En la España contemporánea existe una sensación creciente de que la democracia atraviesa una de sus etapas más delicadas desde la Transición. No únicamente por la confrontación política habitual entre gobierno y oposición, sino porque amplios sectores sociales perciben que alrededor de las instituciones democráticas se libra una batalla mucho más profunda: una pugna entre el poder surgido de las urnas y estructuras históricas, económicas, mediáticas y judiciales que nunca han terminado de aceptar determinados cambios políticos y sociales.

La legislatura de Pedro Sánchez simboliza como pocas esa tensión permanente. Un presidente discutido desde el primer día, no solo por sus adversarios parlamentarios, sino por un ecosistema de presión constante donde confluyen titulares diarios, filtraciones interesadas, procesos judiciales convertidos en espectáculo político y campañas de desgaste que generan en muchos ciudadanos la sensación de que ya no se combate únicamente a un gobierno, sino a la propia legitimidad de una mayoría parlamentaria plural.

España arrastra además heridas históricas jamás completamente resueltas. La Transición fue, sin duda, un éxito histórico en muchos aspectos, pero también dejó zonas de continuidad institucional que décadas después siguen provocando debate. Manuel Fraga Iribarne, ministro franquista y fundador de Alianza Popular, representó para muchos esa conexión entre estructuras del franquismo y parte de la arquitectura política posterior. La famosa idea de dejarlo “atado y bien atado” continúa siendo utilizada por quienes consideran que determinados poderes nunca fueron realmente democratizados en profundidad.

De esos polvos… el lodazal de las frases de Aznar: “el que pueda hacer, que haga”.

Ese malestar se alimenta con episodios que erosionaron profundamente la confianza pública: el Accidente del Yak-42 y la gestión de los cadáveres de militares españoles; la corrupción estructural vinculada al Partido Popular en el Caso Gürtel; la existencia acreditada judicialmente de una contabilidad paralela; las sospechas sobre operaciones parapoliciales (caso kitchen de la policía patriótica); y el caso Montoro el más llamativo como único en democracia, con el diseño de leyes «ad hoc» (a medida) para beneficiar a empresas privadas a cambio de comisiones; o la

sensación de impunidad alrededor de determinadas élites políticas y económicas.

Para una parte importante de la ciudadanía progresista, todo ello no son hechos aislados, sino piezas de un mismo entramado histórico donde determinadas estructuras de poder —económicas, mediáticas, judiciales y políticas— habrían mantenido una enorme capacidad de influencia más allá de los resultados electorales.

En ese contexto, el Gobierno de Sánchez aparece para muchos como algo más que un ejecutivo de izquierdas. Representa un intento de alterar ciertos equilibrios tradicionales del poder español: la   apertura   hacia   una   España   más   plurinacional, la normalización del diálogo territorial, la ampliación de derechos sociales, y una política internacional menos subordinada a determinadas inercias geopolíticas.

Precisamente por eso, cada movimiento del Ejecutivo desencadena reacciones extraordinariamente intensas. Desde sectores conservadores se acusa al Gobierno de erosionar el Estado de derecho; desde sectores progresistas se interpreta que existe una ofensiva permanente para deslegitimar cualquier alternativa política que cuestione privilegios históricos o estructuras profundamente arraigadas.

A ello se suma un clima internacional especialmente complejo. La posición española respecto a conflictos internacionales, las tensiones dentro de la Unión Europea, las relaciones con Israel o Estados Unidos y el debate sobre soberanía política y económica generan interpretaciones y sospechas sobre influencias externas en la construcción de determinados relatos políticos y mediáticos. Sin embargo, convertir esas sospechas en afirmaciones absolutas o conspirativas exigiría pruebas concluyentes que no forman parte del conocimiento público acreditado.

Lo que sí parece evidente es que España vive una crisis profunda de confianza institucional. Muchos ciudadanos sienten que la separación de poderes imaginada por Montesquieu se ha debilitado bajo dinámicas de polarización extrema, dependencia partidista y presión mediática permanente. Otros creen, por el contrario, que el Gobierno intenta erosionar precisamente esos contrapesos institucionales para protegerse políticamente.

Y quizá ahí reside el verdadero drama democrático de nuestro tiempo: cada bloque ha dejado de confiar en la neutralidad de las instituciones y ha comenzado a verlas como trincheras ocupadas por el adversario.

Aun así, para quienes apoyan al actual Gobierno, la figura de Pedro Sánchez representa resistencia política frente a poderes que se consideran históricamente acostumbrados a condicionar los límites reales del cambio democrático en España. No necesariamente porque crean que el Ejecutivo es perfecto o esté libre de errores, sino porque interpretan que detrás del nivel de hostilidad permanente existe algo más profundo que una simple alternancia parlamentaria.

La gran cuestión que queda abierta para el futuro de España es si la democracia será capaz de reconstruir espacios mínimos de confianza compartida o si continuará avanzando hacia un escenario donde cada institución, cada juez, cada periodista y cada decisión pública sean interpretados únicamente como piezas de una guerra total entre bloques irreconciliables.