Una mano de póker (mà de pòquer) es hoy la cuestión catalana. Mano de cinco cartas, que repartidas nos deja sobre el tapete: amnistia, independència, condonació, finançament y Salvador Illa.
Sea por la tramitación de la ley de amnistía y sobre su presunta inconstitucionalidad, por las (supuestas) conversaciones respecto de un hipotético referéndum independentista, por la iniciativa de la (pendiente) condonación de la deuda acumulada por las CCAA del régimen común, por la revisión y -en su caso- reforma del modelo de financiación autonómica, y el resultado electoral en la elecciones anticipadas del 12 de mayo (12M), parece como si la agenda política diaria y mensual se escribiera en catalán.
Las dos primeras tienen unas connotaciones políticas, desde el punto de vista identitario y emocional, que comprometen un análisis imparcial y racional por quienes no somos intérpretes constitucionales. Ni nosotros, ni los medios de comunicación a través de sus editoriales, ni los partidos políticos, ni los letrados de las Cámaras, ni los colegios profesionales de la abogacía, ni de las asociaciones profesionales de la judicatura, ni de las altas instituciones judiciales, que se pronuncian día sí y día también. Dejemos que lo haga quién sí lo es, el Tribunal Constitucional (TC).
Y mientras lo hace, ya que todos los demás no pierden ocasión, hoy les diré mi opinión sobre cada una de ellas.
Sobre la amnistía, es que sí es posible la tramitación de un proyecto de ley al amparo de los antecedentes de distintas sentencias del TC, que les resumiría en lo expresamente recogido la STC 147/1986, de 25 de noviembre, en el último párrafo del fundamento jurídico 2, que literalmente dice “No se trata, pues, de una nueva amnistía, (…), el problema está en determinar si el legislador, que podía precisar ese régimen jurídico, pues no hay restricción constitucional directa sobre esta materia, no ha vulnerado con el contenido de la referida ley otras previsiones constitucionales”. Con esta dicción literal entiendo que queda despejada toda duda sobre la procedencia de su tramitación.
Pero dicha tramitación tiene límites para el legislativo. Uno, que sea mediante ley y, dos, la exigencia de generalidad sin tratamiento desigual para quienes se beneficien de ella. La tramitación por ley ya se tiene por cumplida. Respecto de las exigencias de generalidad e igualdad es donde creo que descansará mayormente el análisis de su constitucionalidad, toda vez que la primera requiere el necesario alejamiento de la proyección de sus beneficios sobre personas concretas (que no pueda decirse que es una ley “ad personam”), y la segunda que no haya lugar a tratos distintos sobre los mismos hechos. Estaremos pendientes de su tramitación y del pronunciamiento del TC al respecto, pero no es menos cierto que los últimos “regates” de los negociadores tratando de tapar hasta el último resquicio de vulnerabilidad judicial del presidente huido podrían proyectar algunas dudas al respecto.
Ahora sobre las conversaciones para arrancar una eventual negociación política para autorizar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, creo sencillamente que las conversaciones pueden darse siempre que haya un actor dispuesto a hablar y otro a escuchar. Pero de ahí a querer trasladar a la opinión pública que se está negociando (dar o ceder a cambio de algo) hay un salto demasiado grande. Porque para que dicha negociación pudiese culminar en algo tangible se exigirían dos requisitos imposibles: uno, porque la eventual convocatoria del referéndum (entiendo que consultivo), por ser una decisión de especial trascendencia política debe ser sometida al resultado de toda la ciudadanía, no solo la catalana (art. 92 CE) y dos, ya que al ser una cuestión que comprometería la indisoluble unidad española y se pretendiera una eventual modificación constitucional sería precisa una mayoría de 2/3 de ambas Cámaras para su aprobación. Sin los votos del PP y del PSOE es imposible y, por tanto, no hay caso. Y todos los actores lo saben.
Pero es que, además, hace unos días el Gobierno de la nación ha recurrido ante el TC el acuerdo de la Mesa del Parlament por la que se tramitó la reciente iniciativa legislativa popular (ILP) de independencia de Cataluña. Insisto, la simple admisión a trámite por aquella mesa. Entonces ¿qué temores hay?
En mi opinión, esta cuestión solo responde a la pugna de los lógicos intereses electorales de las dos marcas independentistas Junts y ERC, que se juegan mucho de cara a los próximos comicios en agenda; entre ellos y frente a las motivadoras expectativas de un PSC al alza. No nos equivoquemos, ni hay ni habrá más.
