«Supone un ataque directo al profesorado con un enfoque fiscalizador». Así de contundente se ha mostrado a través de un comunicado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha mostrado enérgicamente su disconformidad con el nuevo manual para la gestión del cumplimiento de jornada y horarios en los centros docentes públicos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.
Ahondando en su descontento, para el sindicato se trata de «un documento que nunca fue negociado adecuadamente y que aumenta la presión sobre los equipos directivos y supone un incremento de la ya desorbitada burocracia a la que tienen que hacer frente los profesionales».
«Vulnera la normativa de protección de datos, puesto que obliga a los centros directivos a dar publicidad a un estadillo mensual de ausencias, generado a través de Séneca, en el que se incluyen datos personales de los profesionales, motivo y tipo de justificación de las ausencias, total de horas ausentes y el coste económico de las mismas», ha añadido la presidenta del sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García.
Al mismo tiempo, ha señalado que «esta información se comparte con todo el personal docente y no docente por correo electrónico y se remite trimestralmente al Consejo Escolar», apostillando: «Sin una base legal que legitime tal publicidad, vulnera gravemente el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos».
De este modo, CSIF Andalucía ha afirmado que considera «inaceptable» que el Consejo Escolar tenga acceso a esta información «sensible» y que, a juicio de la central sindical, «vulnera además el derecho a la intimidad del profesorado». Por ello, ha exigido a la Consejería que adopte «soluciones inmediatas para acabar con esta situación».
Por su parte, García ha explicado que la Administración, al incumplir la normativa de protección de datos, «puede enfrentarse a sanciones y responsabilidades disciplinarias». Por último, la representante sindical ha reseñado que CSIF ha reclamado a la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos que garantice la seguridad jurídica de los equipos directivos, quienes «se ven obligados a aplicar procedimientos que podrían contravenir la ley».
Asimismo, la organización ha afirmado que ha enviado una carta abierta a todos los directores de centros educativos «para ofrecerles análisis y apoyo en torno a este asunto» y ha puesto a disposición del profesorado un modelo de recurso «para evitar que sus datos personales sean utilizados de forma indebida».
