En prisión intermitentemente desde que a los 22 años cometiera su primer delito sexual y con una enfermedad mental
Se pide para el acusado 35 años de cárcel por violar presuntamente a una joven sevillana, a la que eligió al azar y que secuestro en su casa. Su defensa, que lleva el abogado Diego de la Cruz, argumenta que se trata de un enfermo de esquizofrenia paranoide, consumidor habitual de estupefacientes y con otra serie de enfermedades o síndromes que anulan sus capacidades volitivas e intelectuales.
Fernando G.S. ingreso por primera vez en prisión en 1985 por otro delito de agresión sexual. Ha pasado toda su vida en la cárcel, estando en libertad dos años y dos meses. Desde el 8 de octubre de 2018, hasta que agredió a la joven sevillana en enero de 2020. La defensa del acusado, que ahora tiene 57 años, ha solicitado que sea condenado a internar en un centro psiquiátrico durante al menos 10 años para que puedan tratar sus múltiples enfermedades mentales de una manera adecuada.
El letrado Diego de la Cruz, defensa del presunto culpable, apoya su argumento en que desde que ingreso en prisión a los 22 años ha estado intercalando su estancia en la cárcel con centros psiquiátricos. Por otro lado, Fernando G.S. reconoció la agresión sexual y las lesiones a la joven en su declaración a la Policía Relata.
Para la defensa existe una responsabilidad civil subsidiaria del Estado
Diego de la Cruz, abogado de la defensa, considera que existe una responsabilidad civil subsidiaria del Estado e Instituciones Penitenciarias. Para demostrar su argumentación ha solicitado a la Audiencia de Sevilla que el centro de salud de Villanueva del Arzobispo (Jaén) donde Fernando G.S estaba siendo tratado informe del tratamiento que se le proporciono desde 2018 hasta su detención en 2020 especificando “cuando abandonó su tratamiento específico mediante inyecciones para su esquizofrenia y si este abandono fue comunicado a Instituciones Penitenciarias”
También solicita que Instituciones Penitenciarias elabore un informe de la casuística de su expediente donde quede muestra de sus ingresos en prisión y en psiquiátricos. La defensa piensa que estas dos informaciones reflejan “el total y absoluto abandono, tanto familiar como estatal, durante 35 años de un acusado interno diagnosticado de esquizofrenia paranoide”.
