Puede resultar un poco atrevido por mi parte tratar de sintetizar en unos pocos párrafos los datos que nos aporta el extenso informe JA 01/2023 de la Cámara de Cuentas de Andalucía relativo a la Fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía correspondiente al ejercicio de 2022, aún pendiente de publicación en el BOJA. No obstante, considero obligado dejar constancia en esta columna del relato de gestión que se obtiene de su lectura, para hacer comprensible a nuestros lectores la profusión de datos, el minucioso análisis de las cuentas rendidas por la administración autonómica y las conclusiones que en el mismo se contienen.
Y créanme, no es difícil entresacar y ofrecerle los resultados de una gestión verdaderamente mejorable, que lo es. ¿Pero solo es eso?, o ¿son los datos e indicadores de la ideología en la que se sustenta la política del actual presidente de la Junta de Andalucía?
Debo decir de antemano que la Cámara de Cuentas de Andalucía es el órgano encargado del control externo y de la fiscalización de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía y del resto del sector público, que depende del Parlamento de Andalucía.
El presupuesto con el que arrancó dicho ejercicio de 2022 fue de prórroga del presupuesto de 2021, en virtud de las condiciones específicas establecidas en el Decreto 268/2021, de 28 de diciembre.
Pues bien, la previsión definitiva del presupuesto para ese año fue de 45.786,43 millones de euros (M€) para el total consolidado de la Junta de Andalucía, incluidas sus entidades instrumentales y consorcios, con unos gastos finalmente reconocidos mediante sus correspondientes obligaciones netas de 41.365,67 M€ y unos ingresos por derechos reconocidos netos de 41.947,27 M€, lo que arroja un resultado presupuestario de un superávit de 581,60 M€ (+ 1,41% sobre gastos).
Pero el nivel de gasto medido en términos de PIB se reduce en 2022 en relación con 2021, pasando de un 23,53€ a un 21,79%.
Tal nivel de gasto supone por habitante en 2022 la cantidad de 4.866,44 euros, frente a los 4.741,92 de 2021, esto es un + 2,64% de incremento, cuando el IPC en Andalucía creció un 6,2%. En consecuencia, medido en términos reales podemos decir que el gasto por habitante disminuyó en -3,5 puntos porcentuales respecto de 2021.
Y la inversión por habitante disminuyó en un -22,04%, pasando de 304 euros en 2021 a 237 euros en 2022.
Ya he dicho que los gastos realizados en 2022 ascendieron a 41.365,67 M€. De ellos, un 14% corresponden a gastos de personal (14.079,55 M€) y un 4,87% a inversiones y otras operaciones de capital (2.013,94 M€). Desde otro punto de vista, la Sanidad se lleva 12.753,28 M€, con un incremento de solo un 1,14% respecto de 2021 y la Educación 8.495,07 M€, que crece un 5,82% respecto del año precedente. Ninguno de ellos llega ni tan siquiera a compensar el incremento de los precios en 2022 en Andalucía, por lo que podemos decir que el gasto en Sanidad y Educación también han disminuido realmente.
Además, este ejercicio 2022 se ha visto afectado por la gestión de los fondos europeos de recuperación tras la crisis de la Covid-19. Destaca la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que aglutina el 89,80% de los fondos europeos Next Generation-EU y del que se han asignado a Andalucía 3.937,30 M€, con unos gastos por obligaciones reconocidas de solo 393,02 M€, lo que supone un escaso 10%. Como les decía al principio, una gestión manifiestamente mejorable.
En relación con los ingresos de 2022, hay que señalar que estos disminuyen en un -3,27% comparados con 2021, que ascendieron entonces a 43.366,61 M€, lo que supone 1.419,3 menos. Los ingresos por habitante son de 4.934,87 euros en 2022, frente a 5.118,57 en 2021.
Esos menores ingresos se concentran en la menor recaudación de los impuestos indirectos (-447 M€), de menores transferencias corrientes recibidas (-392 M€), fundamentalmente de las provenientes del Estado, y de menores pasivos financieros reconocidos (-765 M€), por una menor emisión de deuda pública. El indicador de ingresos por derechos reconocidos de naturaleza tributaria descendió en 2022 a un 9,27% sobre PIB, cuando en 2021 fue del 10,52%.
También hay que reseñar el apartado de la disminución de ingresos tributarios recaudados como consecuencia del aumento de los beneficios fiscales aprobados por el Gobierno Andaluz, respecto de los tributos propios y de la parte que le corresponde de los cedidos por el Estado. Destacan por la cuantía que se ha dejado de ingresar la correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la modalidad “mortis causa” y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD).
Respecto del impuesto sobre sucesiones, la Junta en sus cuentas había previsto dejar de ingresar para 2022 la cantidad de 771,70 M€, pero finalmente dejó de recaudar 1.558,64 M€, más del doble de lo previsto. Idéntico efecto de menor recaudación se produjo en el ITPyAJD, solo que de un alcance menor.
Para hacernos una idea de lo que suponen dichas bonificaciones fiscales puedo decirles que equivaldrían a un mes y medio del total de gastos del sistema sanitario público o de más de dos meses del educativo. Creo que es razón suficiente para estar muy pendientes del próximo informe de fiscalización que está realizando la Cámara específicamente sobre dichos beneficios fiscales, que actualmente se encuentra en fase de borrador y que esperamos vea la luz próximamente.
De lo expuesto hasta aquí me atrevería a decir que las conclusiones planteadas son el fiel reflejo de la ideología imperante desde que el PP gobierna la Junta de Andalucía. Y no es solo que en términos reales (descontado el IPC 2022 en Andalucía) el gasto público por habitante haya disminuido, también la inversión, o que el gasto en Sanidad o Educación no alcance el nivel del ejercicio precedente, con el consecuente deterioro de la atención pública en dichos sistemas.
Lo que debe saber la ciudadanía es que la Junta de Andalucía dispone de competencias para corregir dichos déficits, bien sea generando más recursos, si se repiensa las rebajas fiscales que está aplicando, bien siendo más eficiente y mejorando la gestión de las ingentes cantidades de fondos europeos a su disposición, como los del MRR, bien aumentando la deuda pública, o una combinación de todas ellos. Pues es cierto que Andalucía es de las que tiene un nivel menor de deuda medida en términos de PIB o por habitante y por tanto tiene margen para ello. Son decisiones políticas.
El deterioro de la sanidad y de la educación pública, de la dependencia, del reconocimiento de la discapacidad, medido en términos de listas de espera, castiga por igual a las personas con independencia de su nivel de renta o de su patrimonio, pero los beneficios fiscales del Impuesto sobre sucesiones benefician más a quienes más heredan, más cuanto mayor es el caudal hereditario declarado. Lo que no deja de ser una cuestión que debe ser tenida en cuenta en términos de desigualdad social, dado que muchas personas no pueden acceder a los servicios privados por su coste y otras circunstancias sociofamiliares, y de la absurda carrera hacia ningún sitio al que conduce el dumping fiscal emprendido entre comunidades autónomas.
Por eso cuando el gobierno andaluz nos ensalza su discurso con afirmaciones lacónicas de que el resultado de su gestión es excelente por el superávit presupuestario, o que Andalucía es una comunidad que gestiona mejor porque está mucho menos endeudada frente a otras, o que el 62% del presupuesto se destina a gasto social, no hacen más que tratar de distraernos la realidad hacia los mensajes que les interesan. Mensajes que esconden su ideología y nuestra obligación es indagar acerca del porqué, qué hay detrás de ellas, cuando el deterioro de los servicios públicos es una realidad lacerante.
Luis Miguel Jiménez Gómez
Economista