En política, pocas palabras han sido tan utilizadas —y tan vaciadas— como “democracia”. Evoca principios, derechos, legitimidad. Pero como advertía Antonio Gramsci, el poder no se sostiene solo por la fuerza: necesita un relato que lo justifique. Y en ese relato, la democracia se ha convertido, cada vez más, en lenguaje antes que en práctica.
Ese lenguaje resuena hoy desde Washington hasta Buenos Aires.
En el escenario internacional, el gobierno de Donald Trump continúa afinando una vieja partitura: hablar de libertad mientras negocia intereses. Mientras expertos internacionales denuncian posibles crímenes de lesa humanidad en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele —con decenas de miles de detenciones en régimen de excepción—, la reacción de Washington oscila entre la cautela y el cálculo. Los derechos humanos, una vez más, parecen funcionar menos como principio que como instrumento.
La historia latinoamericana reconoce bien ese mecanismo. Guatemala en 1954, Chile en 1973, la Operación Cóndor: episodios donde la retórica democrática convivió sin demasiada incomodidad con prácticas abiertamente autoritarias. Hoy, el guion se actualiza. Cuba, en medio de su crisis energética, se convierte en objeto de diálogo estratégico. No necesariamente para democratizar, sino para reordenar mercados.
Democracia como discurso. Interés como motor.
Pero ese fenómeno no se limita a la geopolítica. También se infiltra en el interior de los Estados.
En Argentina, las calles han recordado que la memoria no es un archivo: es un límite. A cincuenta años del golpe de 1976, la movilización masiva no fue un acto conmemorativo, sino una advertencia dirigida al gobierno de Javier Milei. Frente a una narrativa que intenta relativizar los crímenes de la dictadura bajo la idea de una “memoria completa”, la sociedad respondió con algo más difícil de manipular: presencia histórica.
En ese contexto, la voz de Baltasar Garzón introduce una clave esencial: “el mayor peligro hoy es la impunidad”.
No es una frase aislada. Es el puente entre ambos escenarios.
Porque la impunidad no comienza cuando se absuelve un crimen. Comienza cuando el lenguaje lo vuelve discutible. Cuando los hechos se diluyen en interpretaciones. Cuando la democracia deja de ser un sistema de garantías y se transforma en un terreno de disputa narrativa.
Ahí es donde el negacionismo deja de ser ignorancia para convertirse en estrategia.
Y ahí también es donde la política internacional y la política doméstica se encuentran.
En Washington, la democracia se negocia.
En Buenos Aires, se relativiza.
En ambos casos, el resultado es inquietantemente similar: el vaciamiento progresivo de su contenido.
Como advertía Cicerón, el poder tiene una habilidad particular para corromper el lenguaje público. Y pocas expresiones han demostrado tanta elasticidad como la defensa de la libertad cuando se trata de justificar decisiones que responden, en realidad, a intereses mucho más terrenales.
La diferencia es que hoy ese proceso ya no se oculta. Se normaliza.
Un aliado acusado de abusos sistemáticos es tolerado en nombre de la estabilidad. Una memoria construida sobre juicios, condenas y verdad es puesta en duda en nombre de una supuesta reconciliación. La democracia, así, deja de ser un principio y pasa a ser una herramienta adaptable.
Una palabra útil.
Y cuando la democracia se vuelve útil, la impunidad deja de ser una excepción.
Se convierte en método.
Porque al final, la pregunta ya no es si el poder cree en la democracia.
La pregunta es otra, más incómoda, más urgente:
¿Qué ocurre cuando la democracia deja de ser un límite… y se transforma en un lenguaje que el poder utiliza a su conveniencia?
