El Consejo de Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, ha cesado este miércoles a José Antonio Miranda, quien ocupaba el cargo de director general de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde 2019. Miranda era responsable de la gestión de las cuentas y contrataciones del sistema de salud pública de la región.
Según fuentes de la Junta, Miranda había solicitado su relevo y un “descanso”, dada su cercanía a la jubilación. Sin embargo, su cese se produce en medio de una presunta investigación judicial por la adjudicación irregular de miles de contratos de emergencia sanitaria, por un total de casi 458 millones de euros. Estos contratos, otorgados presuntamente de forma ilegal, están siendo investigados por un posible caso de prevaricación.
El foco de la investigación se centra en la adjudicación de contratos de emergencia, una modalidad que, según la ley, permite eliminar requisitos para el gasto y designar a dedo las empresas beneficiarias en situaciones excepcionales. Estos contratos fueron firmados entre 2020 y 2024, amparándose en un Real Decreto habilitado durante la pandemia del Covid-19, aunque algunos de ellos continuaron ejecutándose incluso después de que la crisis sanitaria más grave hubiera pasado.
Miranda es señalado como el principal responsable de diseñar, coordinar y ejecutar la planificación de estos contratos, muchos de ellos destinados a la sanidad privada. Otros altos cargos del SAS, incluyendo la actual gerente Valle García y sus predecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, también han sido citados a declarar ante el juez de Sevilla que investiga el caso, tras admitir una querella presentada por el PSOE andaluz.
La situación ha generado una gran controversia en Andalucía, donde el presunto escándalo de las adjudicaciones irregulares pone en entredicho la transparencia y legalidad en la gestión de los recursos públicos en el sector sanitario.
