El Grupo Parlamentario Por Andalucía recurrirá en el Tribunal Constitucional el último decreto-ley de la Junta de Andalucía sobre simplificación administrativa, que aprobó este martes el Consejo de Gobierno y cuyo contenido es de 600 páginas según ha indicado el Gobierno autonómico, de no tramitarse como proyecto de ley, según ha puesto este miércoles su portavoz, Inmaculada Nieto, en rueda de prensa.
Nieto ha explicado que «les anticipo que si este decreto se mete a modificar 176 normas y no se tramita como proyecto de ley, este grupo activará para llevarlo al Tribunal Constitucional«, antes de exclamar que «ya está bien de tirar del decreto-ley para evitar el debate y atribuirlo a la urgente y extraordinaria necesidad».
«Ya está bien de estirar ese chicle», ha continuado proclamando la portavoz parlamentaria de IU, quien ha aludido a la paradoja de las críticas que lanza la Junta al Gobierno por esa misma práctica, para expresar seguidamente «un ojalá en sentido contrario».
La portavoz de Por Andalucía se ha preguntado «para qué han servido los decretos de simplificación administrativa», este último sería el cuarto, antes de concluir que su utilidad ha sido «para quitar controles» y «cuanto más grandes los proyectos empresariales más rápido van», convencida de que las iniciativas que se tramitan en la Unidad Aceleradora de Proyectos se trata de «grandes proyectos con tufos especulativos que tiran para atrás», mientras se ha cuestionado la eficacia con que el Gobierno andaluz ha tramitado iniciativas como el Bono Joven Alquiler, la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), los fondos europeos, la Renta Mínima de Inserción Social o la dependencia.
«No hemos visto un papel, hemos tenido alguna reunión informal con el señor Sanz o alguien de su equipo, aunque siempre se han negado a entregar un papel, dentro de su particularísimo concepto de diálogo«, se ha quejado Nieto sobre la actitud del Gobierno andaluz, quien se ha reafirmado en que «ese Pleno (de convalidación) no le puede poner punto y final a su tramitación» y ha subrayado que «la falta de controles y de seguridad para la ciudadanía no es agilización administrativa«, convencida de que «esto es lo que ha imperado en los decretos anteriores».
«Si la simplificación administrativa trae aparejado esos cientos de páginas y no se se tramita como proyecto de ley para ver todo esto muy despacito, nos iremos al Tribunal Constitucional», ha afirmado Nieto.
