No, el fraude de los ERE nunca ha alcanzado la cifra de 680 millones de euros (M€). De antemano le pido disculpas por la extensión, pero el motivo lo merece.
Como si se tratara de la película protagonizada por Bill Murray y titulada “atrapado en el tiempo”, hace unos días sonó otra vez el despertador en las filas del PP. Sonó el pasado miércoles 19 con la noticia de que el Tribunal Constitucional anulaba parcialmente la condena a Magdalena Álvarez (exconsejera de hacienda de Andalucía y exministra) por el delito de prevaricación en lo concerniente a su intervención en la elaboración de los anteproyectos de las leyes de presupuestos de 2002 a 2004 y su posterior aprobación en el Parlamento, en el conocido procedimiento de la pieza política de los ERE en Andalucía. De inmediato tocan a rebato ante el peligro de que la verdad judicial reinante durante tantos años pueda crujir en sus cimientos. Porque la verdad judicial dirimida en su recorrido hasta el Tribunal Supremo se ve ahora seriamente amenazada.
El PP lanzó un comunicado que iniciaba así: “no es un buen día para todos aquellos que creemos en la lucha implacable contra la corrupción”, aludiendo a continuación a que las personas condenadas serían indultadas por la puerta de atrás. Y, a continuación, se despachaba recordando que el “caso de corrupción afectó a dos presidentes, vicepresidentes y a cinco consejeros de la Junta de Andalucía, que gastaron hasta 680 M€ de los parados para amigos, familiares y comprar cocaína”. El caso más grave de corrupción nunca conocido. Ahí es nada.
A la carrera, todo aquel que pudiera hacer que hiciera. Suenan las trompetas desde Génova y San Telmo, todos a una. Y todas y todos a pisar el charco una y otra vez, como en la película.
No es objeto de esta columna tratar sobre el tan necesario respeto a las decisiones judiciales, concepto que se invoca siempre para a continuación propinarte lo más grande. Tampoco su valoración jurídico-constitucional. No, el objeto de esta columna es combatir la desinformación intencionada que trata de arengar ahora el PP, relativa al alcance del fraude causado a las arcas andaluzas en ese procedimiento. Es como decirnos que, aunque la verdad judicial ahora no sea la que pretendían, lo importante no es eso, es el volumen del fraude. Y ese fraude dicen que alcanza aquella cifra de 680 M€.
Y me temo que esto no ha hecho más que volver a empezar. Ya se conoce que el mes de julio será movido pues el día 2 se examinarán en la misma sede constitucional los recursos de cinco ex altos cargos y el día 16 los correspondientes a los expresidentes Chaves y Griñán.
Pues bien, el volumen de lo defraudado no son 680 millones de euros. Así de categórico puedo afirmarlo con los números en la mano, los que ahora me propongo descifrarles. Los números que el PP conoce sobradamente pues no olvidemos que está personado en todas las causas derivadas de este asunto y, además, se contienen en el informe que emitió la Cámara de Cuentas de Andalucía en octubre de 2012 relativo a la “fiscalización de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía 2001-2010”. Los números que les facilitaré provienen de esa fuente.
Los mencionados 680 M€, que en realidad son 684, se corresponden con el importe del total de los créditos y modificaciones presupuestarias con destino al pago de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis que fueron tramitadas entre los años 2001 a 2009.
El PP no quiso modificar esa cifra de 680 M€ porque su máquina de convertir en verdad una mentira miles de veces repetida, no soporta oscilaciones. Lo cierto es que no son 680 M€ la cifra defraudada y que no fue el 2009 el último año en que se siguieron utilizando las transferencias de financiación como instrumento para el pago de los ERE, sino 2010. Así, el total de pagos para ayudas sociolaborales y a empresas efectuados en el período 2001 a 2010 alcanza la cifra de 738,2 M€, que son los que se indican en el Anexo 8 de aquel informe de la Cámara de Cuentas.
Respecto al importe de lo defraudado, debo decirles que los expedientes de ayudas de los ERE se clasificaron en dos grupos: ayudas sociolaborales a la prejubilación de trabajadores y ayudas a las empresas con dificultades. Pues bien, se contiene en el informe de la Cámara de Cuentas que las percepciones indebidas en las ayudas sociolaborales fueron por un importe de 12,3 M€, y las de ayuda a empresas por 73,9 M€. La suma de los pagos indebidos por estos dos grupos ascendió a 86,2 M€.
