El próximo 14 de noviembre, la Audiencia de Granada juzgará un caso de transfobia donde la Fiscalía provincial solicita hasta dos años de prisión para los dos acusados de vejar y amedrentar a una persona trans.
Los hechos ocurrieron a principios del año 2022, cuando los dos acusados, vecinos de la víctima en el pueblo donde residían, comenzaron a enviar mensajes de Whatsapp con expresiones como «Puto travesti, tienes dos días para irte (…) yo vivo por al lado y me das asco», comenzaba la conversación afirmando seguidamente que «hay niños viviendo en este pueblo» y «gente respetable» e instándole a «desaparecer», según el escrito de acusación de la Fiscalía al cuál ha tenido acceso Europa Press.
Por aquel entonces, a víctima se hallaba inmersa en un proceso de transición para el cambio de sexo. Anunciándose en varias páginas web como masajista, los acusados le pidieron que les enviara fotografías suyas y su geolocalización para poder acudir a su casa trasladando su intención de recibir un masaje.
El escrito de la Fiscalía señala que los acusados dieron dos días para marcharse a la víctima y le hicieron saber que tenían su dirección bajo la amenaza de que irían en su busca para echarla.
No sólo mantuvieron esta conversación con ella sino que hicieron uso de las fotografías que consiguieron mediante engaño y las distribuyeron por redes sociales.
Al día siguiente, a medianoche, uno de los acusados merodeó por el domicilio de la víctima, llegando a bajarse del coche y a asomarse por la ventana de la vivienda con la conversación de whatsapp y las fotografías en la pantalla del móvil.
Sostiene el fiscal que con este comportamiento, el acusado dio más credibilidad a sus mensajes «haciendo ver que iban en serio» y que podían hacer realidad lo que le habían dicho.
La Fiscalía considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra los derechos de los constitucionales, concretamente un ataque a la dignidad personal por motivos de género e identidad sexual.
Y pide penas de un año y tres meses de prisión para el primero de los acusados y de nueve meses de prisión para el segundo, así como multas de 1.620 euros.
Alternativamente, el fiscal califica los hechos como un delito contra la integridad moral y en ese caso solicita que los acusados sean condenados a una pena de dos años de prisión el primero de ellos y un año y tres meses para el segundo por estos hechos, que serán juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
