La Unión de Consumidores de Andalucía (UCAUCE) ha mostrado su «total desacuerdo» con la constitución de un consejo en el que sólo interviene una única asociación, tal y como se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el que se dispone el cese y el nombramiento de Vocalías titulares y suplentes del Consejo de la Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (CPCUA) para un período de cuatro años que incluye solamente una Federación de Consumidores.
Esta medida conlleva que el resto de los asociados a distintas asociaciones de personas consumidoras no cuenten con la posibilidad de ser escuchados y participar en este órgano de consulta y representación, colocándolas en una situación de grave indefensión en la que la defensa y promoción de sus derechos siempre va a depender de los intereses del único integrante del consejo. «Y lo más grave es que esta indefensión a la ciudadanía ha sido consentida o propiciada por la propia Administración autonómica andaluza», subrayan desde la asociación.
Así, este proceder resulta «cuestionable» desde el punto de vista de la diversidad, representatividad y democracia. «Incluso podríamos poner en duda su conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, coronado con la Constitución».
Según ACUACE, estos nombramientos parecen olvidar que el artículo 51 de nuestra Carta Magna reconoce legitimidad a las asociaciones de consumidores y establece la obligatoriedad de los poderes públicos de garantizar la defensa de las personas consumidoras, promover su información y educación y fomentar y escuchar a sus organizaciones.
ETambién atenta contra otros preceptos de la Constitución, como el artículo 9, que ordena a los poderes públicos la promoción de las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y los grupos en los que participa sean reales y efectivas y recalca su deber de facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social y el artículo 14 que establece la igualdad de los españoles ante la ley y prohíbe cualquier discriminación. Incluso podrían considerarse infringidos algunos de los propios valores superiores del ordenamiento jurídico, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».
Desde UCAUCE se cuestionan cuál es el objetivo de esta buscada carencia de representatividad y participación de gran parte de la ciudadanía. «Resulta obvio que cuántos menos integrantes existan en un órgano más fácil va a ser la toma de decisiones, pues nadie delibera o discute consigo mismo, sin deber olvidarse que la función primordial de un Consejo es poder debatir aspectos relevantes que van a afectar a una pluralidad de personas».
No obstante, «¿qué debate puede existir en un órgano en el que solo participa un miembro? ¿quién va a llevar a la mesa las cuestiones que deban estudiarse? Esta adopción unilateral de decisiones que van a afectar a la totalidad de personas consumidoras y usuarias andaluzas, también a las que no se encuentran representadas, se aleja demasiado de nuestro sistema democrático y, consecuentemente del pluralismo reconocido por la misma Constitución».
La situación planteada, según UCAUCE, «recuerda a los regímenes políticos totalitarios en los que el poder se concentra y controla», por un único dirigente u organización que imponía su ideología al resto, que ni tan siquiera pueden opinar y menos disentir.
Por esto, desde UCAUCE «consideramos inaceptable que un consejo autonómico en Andalucía esté formado por una única organización, pues lo importante en este tipo de órganos de deliberación es que se considere el pluralismo asociativo, la diversidad y representatividad del movimiento asociativo andaluz, para garantizar una participación efectiva en la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias andaluzas».
La presencia de varias asociaciones, en este tipo de órganos de participación democrática propiciaría enriquecer el debate y aseguraría una visión más completa de las necesidades y preocupaciones de las personas consumidoras y usuarias.
No debemos olvidar tampoco que de este Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (CPCUA) dependen todos los nombramientos para los órganos de participación y consulta institucional de la Junta de Andalucía como el Consejo Económico y Social, el Consejo Andaluz de Consumo, del Consejo Andaluz de Comercio, el Consejo Andaluz de Turismo, el Consejo Andaluz del Agua, del Medio Ambiente, etc., por lo que esta “enfermedad antidemocrática” se contagiaría y propagaría con seguridad rápidamente al resto de órganos de participación y consulta de la Junta de Andalucía.
Como antecedentes, es importante resaltar que el origen de esta anormal y atípica situación en Andalucía obedece al estrepitoso fracaso del Decreto 121/2014, de 26 de agosto, regulador del Registro Andaluz de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias y del Decreto 56/2008, de 14 de marzo, que regula el Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía, ambos denunciados en reiteradas ocasiones desde esta Unión de Consumidores de Andalucía (UCAUCE) y de cuya reforma ya ha iniciado trámites la actual Dirección General de Consumo.
Precisamente, en el trámite previo de audiencia abierto para el proceso de reforma de dichos decretos, UCAUCE ya trasladó a la Junta de Andalucía su aportaciones. La clave es que, con el actual Decreto 121/2014 solo pueden formar parte del CPCUA las organizaciones declaradas “más representativas” con los cuestionables criterios que establece la mencionada norma para alcanzar dicha consideración.
Al respecto, desde los orígenes de la redacción del vigente decreto, desde UCAUCE se vino defendiendo la importancia en primer lugar de las asociaciones, así como del número de sus asociados, pero no del nivel de cuotas recaudadas por dichas asociaciones como criterio definitorio de su importancia y representatividad.
No se trata de eliminar el criterio “recaudatorio” frente a todo lo demás, sino de tener también en cuenta otras variables tales como la trayectoria histórica de la organización y su capacidad de permanencia, su prestigio social, la interlocución social que mantiene en el tiempo, los convenios vigentes concertados con el conjunto de la sociedad, su presencia en medios de comunicación y todo un largo etc. de los que el actual Decreto 121/2024 prescindió a la hora de medir la representatividad de una asociación de consumidores.
«No olvidamos desde UCAUCE que el vigente decreto fue redactado en su día de forma precisa y estudiada, pero no para impulsar el asociacionismo, sino para garantizar el control y hegemonía de una determinada organización».
A estas alturas y ante la situación generada de facto, desde UCAUCE «creemos que esta demandada y urgente reforma no puede, ni debe, dejar de subrayar el valor del asociacionismo como cauce de participación del pluralismo asociativo de este sector en los asuntos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que les afecten, según está reconocido en el artículo 28 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía».
Por consiguiente, no se trataría tanto de aminorar el grado de exigencia de los requisitos normativos establecidos, como de ajustar los mismos a la realidad social andaluza, para seguir propiciando un mayor protagonismo de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias en su rol de entidades interlocutoras válidas de la ciudadanía y colaboradoras con la Administración pública en la defensa y protección de sus derechos.
En definitiva, los alarmantes datos de descenso tanto de asociaciones de consumidores en Andalucía, como del número de personas asociadas a las mismas son más que suficientes razones como para proceder a la urgente revisión del actual marco normativo andaluz en esta materia.
Una revisión que para UCAUCE el Gobierno de Andalucía debería de haber acometido antes de proceder a publicar en BOJA estos nombramientos de un CPCUA, que en su esencia, como Consejo, ya nace muerto.
Por ello, trasladamos a los medios de comunicación en particular y a la ciudadanía andaluza en general, estas opiniones y aportaciones, para que el Gobierno de la Junta de Andalucía las considere, tome nota y proceda a la necesaria revisión de los recientes nombramientos del CPCUA con el fin de constituir un órgano representativo del conjunto de la sociedad andaluza y de su pluralidad asociativa que permitan funcionar y cumplir con su misión.