A ello deben sumarse las cuantías derivadas de los gastos externos o comisiones de las aseguradoras incluidos en las primas de riesgo financiadas que resultaron superiores a la media del mercado y que se vincularon con las exigencias de responsabilidades contables por alcance que se están dirimiendo todavía hoy en la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. En 2014 se consideró mediante peritaje realizado por la D.G. de Seguros del Ministerio de Economía que la cuantía en esta partida podría ser aproximadamente de 66 M€.
La suma de ambas cantidades nos dice que la cuantía del fraude alcanzaría alrededor de 152,2 M€, cuantía aproximada en la que parece que estaban de acuerdo Tribunal Supremo y las defensas. Volviendo entonces la oración por pasiva, 586 M€ tuvieron un correcto destino en el pago a los beneficiarios de las ayudas, más allá de si el sistema utilizado fue, o no, inapropiado. El fraude no fue de 680 M€, rondaría los 150 M€. Esa es la realidad.
Pero no se me entienda mal, no quiero restarle importancia. Ni de broma. Lo que digo es que con los números en la mano no fue de la cuantía que machaconamente se nos trata de hacer creer. Un 80% de los pagos estuvieron bien empleados.
La prueba más evidente de ello es que las personas que -encontrándose en las situaciones merecedoras de dichas ayudas- siguieron percibiéndolas, y este es un hecho relevante. En efecto, en 2012 con los socialistas aún gobernando, se dictaron medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores/as afectados/as por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis, aplicándoles desde entonces la normativa en materia de subvenciones y apartándose definitivamente del sistema de transferencias de financiación (Decreto-Ley 4/2012 de 16 de octubre). Esto es, las ayudas se siguieron pagando desde entonces.
Pero, además, se siguieron pagando a partir de 2019, que fue el primer año de gobierno popular en la Junta de Andalucía. En ese año, no solo no se derogó dicho decreto-ley, sino que se complementó su artículo 3 con más personas beneficiarias de cada tipología de las ayudas. El presupuesto en ese año para tales ayudas del DL 4/2012 se incluyeron en el programa 31C y la cuantía fue de 23,5 M€, en la aplicación presupuestaria 480.19. Aún en el ejercicio de 2024 se contempla una cuantía de 4 M€. Aún se siguen pagando con la misma norma de los socialistas.
Ahora, sobre la otra afirmación grandilocuente de que se trataría del mayor caso de corrupción nunca habido, diría que fue un caso de corrupción despreciable, eso nadie lo puede negar, pero cuando se afirma que sería el más grande creo que haríamos bien en ponderar esa afirmación frente a otros casos, como serían los agujeros de la Ciudad de la Justicia en Madrid en los tiempos de Esperanza Aguirre, procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional, que bien pudiera más que duplicar esta cantidad, o la millonada invertida en su día en el Zendal para que atendiera a 489 personas en todo el año 2023 (una media de 1,33 personas por día), paradigma de ineficiencia con los recursos públicos, o los agujeros en Galicia poco -o nunca-explicados en los tiempos del Sr. Feijoo. Pero eso hoy no toca.
Considero importante que las personas que nos lean tengan elementos de juicio para formarse su opinión. Concluyo como empecé, el fraude en Andalucía fue muy importante pero no de la cuantía que quiere hacernos creer el PP. Aunque alguien innombrable ya predicó que una mentira mil veces repetida se convertía en verdad, en este caso no.
Además, seguiremos de cerca los pronunciamientos del próximo mes del Constitucional para ver si el tan reiterado mantra de que las transferencias de financiación fueron un sistema ideado para defraudar queda definitivamente aclarado en el sentido de que fue legal. Eso no matiza la realidad de que fue mal utilizado por algunos, lo que permitió que recursos públicos de todos fueran a manos de quienes no debieron.
Sería conveniente tener información de la propia Junta de Andalucía sobre el volumen de lo recuperado, de acceso público y de manera ordenada. Quizás no estaría de más que se informara al respecto con ocasión de la formación de la Cuenta General de cada año. La transparencia y la información veraz lo agradecerá.
Luis Miguel Jiménez Gómez
Economista