A continuación sobre la pendiente condonación de la deuda autonómica, que tantos aspavientos de desagravio despertó y que fueron radicalmente respondidos por el gobierno en el sentido de su plena aplicabilidad a todas las CCAA del régimen común que así suscribieran los correspondientes acuerdos, en unos términos aún pendientes de conocer pero que hacen visible desde ya la incomodidad en el principal partido de la oposición, pues a ver cómo explican sus barones en los territorios donde gobiernan que no aceptan ese “regalo” para su ciudadanía, obedeciendo órdenes de Madrid. ¿Será por eso, que no quieren hablar de ello y rápidamente tuercen el discurso hacía la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica?
¡Más madera!
Pues sí, el cuarto de los asuntos podemos sintetizarlo en la propuesta del President de un cupo catalán similar al del concierto vasco derivado de los derechos históricos de los territorios forales vascos y navarro. Imposible, ya que exigiría una modificación de la CE, pues su disposición adicional primera ampara solo el régimen foral. Para las CCAA del régimen común se dispone la corresponsabilidad fiscal, consistente en que partiendo de un nivel base para las CCAA de financiación equivalente de los servicios públicos fundamentales los aumentos añadidos de los gastos de cada una deben ser atendidos por aumentos añadidos de sus impuestos o de sus competencias recaudatorias delegadas. No vale el modelo Juanma (copiado de Ayuso) de reducir sus impuestos y pedirlo a la nación a cambio. Eso es trampa, pues la CCAA tienen autonomía financiera establecida por la CE.
Otro recorrido puede que tenga la reciente propuesta de los empresarios catalanes, una veintena de instituciones, que reclaman una reforma entre un modelo más federal y un pacto fiscal. Y digo más recorrido por dos razones: porque nos guste o no el actual sistema está pendiente de revisión por mandato legal desde 2015, algo que no quiso abordar el siempre perezoso gobierno de Rajoy, y ya que -de reclamarse aquella federalización- no debería haber demasiados problemas para el acuerdo ya que la opinión de muy reputados hacendistas es que nuestro país ya se encuentra entre los países europeos más descentralizados en materia fiscal. Creo que hay margen razonable para el acuerdo.
Respecto de estos dos asuntos de corte eminentemente financiero supongo que a nadie extrañara que concite, y siempre ha concitado, un interés singular en las fuerzas políticas catalanas que, desde el período constituyente, siempre tuvieron un papel destacado en las negociaciones de cuanto tiene que ver con la estructura territorial del Estado y del modelo de financiación que le es propio. Quien tenga más curiosidad al respecto puede ojear las actas de la ponencia constitucional, de las sesiones celebradas entre el 1 de agosto de 1977 y el 10 de abril de 1978, que culminó con el borrador del proyecto de CE y observar el papel jugado por la (entonces) Minoría Catalana. ¡Si entonces lo tuvo, no lo va a tener ahora! Entonces y ahora, política en el sentido amplio de la palabra.
Finalmente, las elecciones del 12M con las magníficas expectativas electorales del PSC, con Salvador Illa a la cabeza, que podría contar con el apoyo de uno de cada tres catalanes, y una destacada caída de los tres partidos independentistas. Creo que si devienen esos resultados será atribuible a muchos factores, pero entre ellos estará sin duda el inteligente papel jugado por PSOE-PSC en el irrespirable ambiente creado ya desde antes de 2017. Por eso me temo que en las próximas semanas el PP y los independentistas tratarán de desgastar al candidato socialista, quizás con su papel como ministro al frente de la sanidad nacional. ¿Solo lo pienso yo?
Como habrán comprobado cuesta apreciar aquellas supuestas razones de “la España que se rompe” en jirones, más bien la fortaleza de las costuras de nuestra CE que garantiza que aquellas cuestiones se diriman en su seno, sin dramatismo y sin necesidad de alharacas o exabruptos. Simplemente es política, como lo fue en el tiempo constituyente; es momento para la palabra, a la que tanta fuerza le otorga Federico Mayor Zaragoza.
Vista la mano de cartas servida parece que los independentistas no deben esperar más allá de una pareja y -si reconducen sus demandas del sistema de financiación- quizás un trio, no más. Los socialistas creo que tienen motivos para ganar claramente la partida, sin faroles. Los populares ni están ni se les espera.
En este tiempo asistiremos a puestas en escena que nos recuerdan el farol en unos, los independentistas, cuando se saben con no muy buenas cartas, o el juego lento y pausado en otros, los socialistas, que estando en posesión de buenas cartas tratan de no aparentarlo. Y en ello tendrán mucho que ver las virtudes de todo buen jugador: dedicación, inteligencia, capacidad analítica, tranquilidad, paciencia, modestia, concentración, observación, empatía, optimismo y mente de deportista.
Luis Miguel Jiménez Gómez
Economista
