alcanza magnitudes preocupantes y que deja a la Andalucía interior en una situación complicada de cara al abastecimiento y/o provisión de servicios públicos, en muchos casos esenciales, así como ante el abandono de núcleos rurales que atesoran una importante riqueza y diversidad patrimonial y medioambiental, entre otros aspectos».
Así, con este informe «se pretende no sólo evitar que las zonas rurales de Andalucía se incorporen a la que viene denominándose España vaciada, sino hacer ‘atractivas’ estas zonas, de modo que aumente la densidad de población«.
«Y, fundamentalmente, se persigue que la población residente en zonas rurales disponga de las mismas oportunidades que la residente en zonas urbanas».
Los componentes del grupo de trabajo creado en el Parlamento andaluz dicen ser «conscientes del reto al que nos enfrentamos y de la necesidad de poner en práctica medidas eficaces para combatir la despoblación en Andalucía».
Unas medidas, añaden, «que abarquen todos los ámbitos de nuestra sociedad, desde el empleo hasta la comunicación viaria, el transporte, el acceso pleno a las nuevas tecnologías, unos servicios públicos de calidad, las infraestructuras de carácter sanitario, educativo, deportivo, lúdico o social y el acceso a los servicios, actividades y modos de vida propios de la sociedad actual, pasando por la necesidad de un estatus fiscal diferenciado, una normativa urbanística que dé respuesta a la realidad de estos territorios o el establecimiento de fondos y ayudas a la producción vinculados al municipio o la comarca donde se desarrolla la actividad».
En este marco, el documento del que parte el dictamen que se debatirá en el Pleno del Parlamento tiene como objetivo «establecer una orientación general para las acciones encaminadas a afrontar el riesgo de despoblación del medio rural y, especialmente, contribuir a situar la lucha contra la despoblación o el vaciamiento de los núcleos rurales en un lugar prioritario dentro de la agenda política de la Junta de Andalucía».
Concretamente, en el apartado de propuestas, el informe del grupo de trabajo plantea «culminar la Estrategia Andaluza por el Reto Demográfico, incluyendo las conclusiones de este Grupo de Trabajo», así como «impulsar una Mesa Andaluza por el Reto Demográfico en la que se incorporen las instituciones, grupos políticos, agentes sociales y económicos llamados a trabajar de manera periódica en la evaluación y actualización de las acciones a desarrollar».
También propone «elaborar un mapa sobre la despoblación de Andalucía, en colaboración con las entidades locales y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), a fin de determinar las medidas adecuadas a aplicar en cada caso».
El informe también apuesta por un «apoyo y estrategias de fortalecimiento de los sectores productivos tradicionales y por la identidad rural», y al hilo propone, entre otras cuestiones, «poner en valor la actividad agropecuaria y agroindustrial, así como dar visibilidad a todas las actividades que la integran, como medio para dar a conocer su importancia y combatir estereotipos existentes respecto a la misma».
«Impulsar un modelo de agricultura familiar sostenible» es otra de las propuestas, al igual que las de «potenciar la política forestal y de repoblación para luchar contra la desertización del medio rural y el cambio climático» e «impulsar la creación de sellos de calidad territorial para la producción local e incentivar la distribución de dichos productos».
Asimismo, el grupo de trabajo creado en el Parlamento andaluz apuesta por «potenciar la economía circular abriendo el medio rural al mundo, para producir, exportar, importar, pero también acercar más el consumo de los productos», así como por «fomentar una nueva cultura del agua en las zonas agrícolas», y por «potenciar el turismo rural».
Incentivar el regreso a las zonas rurales
En torno a los jóvenes, el informe plantea «incentivar» el «retorno» de los mismos «al medio rural, poniendo en valor este medio y sus oportunidades», así como «potenciar la Formación Profesional específica en los oficios vinculados a los territorios, garantizando la viabilidad de las pequeñas industrias y el relevo generacional», y «estimular el relevo generacional a través de medidas e incentivos a favor de los jóvenes agricultores y mujeres mediante acciones que permitan un mayor acceso a instrumentos financieros, una mayor agilidad en el traspaso de explotaciones y un mayor apoyo de las inversiones, entre otras, rompiendo así la brecha de envejecimiento y género en el medio rural».
«Fomentar la existencia de alternativas de ocio y entretenimiento para los jóvenes en las zonas de riesgo de despoblación, como medida para asentar a la población joven», y «apoyar la creación de espacios de juego para la infancia en los núcleos rurales» son otras propuestas que se incluyen en el documento.
Otro bloque de propuestas tienen que ver con la «brecha digital», como las de «impulsar políticas de telecomunicaciones y sociedad de la información que garanticen una plena conectividad territorial, con una adecuada cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil en todo el territorio», y «fomentar la adquisición de competencias digitales por la población rural».
Impulsar el teletrabajo
En materia de empleo, fiscalidad y simplificación administrativa, el informe plantea cuestiones como «crear un estatuto fiscal para el ámbito rural y las zonas en despoblamiento que incentive la permanencia de la población y fomente el atractivo para la implantación de nuevas iniciativas económicas y empresariales», o «impulsar el teletrabajo, invirtiendo en espacios públicos dirigidos o adaptados al ‘coworking’«, y «fomentar la instalación de empresas que apuesten por el teletrabajo».
En otro orden de cosas, el informe recoge también otras propuestas como «promover la prestación de servicios financieros de proximidad en los núcleos rurales» y «discriminar positivamente a habitantes de zonas en riesgo de despoblación en todas las subvenciones de concurrencia competitiva, ya sea a pymes, ayuntamientos o particulares».
Asimismo, apuesta por «desarrollar una estrategia andaluza por la recuperación del ferrocarril, dentro de la estrategia global de transporte en Andalucía», así como por «elaborar, en colaboración con las universidades, un estudio específico y amplio sobre las causas de la crisis de la natalidad en Andalucía, para que, sobre la base de los resultados de dicho estudio, se articule en la Mesa del Reto Demográfico un plan con medidas para afrontar dichas causas».
