La investigación judicial sobre la gestión de la DANA que asoló la provincia de Valencia continúa sumando nuevos elementos que cuestionan el relato oficial ofrecido por el anterior Ejecutivo autonómico. La última revelación apunta a que varios altos cargos del entorno del expresident Carlos Mazón y del actual jefe del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca, no informaron a la magistrada instructora de la existencia de un grupo de WhatsApp utilizado por los miembros del Gobierno valenciano durante la jornada de la tragedia.
La información, publicada por elDiario.es, señala que tres integrantes del núcleo duro de Presidencia, que formaban parte de ese canal de comunicación interna, guardaron silencio sobre su existencia durante sus declaraciones ante el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la emergencia.
Un chat clave para reconstruir las horas críticas
La aparición de este grupo de WhatsApp ha supuesto un importante giro en la instrucción judicial. Su existencia salió a la luz durante la declaración de la vicepresidenta Susana Camarero, quien finalmente reconoció la existencia del canal y aceptó aportar los mensajes relacionados con aquella jornada para que pudieran ser incorporados a la causa.
Según la documentación conocida hasta ahora, el entonces president Carlos Mazón participó activamente en las primeras horas del día 29 de octubre de 2024, dando instrucciones a sus consellers sobre la comunicación institucional y el seguimiento de la emergencia. Sin embargo, conforme avanzaba la jornada y la situación empeoraba, el máximo responsable del Ejecutivo dejó de intervenir en el grupo mientras sus colaboradores continuaban compartiendo información sobre inundaciones, rescates y el agravamiento de la catástrofe.
La relevancia de estos mensajes radica en que podrían ayudar a determinar qué información manejaban los responsables políticos en cada momento y si las decisiones adoptadas fueron acordes con la gravedad de los acontecimientos.
El silencio de varios altos cargos ante la jueza
Uno de los aspectos que más interés ha despertado en la investigación es que varios responsables políticos que participaron en ese grupo no mencionaron su existencia cuando comparecieron como testigos.
Entre ellos figuran miembros del equipo de máxima confianza de Mazón en Presidencia, algunos de los cuales continúan desempeñando responsabilidades institucionales. Según la información publicada, ninguno de ellos hizo referencia al chat pese a que contenía comunicaciones relacionadas con la gestión de la emergencia.
La instructora investiga posibles responsabilidades derivadas de la actuación de las administraciones durante una catástrofe que dejó 230 fallecidos y que se ha convertido en uno de los episodios más graves de la historia reciente de la Comunitat Valenciana.
Una investigación que sigue creciendo
La causa judicial ha ido incorporando en los últimos meses llamadas telefónicas, mensajes y diversa documentación relacionada con la gestión de la DANA. La jueza también ha solicitado al propio Carlos Mazón la entrega voluntaria de sus comunicaciones de aquel día, aunque su defensa ha optado por aplazar una decisión definitiva mientras estudia el contenido completo del procedimiento judicial.
Paralelamente, la magistrada mantiene abiertas otras líneas de investigación para esclarecer el funcionamiento del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), el momento en que se tomó la decisión de enviar las alertas a la población y la cadena de mando durante las horas más críticas del temporal.
La recuperación de determinados mensajes borrados también forma parte de las diligencias, incluida una comisión internacional dirigida a la empresa propietaria de WhatsApp para intentar reconstruir parte de las comunicaciones que ya no figuran en algunos dispositivos oficiales.
Crece la presión política
Las nuevas revelaciones han reavivado el debate político sobre la gestión de la tragedia. Diversos partidos de la oposición y asociaciones de víctimas consideran que la documentación conocida hasta ahora desmonta la tesis de un supuesto «apagón informativo» durante aquella jornada y reclaman que se depuren todas las responsabilidades necesarias.
Al mismo tiempo, las familias afectadas insisten en que el objetivo principal de la investigación debe ser esclarecer qué ocurrió durante las horas en las que la emergencia alcanzó su punto más crítico y si existieron fallos de coordinación o de respuesta institucional que pudieron influir en el desarrollo de los acontecimientos.
La aparición del grupo de WhatsApp del Consell y el hecho de que varios de sus integrantes no informaran sobre su existencia ante la jueza añaden un nuevo capítulo a una investigación que sigue avanzando y que mantiene bajo escrutinio la actuación del antiguo Gobierno valenciano durante una de las mayores tragedias naturales vividas en España en los últimos años.
