Los socialistas denuncian falta de transparencia en un procedimiento de más de 200 millones y advierten de posibles irregularidades
El conflicto político en el municipio onubense de Almonte suma un nuevo capítulo. El PSOE ha anunciado que no descarta acudir a la Fiscalía si no se aclaran las dudas que, a su juicio, rodean el proceso de adjudicación del contrato del agua, valorado en más de 200 millones de euros. Una operación de gran calado económico que, según los socialistas, presenta serias sombras en cuanto a transparencia y legalidad.
La advertencia llega tras la aparición de informaciones que apuntan a posibles irregularidades en el procedimiento, entre ellas la elaboración de informes técnicos “a la carta” para justificar la adjudicación.
Un contrato bajo sospecha
El candidato socialista al Parlamento andaluz por Huelva, Mario Jiménez, ha mostrado públicamente su preocupación por un proceso que considera “cuestionado” desde el punto de vista legal. Según ha señalado, la repercusión mediática del caso responde a la gravedad de las dudas existentes sobre el cumplimiento de la normativa vigente.
En la misma línea se ha pronunciado el concejal socialista en el Ayuntamiento de Almonte, Miguel Espina, quien ha insistido en que su grupo lleva años denunciando una gestión caracterizada por la opacidad. Para el edil, este contrato es solo el último episodio de una forma de gobernar que, según afirma, limita el control democrático y dificulta el acceso a la información pública.
Informes cuestionados y posibles irregularidades
Uno de los puntos más controvertidos del proceso es la supuesta utilización de informes técnicos cuya independencia ha sido puesta en duda. El PSOE apunta a la posible intervención de un asesor externo cuya designación no estaría suficientemente justificada, así como a la existencia de un segundo informe técnico cuya elaboración genera interrogantes.
Según los socialistas, incluso un experto contratado por el propio Ayuntamiento habría cuestionado la validez del procedimiento, lo que, de confirmarse, podría suponer un incumplimiento de los principios básicos de contratación pública.
Estas circunstancias, advierten, deberían haber llevado a la paralización del proceso. Sin embargo, denuncian que el expediente ha seguido adelante sin que se hayan aclarado las dudas existentes.
Falta de acceso a la información
Otro de los elementos que agravan la polémica es la dificultad que, según el PSOE, ha tenido la oposición para acceder a la documentación completa del expediente. Desde el grupo socialista aseguran haber solicitado en reiteradas ocasiones información que no les ha sido facilitada, lo que, a su juicio, impide ejercer con normalidad la labor de fiscalización del gobierno local.
“No se nos facilita la documentación pese a haberla pedido en numerosas ocasiones”, han denunciado, subrayando que esta situación refuerza las sospechas sobre el procedimiento.
Advertencia: vía judicial si no hay explicaciones
Ante este escenario, el PSOE ha anunciado que continuará recopilando información y no descarta dar un paso más. La posibilidad de acudir a la Fiscalía se plantea como una medida para depurar responsabilidades y garantizar la correcta gestión de los recursos públicos.
“Vamos a llegar hasta el final”, han asegurado los socialistas, dejando claro que no darán por cerrado el asunto hasta que se esclarezcan todas las dudas.
Un pulso político con implicaciones mayores
Más allá del caso concreto, este conflicto se enmarca en un contexto político más amplio en Andalucía, donde la gestión de los servicios públicos y la transparencia en la contratación se han convertido en ejes centrales del debate político.
El contrato del agua de Almonte, por su volumen económico y su impacto en un servicio esencial, se sitúa ahora en el centro de ese debate. La posible intervención de la Fiscalía podría elevar el conflicto a un nuevo nivel, con consecuencias tanto políticas como jurídicas.
La controversia en torno al contrato del agua de Almonte vuelve a poner sobre la mesa una cuestión recurrente en la política local: la necesidad de garantizar procesos transparentes cuando se gestionan servicios públicos esenciales. En un escenario marcado por la desconfianza, la exigencia de explicaciones no es solo una estrategia política, sino una obligación democrática.
