‘Remando contra la marea’ me ha parecido un título apropiado por su semejanza con la situación actual inflacionista que estamos atravesando. Así, siguiendo con esa metáfora, podríamos decir que los remos, a fecha de hoy, son, en primer lugar, el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y, en segundo lugar, la subida europea de los tipos de interés. La marea, como no podía ser de otra forma, es la guerra de Ucrania y sus daños colaterales, entre ellos, la inflación.
Los remos
El primero de ellos dice en su preámbulo que España está entre los Estados Miembros de la Unión Europea menos expuestos a los efectos directos de la invasión de Ucrania. La diversificación de las fuentes de aprovisionamiento de gas es muy alta y la relación comercial, de inversión y financiera con Rusia y Ucrania es modesta. Sin embargo, los efectos económicos indirectos son considerables, sobre todo a través del aumento del precio del gas y del petróleo, pero también a través del encarecimiento o la escasez de otras materias primas agrícolas y minerales.
Los objetivos básicos de las medidas que conforman este Plan de Respuesta son la bajada de los precios de la energía para todos los ciudadanos y empresas, el apoyo a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables y el refuerzo de la estabilidad de precios. Se trata de limitar los costes económicos y sociales de la distorsión de naturaleza geopolítica en el precio del gas, atajar de raíz el proceso inflacionista y facilitar la adaptación de la economía a esta situación de naturaleza temporal, reforzando al mismo tiempo las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo de calidad.
Según se recoge también ese preámbulo los sectores más afectados son: el sector transporte terrestre por carretera, pues el conflicto en Ucrania ha derivado en un aumento del coste de los combustibles; el sector primario (agroalimentario, pesquero y ganadero), también porque los precios de producción y, en definitiva, de los alimentos, se ha agravado por la guerra en Ucrania; y el sector de la energía sigue su senda ascendente a medida que se aprueban sanciones al petróleo y gas ruso, ya que éstas automáticamente encarecen ambas fuentes de energía.
Finalmente, termina por confirmar, y ese es su sentido, que es necesario proteger de las consecuencias económicas y sociales de la guerra a los trabajadores y sectores vulnerables. Por un lado, para proteger el empleo y el tejido empresarial ante la situación que en las empresas pueda causar la invasión de Ucrania o el aumento de los precios o costes energéticos, y las distorsiones económicas que ello conlleva. Por otro, para aliviar la incidencia que este aumento inesperado de los precios está teniendo en la situación de las personas más desfavorecidas. Además, no puede olvidarse a otros colectivos especialmente vulnerables, como los menores, víctimas de violencia contra las mujeres y víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual en el marco de la crisis humanitaria provocada por la guerra, cuya debida salvaguarda exige igualmente una actuación inmediata por parte de los poderes públicos.
Dicho lo anterior, el Gobierno Central ha llevado a cabo una serie de medidas que siguen vigentes en la actualidad, tales como la rebaja en el precio de la luz o la bonificación en el precio de la gasolina, pero este proceso inflacionista corre como la pólvora haciendo necesaria la búsqueda incesante de más ayuda a todos los niveles.
Por su parte, salvando las distancias con mis amigos los economistas, esta humilde letrada ha tenido conocimiento de que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo confirma oficialmente que en julio subirá 25 puntos los tipos de interés por primera vez en más de una década, el segundo remo de nuestra metáfora, por la persistencia de la martilleante inflación que está marcando niveles nunca vistos desde la creación del euro.
Y yo me pregunto, esa subida ¿Nos afecta igual a todos? ¿Depende de si nuestro perfil es más ahorrador o deudor? Como veis, al igual que Feijóo tengo mis dudas.
Pues bien, parece ser que a priori, los ahorradores mejorarán su situación si suben los tipos de interés. Sin embargo, el efecto final de una subida de tipos sobre los deudores no está tan claro: su situación puede empeorar pero también mejorar, aunque esto último pueda parecer contraintuitivo.
De todas formas, dicen los expertos que para que la subida de tipos no afecte negativamente al poder adquisitivo (no olvidemos que esta subida se debe a un aumento en la tasa de inflación), debería ir acompañada de una revalorización de los salarios, las pensiones, los beneficios de las empresas y, en el caso de la Administración pública, de la recaudación de impuestos. Así, aunque los precios de los productos y servicios se incrementasen, ese incremento se vería compensado.
La marea
Tras más de tres (3) meses de guerra y de consecuencias desastrosas para la propia Ucrania y sus ciudadanos y para el resto del mundo, ahora es noticia otra consecuencia de la inflación: la subida de precios en el supermercado que es donde me voy a centrar por “economía procesal” como decimos en mi ámbito. Así, esta subida que venimos sufriendo nos condena a tener que gastar mucho más por lo mismo. Solo en alimentación -comidas y bebidas adquiridas en la compra-, cada persona gastará este año 200 euros más de media si compra los mismos productos que el año pasado. Para hogares de dos personas, el gasto sube en 400 euros, y para familias numerosas de cinco, por ejemplo, harán falta 1.000 euros más y para los hogares más vulnerables supondrá un reto para satisfacer necesidades vitales. Es la conclusión a la que llega Allianz Research en su último informe sobre el impacto de la inflación en el consumo.
Para finalizar esta publicación lanzo algunas preguntas ¿Se dará una respuesta justa a la crisis de la pandemia primero, y a la crisis derivada de la guerra después? ¿Respaldará el Congreso el tope de precio al gas que se usa para producir electricidad en el mercado ibérico? ¿Apoyará el Congreso la extensión de las medidas contenidas en el Plan Nacional de respuesta a la guerra, que expiran el próximo 30 de junio?
Por María Martínez Magro
Abogada
